Galicia alza la voz ante Sánchez por «sacrificar» el estado autonómico para ser investido
El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, advierte de que ni callará ni será un invitado de piedra, y reclama que se convoque la Conferencia de Presidentes ante el trato de favor a Cataluña
SANTIAGO
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Iniciar sesiónCon gesto adusto y un retraso de 50 minutos sobre la citación inicial (12.00), Alfonso Rueda irrumpió en el Salón Noble del Pazo de Raxoi, sede del gobierno gallego. En fila tras el atril dispuesto para su alocución, todos los miembros de su ejecutivo. ... Con la máxima talla institucional, Galicia alzó la voz frente a las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán a cambio de ser investido presidente del Gobierno.
El presidente de la Xunta proclamó que Galicia «ni va a estar callada ni va a ser una invitada de piedra» frente a los pactos de Sánchez, como el conocido el jueves con ERC. Y rechazó que el presidente en funciones convierta a España en una «nación asimétrica», a base de «sacrificar la igualdad entre los españoles» y proceder a la «sustitución del Estado de las Autonomías por un régimen de intereses ideológicos, partidistas y personales».
El «precio» de una investidura —que además de trastocar el ordenamiento jurídico, con la ley de amnistía para hacer tábula rasa con el 1-O, contempla un «trasvase de recursos» a unos territorios «en detrimento» de otros—, en ningún caso puede «valer» tanto y costar tanto a España, defendió en el marco de una declaración institucional «en defensa del equilibrio de la España autonómica», en cuya lectura invirtió casi 13 minutos.
«Cuando el equilibrio se rompe, no triunfa ninguna comunidad autónoma, lo que es cierto es que perdemos todas», enfatizó Rueda, quien reclamó que se convoque de forma «urgente» la Conferencia de Presidentes. Lo hizo arropado por el gobierno gallego en pleno, vicepresidentes y conselleiros. La convocatoria se remitió ayer mismo, a primera hora de la mañana, y provocó que el presidente de la Xunta anulara su presencia en un acto a las 9.45; y que tanto Ángeles Vázquez como cinco conselleiros modificasen su agenda. No todos los días una comunidad autónoma se planta ante un candidato a presidir el Gobierno. Tampoco todos los días éste pacta condonar 15.000 millones de deuda a una comunidad autónoma, amnistiar a golpistas, aceptar la figura de un mediador y allanar el camino a un referéndum.
Cada gallego, 400 euros
Rueda comenzó insistiendo, como ya hizo en el Senado, en que las negociaciones para investir a Sánchez afectan de lleno a Galicia, al poner en jaque el modelo territorial y el «bolsillo» de los gallegos. De forma «bilateral», censuró, se mercadea con los «principios que guiaron a la España autonómica»: lazos de fraternidad, credibilidad de las instituciones, imperio de la ley y el ordenamiento jurídico, distribución equitativa de los recursos.
A renglón seguido aterrizó sobre el pacto PSOE-ERC, del que afirmó que supondrá un «importante agravio para Galicia» y que conlleva el salto a un «modelo de Estado radicalmente distinto» al actual; basado en la «asimetría» entre territorios, con privilegios para unos en detrimento de otros. Mensajes que ya ha venido difundiendo el mandatario gallego desde que comenzaron a difundirse en verano los términos de las concesiones de Sánchez a los independentistas.
Esta vez, además, dio contexto a las novedades que dejó el jueves, como los 16.300 millones de euros que se le perdonan a Cataluña —15.300 de deuda y 1.300 de intereses—. Una cantidad, recordó que equivale a todo el Orzamento de la Xunta par aun año más un trimestre; quince meses de presupuesto para prestar todos los servicios públicos de los que gozan los gallegos. Borrado de un plumazo por Sánchez; disimulado con la «difusa e inconcreta voluntad de intentar compensar al resto» de autonomías. Galicia, por lo de pronto, sospecha que sufrirá un «nuevo agravio». Sería el premio irónico por haber sido responsables, justo lo contrario a la Generalitat.
A la que se permite, en realidad, «mutualizar» la deuda. «Hablemos claro», subrayó Rueda; lo que se hará es «repartir entre todos los españoles» esa deuda que es de una autonomía, de tal forma que los «excesos» de los políticos catalanes los tienen que asumir los demás. En el tramo más didáctico de su intervención, aseguró que esto «supondrá para cada gallego una carga adicional de más de 400 euros». Galicia, en conjunto, asumirá una «factura» de 1.200 millones que no ha generado, y que es el montante que conlleva sostener los servicios públicos de la Comunidad durante todo un año. «Galicia se va a ver especialmente castigada por una solución injusta y que supone un pésimo incentivo a los gestores públicos responsables».
Trato desigual
«Arreglos» de este tipo, incidió, lo que hacen es traer nuevamente a la «palestra» la «urgentísima necesidad» de «reformar ya el sistema de financiación autonómico». De manera multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no bilateralmente, «a puerta cerrada» para cerrar una investidura entre dos partidos políticos. Ahí, en el CPFF, Galicia defendería lo recogido en el Foro Santiago, Camino de Consenso, de noviembre de 2021, rubricado por ocho presidentes autonómicos, de distintos colores políticos; más vigente «que nunca». Y no sería el único gran espacio a convocar: Rueda reivindicó debatir entre todos «el futuro de la España autonómica y el equilibrio financiero» en la Conferencia de Presidentes.
Como ya hizo en la Cámara Alta, donde dejó a otros la cuestión más mediática pero con menos incidencia en el día a día de la amnistía, Rueda cargó ayer las tintas en el agravio comparativo que suponen las dádivas de Sánchez a Cataluña. En San Caetano se ve especialmente sangrante que se entreguen en bandeja las Cercanías mientras siguen sin llegar los trenes Avril, sigue congelada la conexión ferroviaria con Portugal, se aparca el Corredor Noroeste, la A-6 se encuentra en un estado de conservación «deplorable» y se niega la transferencia de la AP-9.
Una «desigualdad de trato» llamada a engordar, pues aún falta la factura del pacto con Junts, con el PNV. Y que, insistió en una idea que también ha reiterado estos meses, no se limita a los fondos para unos territorios y otros, sino que se extiende a lo jurídico, con el vivo contraste entre la «lasitud» para encajar la autonomía y la «férrea ortodoxia e inflexible contundencia para atacar» la legislación gallega.
Trato equitativo, una financiación justa; y, a cambio, lealtad sin sumisión, reclamó el presidente. «La voz de los gallegos se escuchará con toda claridad, con toda contundencia y con la autoridad moral que da la unidad y el respaldo (...) de la gran mayoría de la sociedad». «A partir de ahora, con más fuerza que nunca, defenderemos la dignidad de Galicia», cerró.
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