Galicia asume las sanciones del botellón y prohíbe anunciar alcohol a 200 metros de colegios

Una norma pionera, ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha puesto en valor que coloca a Galicia «en la vanguardia en la prevención de conductas adictivas en menores de edad y protección de su salud«, de la que ha desgranado los detalles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

En el caso de las bebidas energéticas, lo que incluye aquellas que superen los 32 mg por 100 mililitros, tendrán un trato equivalente al alcohol, lo que supone que no sólo no podrán venderse a menores de edad, como ya se había avanzado hace un par de semanas, sino que en los comercios -donde habrán de estar claramente diferenciadas de los refrescos y otras bebidas- se deberá exigir el DNI.

En centros sanitarios, docentes y recintos para espectáculos públicos o actividades deportivas que estén dirigidos a menores no podrán figurar las bebidas energéticas en máquinas expendedoras. También se prohibirá su publicidad en centros sanitarios y docentes, espacios recreativos y allí donde ya no se podía publicitar el alcohol; tampoco podrán patrocinar eventos dirigidos a menores.

Desde que se supo que Galicia se pondría firme con unas bebidas con alto contenido en cafeína y otras sustancias -que consumen el 40% de los menores, y la cifra va en ascenso-, numerosas autonomías anunciaron su intención de emprender el mismo camino. Pero el gobierno gallego no se va a quedar aquí. Hay más en la futura ley.

Un punto que promete levantar ampollas, dentro del apartado de las bebidas alcohólicas, es que la Xunta asumirá las competencias sancionadoras del botellón, que ya estaba prohibido desde 2010 con independencia de la edad de los participantes. Esa imposición de sanciones pasará de la administración local a las jefaturas territoriales de Sanidade, que podrán multar incluso a los ayuntamientos si hacen la vista gorda.

Todavía en el apartado del alcohol, hay otra corrección relevante a la ley de 2010: se prohíbe su publicidad en la vía pública en un área de 200 metros alrededor de centros educativos y de protección de menores.

En revistas, libros o folletos, su publicidad no podrá estar situada en la portada o contraportada y, en los folletos que contengan en su interior ofertas o promociones de bebidas alcohólicas en supermercados gallegos, el anuncio deberá incorporar un código QR que remita a una web de la Xunta con mensajes informativos para prevenir su consumo. Como excepción, estas limitaciones no serán aplicables a fiestas declaradas de interés turístico.

En cuanto a los vapeadores, se equiparan a todos los efectos al tabaco en cuanto a prohibiciones de uso y publicidad. Pero éstas se refuerzan con respecto a la normativa estatal: se añaden 50 metros a cada lado allí donde ya no se podía fumar (centros administrativos, sanitarios y docentes), y se especifica su veto en marquesinas y paradas de transporte público y en piscinas públicas.

Asimismo, se prohíbe expresamente la venta a menores de cualquier producto con componentes del cannabis, que tampoco podrá figurar en máquinas expendedoras. Los menores no podrán entrar en lugares y establecimientos vinculados a su fabricación, distribución, venta o consumo. Se prohíbe toda publicidad de la planta y derivados en medios donde puedan tener acceso. Y hasta se impide regalar a menores merchandising que utilice como imagen el cannabis.

En lo referido a los teléfonos móviles, cuyo uso, por ley, está prohibido en centros docentes hasta el Bachillerato, «no se descarta reforzar esta normativa» para «insistir en los riesgos» que conlleva su uso en la fase que se abre de alegaciones. Se haría para «avanzar» en un ámbito en el que cada vez hacen más hincapié los expertos.

En cuanto a los videojuegos, los comercios habrán de señalizar y separar de forma clara los productos a la venta en función de la edad recomendada para cada uno.

En todo caso, ha dicho el conselleiro, esta ley «busca prevenir más que castigar». De hecho, las cuantías de las sanciones económicas no aumentan, sólo se regulan en el caso de las novedades (bebidas energéticas, vapeadores). Por ejemplo, quien fume donde no está permitido se expone a tener que pagar hasta 601,01 euros (en su grado mínimo). Personas o establecimientos que permitan consumos prohibidos por la ley se exponen a ser sancionados con la suspensión de subvenciones públicas de ayuntamientos o de la Administración autonómica

Además, como novedad, se podrán conmutar las sanciones, aunque el afectado no lo solicite, por su inclusión en programas preventivos (cursos para dejar de fumar o eliminar el hábito de consumir alcohol en botellones) o realizando trabajos en favor de la comunidad.

La ley -cuyo contenido fue tratado con los sectores de la hostelería y ocio nocturna, bebidas alcohólicas o supermercados de nivel nacional en más de una docena de reuniones- se plantea como objetivo, además, «concienciar» a la sociedad sobre los daños que conllevan ciertas conductas, algunas asumidas como normales (véase las bebidas energéticas), apartando al máximo posible del alcance de los menores determinadas sustancias, y reduciendo la «tolerancia social». Para, así, poner en el «centro del debate público la importancia de una vida saludable».