Galicia deflactará el IRPF hasta los 35.000 euros con efectos retroactivos a los ingresos de 2022

Tras adelantar el pasado viernes que la bonificación al impuesto sobre el Patrimonio pasará del 25% al 50%, Rueda ha asegurado que esta decisión sobre el IRPF, que conlleva un ajuste del 4,1%, repercutirá «especialmente» en las rentas medias y bajas, y permitirá que los gallegos experimenten un ahorro, «ya en la declaración que hagan a partir del próximo mes de abril», de más de 46 millones en total en la Comunidad. «Ellos lo ganaron y ellos lo merecen». En mayo, en su discurso de investidura como nuevo presidente de Galicia, ya anunció una rebaja del 9,4% al 9% del IRPF a las rentas más bajas.

La comparecencia del presidente de la Xunta, que abre el pleno de esta semana en O Hórreo, para exponer las líneas maestras y ejes de los Orzamentos de 2023, se produce a petición propia, en una decisión inédita, entre la aprobación del techo de gasto y el debate de los presupuestos, una vez entren en la Cámara el próximo 20 de octubre. Una frase puede resumir el espíritu que impregna las cuentas del 23 y la gestión que llevará aparejada: «La dos cosas son posibles: menos impuestos y más bienestar (...). Lo vamos a hacer: rebajar impuestos y subir la calidad de los servicios» públicos.

Rueda ha cifrado en 450 euros, de media, la cantidad que se ahorra cada gallego con respecto a 2009, cuando el PP accedió al gobierno de la Xunta. Y ha dado más cifras. En 2023, un gallego con una renta de 23.500 euros pagará 177 euros menos que un asturiano, y 315 menos que un catalán. Ha reivindicado que el principio «irrenunciable» es que el «fruto del trabajo» de los gallegos les pertenece a ellos; mientras se salvaguarden los servicios públicos, la Xunta nunca pedirá a economías domésticas, autónomos y empresas que aporten «más de lo que sea necesario».

Galicia, ha asegurado, «seguirá construyendo una política fiscal sensata, progresiva y sostenible, sin dogmatismos y sin improvisaciones». Bajar impuestos cuando suben los precios debería ser la «regla» y no la «excepción», ha incidido, como vienen haciendo múltiples gobiernos europeos. «Es lo normal, lo que conviene hacer en un contexto de inflación», ha subrayado para preguntarse si «alguien comprende» que el Gobierno recaude 22.000 millones extra mientras familias, autónomos y empresas hacen «malabares» para llegar a fin de mes, y habla de «crear nuevos impuestos y tributos». «Esto solo pasa en el Gobierno central. No pasa en Europa y, desde luego, no va a pasar en Galicia».

Rueda ha arrancado su intervención prometiendo que los gallegos no estarán «solos» en un escenario con tantas «incertidumbres» que «es complicado conservar el optimismo». Pero ha garantizado que la Xunta seguirá trabajando desde «la responsabilidad, la estabilidad y la unidad», en definitiva, con «sentidiño», para que nadie quede a la «intemperie».

Lo harán con unos orzamentos que nacen con un techo de gasto récord, 12.600 millones de euros, un 8,2% más que en 2022, unos 900 millones más, si bien con un asterisco: un 40% de esa cantidad ha de reservarse para subidas salariales de funcionarios, y alza de costes energéticos y financieros. Los presupuestos, ha prometido, serán «realistas y adaptados a los retos y dificultades» de la situación actual, bajo la habitual pátina de «prudencia».

La prioridad pasará por hacer «progresar» a Galicia y «proteger» a las personas, de ahí que las áreas donde más crecerá la inversión son economía, industria, promoción de empleo y políticas sociales. Más allá del apartado fiscal, la comparecencia del titular de la Xunta ha dejado otros anuncios. En el caso de la vivienda, ha avanzado un incremento en las ayudas para el acceso de los más jóvenes: hasta los 35 años, para comprar primera vivienda, tendrán un aval del gobierno gallego del 20%, hasta un máximo de 35.000 euros por joven. Los fondos para impulsar el retorno de emigrados pasarán de 5 a 13 millones de euros.

En sanidad, el gasto público se incrementará en más de 215 millones de euros, además del coste de personal, para mejorar la atención en primaria y ámbito hospitalario; aumentará en 91 millones la asignación del plan para la renovación de hospitales; y 65 millones para formar médicos y enfermeras, incrementando un 10% la relativa a medicina familiar y comunitaria.

Pensando en los mayores, la Xunta dedicará 50 millones adicionales a que «vivan donde vivan, puedan hacerlo de acuerdo a sus preferencias y necesidades». Incluye una inversión de 21,5 millones para crear, ampliar o mejorar los centros de servicios sociales y un nuevo incremento para al Servizo de Axuda no Fogar, la puesta en marcha del primer centro de cuidados intermedios y una nueva estrategia de teleasistencia.

En el ámbito energético, se duplicarán los fondos para ahorro y eficiencia, de 40 a 80 millones; se duplicarán los fondos para que las personas más vulnerables, 66.000 hogares, puedan pagar las facturas de calefacción y agua caliente, punto en el que ha asegurado que «las compañías eléctricas en ningún caso podrán quitar el suministro» y «ninguna familia gallega quedará sin luz por no tener cómo pagar».

Para los autónomos, su «blindaje» pasará de 36 a 70 millones de euros, para protegerles ante el encarecimiento de las facturas, con ayudas, de media, de 1.200 euros al año, mientras que las líneas de financiación para proyectos empresariales llegarán a 140 millones, con el objetivo de movilizar 400 millones.

Tras avanzarse el lunes que se congelarán los peajes de las autopistas autonómicas en 2023, Rueda ha indicado que remitirá una carta a Pedro Sánchez «instando» a que haga lo propio con las vías que dependen de la Administración central.

En el plano de la vertebración territorial, ha anunciado que los contratos de más de 600 efectivos de la lucha contra los incendios pasarán de 9 a 12 meses; habrá 1,3 millones para control de población de lobos; más de 18 millones para la «recuperación integral» del territorio que ardió este pasado verano, y 10 millones para incrementar reservas de agua en el rural y reducir las fugas por debajo del 20%.

Rueda ha reservado una parte de su discurso a la relación con el Gobierno central, al que ha instado a deponer su postura de «pasividad» y aportar soluciones en tres ámbitos, principalmente: falta de plazas en sanidad, habilitación de los fondos Next Generation y el veto de Bruselas a la pesca de fondo. Sobre este último punto, ha explicado que Galicia remitirá al Ejecutivo una «batería» de argumentos técnicos y medioambientales» para reforzar la defensa del sector ante la Comisión Europea.

Como cierre a su intervención inicial, ha pedido a la oposición que arrime el hombro para no añadir «confusión», sino «disipar» las incertezas que ya existen. Y ha rubricado que la Xunta, en 2023, apostará por una gestión «próxima, realista y con sensibilidad social».

En total, la comparecencia de Rueda ha rozado las dos horas y media de duración, incluyendo las intervenciones de los tres grupos parlamentarios y las réplicas del presidente. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que dicha rebaja constituye un «pelotazo fiscal» para las 7.700 personas más ricas de Galicia; según Pontón, aquellos para quienes gobierna el PP. Como Álvarez, cree que con el montante que se dejará de recaudar, que cifra en 34 millones, se podría contratar médicos y docentes; en su caso, los ha cifrado en 700 y 900, respectivamente. O apostar por medida sociales, como recuperar la Tarxeta Básica. «Usted es un presidente de paja, hace lo que le ordenan desde Madrid, está actuando como un recadero de la calle Génova, poniendo los intereses del PP por delante de los intereses de Galicia, ni sus diputados creen que esta decisión la tomara usted», ha disparado. Y sobre el principal anuncio hecho por Rueda este martes, ha terciado que una «deflactación es simplemente una corrección», no una rebaja fiscal.

Rueda ha ironizado con que a la izquierda gallega le gusta «poco» que se bajen impuestos, hasta el punto de que se ponen «nerviosos», y ha rebatido a Pontón, sobre la deflactación: «Es una rebaja fiscal como la copa de un pino». El presidente de la Xunta se ha mostrado convencido de que la sociedad espera que se bajen impuestos y se mantengan los servicios públicos, especialmente los «más esenciales». «Creo que es posible y lo vamos a hacer», ha insistido, en más de una ocasión, en esta idea.

En cuanto a las acusaciones de que acata las órdenes que dicta Alberto Núñez Feijóo desde la sede nacional del PP, ha negado la mayor: «Aquí tenemos nuestra propia senda, me da igual lo que diga Madrid, lo que me importa es Galicia». A la oposición la ha instado a que «dejen de pensar en las elecciones» y el «cálculo corto», porque «la gente es mucho más lista» y quieren respaldo desde la Xunta, así como un «optimismo tranquilo», razonable, soluciones y «sentidiño».

El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, ha destacado el «ejercicio de transparencia» del mandatario, y ha respondido a Pontón que «somos amigos de todos los gallegos», pues a todos se les bajan los impuestos, no solo a los más pudientes. También ha ironizado con que la líder del Bloque está «a favor de los médicos low cost», visto el volumen de facultativos que considera que se pueden contratar con 34 millones, pues no cobrarían más de 30.000 euros, descontando IRPF y Seguridad Social.

En su cierre, Rueda ha defendido que «acertamos bajando impuestos», y nuevamente ha defendido que es posible esta política fiscal al tiempo que se mantienen e incluso mejoran los servicios públicos. Finalmente, ha reconocido que no tiene respuestas para todo ni soluciones fáciles y rápidas para los problemas, pero, tras reivindicar previamente que en San Caetano saben qué «rumbo» quieren seguir, ha prometido «trabajar sobre una Galicia real», porque «este gobierno no juega al precio justo» con un Presupuesto del que, en cambio, la Xunta conoce cuáles son los recursos y aboga por emplearlos «inteligentemente», aprovechando un techo de gasto récord.