La fiscal se opone al indulto del principal condenado por el 'caso cuñada' de Vigo

En un escrito del 21 de julio, la fiscal Susana García-Baquero defiende su rechazo a la medida de gracia por considerar que «no concurren razones legales para su concesión», al ser la pena impuesta «ajustada a la gravedad de los hechos y a la alarma social derivada de comportamientos delictivos por parte de un funcionario para beneficiar, fuera de todo cauce legal, a familiares próximos a personas que ostentan cargo público». Incide además en que «la conducta sentenciada es además especialmente grave por cuanto favoreció un enriquecimiento ilícito» de Falque, «que recibió del erario público cantidades de dinero por un trabajo que no realizó», un montante que ascendió a 108.000 euros y que la beneficiaria no reintegró al Concello. «No se observa ningún tipo de arrepentimiento, puesto que reiteró su conducta año tras año en una sucesión de contratos con fraccionamiento del pago para aparentar una legalidad que no existía». La sentencia —ratificada por el Tribunal Supremo— acredita la existencia de una red de facturas falsas para amparar los pagos a la cuñada de Silva.

Tampoco aprecia el Ministerio Público que hubiera colaboración de Orúe, dado que durante la instrucción «negó siempre los hechos y su carácter fraudulento». Por todo esto, la fiscal García-Baquero considera que indultarlo «solo generaría sensación de impunidad para determinados penados», además de suponer «una excepción arbitraria a la ejecución de sentencias firmes». «La pena es proporcionada», insiste lafiscal en su informe.

La defensa de Orúe acompañó su solicitud de indulto con unas cuarenta adhesiones firmadas por asociaciones sociales, culturales y vecinales de Vigo, muchas de ellas receptoras de ayudas procedentes del Concello, como reveló ABC el pasado 8 de marzo. La fiscal no ha sido ajena a esta circunstancia, al señalar que la petición de gracia «viene apoyada por informes de entidades que no son ajenas al penado».

«Se infiere la mayor capacidad del penado para buscar apoyos derivada seguramente del poder que ha ostentado y de la función pública que ha desempeñado, pero es obvio que no pueden motivar la excepcionalidad del indulto ya que esto supondría cometer un agravio comparativo» con los «ciudadanos comunes», que «por lo general no han gozado (...) de los apoyos del penado».

Y sobre el contenido de las adhesiones —una misma plantilla idéntica en la práctica totalidad de asociaciones—, señala que «obvian de forma sorprendente que el penado no ha sido un funcionario de conducta irreprochable durante un largo periodo de tiempo, ya que no se trata de un hecho aislado ni de una conducta puntual», sino que se prolongó cinco años.

La fiscal —que informó en su día de manera favorable a la suspensión de la pena mientras no se resolviera el indulto— concluye que este caso «no reúne ninguna circunstancia excepcional por razones de justicia, humanidad o proporcionalidad» que justifiquen el indulto, siquiera de forma parcial. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno.