El sistema gallego de dependencia atiende ya a más de 90.000 personas

El mandatario gallego ha atribuido este adelanto, en buena medida, al plan de choque que su Administración puso en marcha el pasado 1 de enero para agilizar los trámites que permiten acceder a los servicios y prestaciones del ámbito de la dependencia. En concreto, más de 10.300 personas dependientes se beneficiaron desde entonces de la homologación automática de la discapacidad. Un mecanismo que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al entender que puede suponer una invasión de las competencias estatales.

«A día de hoy superamos ya los 90.000 dependientes atendidos», ha anunciado el presidente de la Xunta. «Era el objetivo que teníamos para cuando terminase el año 2025 y, a finales del mes de octubre, llegamos ya, con dos meses de antelación, a ese número», ha celebrado, «en gran parte, gracias al plan de choque que ahora corre el riesgo cierto de paralización tras el recurso presentado ante el Constitucional por el Gobierno central».

En palabras de Rueda, «la Xunta está cumpliendo», mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez «presenta este recurso para nosotros incomprensible que puede suponer la paralización del plan de choque que introdujo a más de 10.000 personas a mayores este año en el sistema de protección y que nos han llevado a cumplir el objetivo incluso dos meses antes de lo que estaba fijado».

El Consello ha aprobado la firma del convenio con el Estado por el que la Xunta recibirá 52 millones de euros para dependencia. A través de un comunicado, el Gobierno gallego ha explicado que este acuerdo económico entre la Consellería de Política Social e Igualdade y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es posible gracias a que Galicia cumple «con éxito» los objetivos recogidos en el convenio entre ambas administraciones, entre los que se encuentran la disminución de las listas de espera o la mejora en la calidad de los servicios.

Sin embargo, desde la Xunta consideran que se trata de una cifra insuficiente que redunda en la deuda millonaria que, según las cuentas de Rueda, la Administración central mantiene con la autonómica al incumplir año tras año la obligación de hacerse cargo de la mitad de la financiación en materia de dependencia.

«Estos 52 millones de euros ni mucho menos llegan al 50% que tiene que aportar» el Gobierno central, ha lamentado el mandatario gallego, que ha hecho balance y ha asegurado que si no se producen otros ingresos en los próximos días, «el desequilibrio acumulado a finales de 2026 sería de casi 3.000 millones de euros de las cantidades adeudadas de ese 50% que no se ingresa y que se va acumulando cada año». «Damos cuenta» de este ingreso, ha apuntado, pero «ni mucho menos llega al nivel de las cantidades que por ley tendría que aportar» el Ejecutivo de Sánchez, ha insistido el presidente autonómico.

Para el Gobierno gallego no se trata solo de un problema de cifras, sino de criterios de distribución de los fondos de dependencia que, defienden, habría que revisar, puesto que los actuales no tienen en cuenta, por ejemplo, la elevada tasa de envejecimiento que tiene Galicia o su dispersión geográfica. Aspectos que, explican, provocan un incremento de los gastos superior a la media. Por lo tanto, reiteran la necesidad de que se aborde el déficit estructural que, aseguran, presenta el modelo actual de financiamiento de la dependencia.

La atención en esta materia fue una de las prioridades que destacó el presidente de la Xunta en la presentación de los presupuestos para el año que viene, actualmente en tramitación en el Parlamento. Si no hay cambios durante su recorrido por la Cámara autonómica, la partida destinada a la consellería de Política Social e Igualdade en 2026 ascenderá a 1.391 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone el doble del crecimiento del conjunto de las cuentas. De esa cuantía global, 844 millones se destinarán a la atención y mejora de los servicios sociosanitarios con el objetivo de superar el año que viene las 100.000 personas dependientes atendidas.

Para lograr este objetivo, la Xunta sigue sumando nuevas infraestructuras a la red autonómica. Una de las últimas es el edificio que la Fundación Amancio Ortega le entregó la semana pasada en Ferrol, con una capacidad de 120 plazas. El Gobierno gallego ha iniciado este lunes los trámites para contratar a la entidad que la gestione, con la previsión de abrir sus puertas en abril.