Frente unido por Penouta: «El daño ya es inmenso»

El director ejecutivo de la compañía, Jaime Pérez Branger, sostiene en conversación con ABC que constan «inspecciones periódicas en relación al agua, al polvo, a la calidad del aire y a los niveles de ruido, además de exámenes de flora y fauna» que se han desarrollado «sin ningún tipo de objeción o reparo» y acreditan que «la peligrosidad del ámbito ambiental no es un tema a considerar en la mina». Esto, tras año y medio de trámite y aprobación de un informe positivo de impacto ambiental «que, además, tuvo cabildos abiertos durante más de 30 días para que se hiciera presente cualquier objeción por parte del público, sin llegarse a presentar ninguna».

Sobre la demanda ecologista, que alega efectos adversos en el ecosistema de Pena Trevinca, protegido por su pertenencia a Red Natura, aclara que la mina, además de no vulnerarlo, se localiza «cerca» de ese marco geográfico, pero no «sobre» él. Y reivindica acciones como la reforesta de una mina que había sido abandonada en los años 80, uno de tantos trabajos de recuperación que la sentencia «vulnera también». Señala que la decisión judicial, «además, se fundamenta en el parámetro comparativo con otro proyecto que no solamente no tiene nada que ver con el nuestro, sino que no tenía los estudios de impacto ambientales, no estaba en producción y carecía de una masa de trabajadores afectados como la nuestra»; con lo que no ve posible que se pudiera «sopesar el daño» de forma acorde.

La mina es la única en todo el continente de la que pueden extraerse algunos metales raros, como el niobio o el tantalio, de interés estratégico para la Unión Europea por su uso para fabricar coltán —mineral clave en las industrias de la microelectrónica, las telecomunicaciones y en la aeroespacial— y producir superaleaciones necesarias de cara a la reconversión productiva que plantea la Agenda 2030, una «instructiva» con la que la explotación minera de Penouta «cumple precisamente». Fruto de ese afán fueron posándose más y más inversiones sobre el proyecto y la plantilla de trabajadores se vio incrementada. Por eso, en este punto, Pérez Branger alega que la decisión del TSXG «vulnera el derecho al trabajo de más de 130 familias directas, negocios y entidades de los pueblos circundantes», donde, incide, «no es que abunde la oferta de trabajo». Y, como se adelantaba, el directivo vincula a ese escenario una segunda dimensión: el riesgo generado a la hora de invertir, «la seguridad jurídica que estarían evaluando inversionistas nacionales y extranjeros en proyectos», algunos «más allá del plano económico».

El agravante de la incertidumbre, relata, se debe a que «la demanda fue contra la Xunta. Ni siquiera acusa a la compañía de haber incurrido en ningún tipo de infracción, mucho menos delito«, aclara, pero en su lugar pone »en entredicho« la consistencia a la hora de invertir en proyectos que avala el gobierno gallego. En este caso peligran »más de 45 millones de euros« invertidos en planes que ahora »no tienen una clara seguridad«, porque de la sentencia se desprende que »no es suficiente haber aprobado el examen y acreditar todos los requerimientos que impone la regulación vigente«. »Eso es lo increíble«, resume: que, tras haber »cumplido con los requisitos legales y ambientales, habiendo estado los cabildos abiertos a todo tipo de objeciones«, se apruebe un proyecto y se firme »una inversión« para que después lo tumbe una sentencia que «cuestiona la capacidad de los técnicos de la Xunta para evaluar los permisos y la subroga al Poder Judicial«. »Si bien es cierto que [las medidas] son cautelares, el daño que se hace al paralizar el proyecto ya es inmenso«, insiste.

Desde que la decisión del tribunal se divulgó, los alcaldes de Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso; asociaciones sectoriales como Arigal; colegios profesionales como los de ingenieros de minas y geólogos; la Cámara Minera; y grupos de sindicatos y trabajadores han conformado un frente común que se posiciona en contra de la decisión del TSXG. De hecho, los empleados de Strategic Minerals han salido a las calles el pasado martes para concentrarse en una marcha que reunió a más de medio millar de personas y contó con respaldo vecinal y político del contorno.

El parón, cuenta el CEO de la compañía, los deja «muy preocupados» porque el daño, «tremendo», sigue produciéndose en la medida en que el recurso se demore —y, por descontado, si la decisión se ratifica—. Ahora, les toca esperar la resolución y luchar por «el apoyo» hacia un proyecto que, reitera, «a todas luces tenía sentido y cumplía estrictamente con todos los parámetros».

De la reunión que han mantenido el jueves los delegados de la empresa con la titular de Economía, María Jesús Lorenzana, explica que el apoyo manifestado desde su departamento «es total», como lo fue «desde un principio»; algo que la propia conselleira ha confirmado públicamente. «De nuevo, aquí lo que se está cuestionando es la calidad de los informes que sus técnicos elaboran y su capacidad para aprobar estudios de impacto ambiental sin ningún tipo de motivación», dice el CEO; motivación que no aprecia el TSXG. Ahora, el deseo del frente unido por Penouta es que, con todos los argumentos presentados, se dé marcha atrás. «Que se reconsidere [la sentencia] una vez se vea el daño potencial y que se está vulnerando de manera permanente y definitiva el derecho de los trabajadores a un trabajo digno que, además, venían haciendo muy bien», remacha Pérez Branger.