El fiscal del Alvia, sobre Cortabitarte: «No podía prever que había un riesgo»»

A lo largo de dos horas, el representante del Ministerio Público, casi sin necesidad de consultar sus apuntes, sintetizó lo vivido en sala desde que el pasado octubre arrancó la vista oral. Y en base a las montañas de declaraciones vertidas, deslizó varias valoraciones. La primera, que la decisión de Cortabitarte de autorizar la desconexión del sistema 'ERTMS' (que regula la velocidad del convoy y hubiera evitado el siniestro) «no tiene relevancia penal» y «estaba justificada, independientemente de que se pueda discutir si era lo mejor, porque el sistema daba fallos de fiabilidad». Este es uno de los puntales en la acusación que las plataformas de víctimas mantienen contra el exjefe de seguridad de Adif, y que Piñeiro dinamitó con frase y media.

Sobre el certificado de seguridad que firmó el procesado y en el que las acusaciones ven reproche penal, Piñeiro indicó que «no tiene repercusión alguna» porque es una rúbrica «coherente con todo lo demás», en alusión al dossier de seguridad y el informe de un evaluador independiente. «Este señor, en ese momento no podía prever en absoluto que en ese punto había un problema de riesgo en la línea», aseveró. Otra de las apreciaciones que explican que la Fiscalía solo mantenga su acusación contra el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, es la imbrincada normativa que delimitaba los controles a los que se debía someter la línea y los momentos en los que estas normas entraba en vigor. Un verdadero «galimatías», según lo describió el fiscal del caso, que hace imposible rastrear culpabilidades en el plano penal. Para el fiscal, no hay duda llegados a los últimos compases del juicio, de que la causa directa del descarrilamiento fue la llamada de cien segundos de duración que el maquinista contestó y que le hizo perder la noción de dónde se encontraba y cuánto faltaba para llegar a la estación de Santiago.

«La calificaría como la mayor desgracia que se podría producir. Se produce en el peor momento posible» afirmó dejando clara la tesis del Ministerio Público. «Se dice que dura 100 segundos, pero en realidad la llamada no tiene fin. Si no hubiese pasado el accidente seguirían hablando por teléfono» ahondó en lo que para él es la causa primera y única del descarrilamiento en el que 80 personas perdieron la vida y del que 145 salieron con lesiones.

Solventada la no acusación a Cortabitarte, el fiscal centró el tiro en su único acusado, al que dibujó como un «profesional con una formación exquisita» que esa tarde del 24 de julio hizo «un uso descuidado del teléfono». Podría, propuso el portavoz público, haber acabado antes la llamada o no haberla atendido, pero decidió seguirla durante cien segundos sin atender a la velocidad a la que viajaba, de casi 200 kilómetros hora a la entrada de una curva limitada a 80. Sobre la curva, precisamente, Piñeiro hizo suyo uno de los argumentos de la Abogacía del Estado, que refiere que el tren podría haberla encarado a 160 kilómetros por hora y no habría descarrilado. «La curva en sí misma no es peligrosa, lo que la hace peligrosa es el maquinista. El riesgo aumenta tanto que no es asumible por el sistema», argumentó el fiscal.

Muy duro con el maquinista se mostró también el abogado de la plataforma de víctimas Manuel Alonso Ferrezuelo, que llegó a hablar de un 'modus operandi' en el comportamiento del piloto del convoy, al que afeó que colgase fotos en su Facebook conduciendo el tren a 200 por hora. También criticó que Garzón Amo ocultase la llamada que provocó el accidente en la fase de instrucción, pese a que «se lo pusieron en bandeja varias veces». Sobre la retirada de la acusación a Cortabitarte por parte del fiscal, Ferrezuelo aludió a una cita latina —«perro no come perro»— para manifestar que respetaba esta decisión pese a no estar de acuerdo. Menos compresivo fue el letrado de Apafas, Javier González, que arrancó su alegato evidenciando su estupor por el cambio de parecer. «Somos conscientes de la relevancia y las consecuencias que lleva una declaración de una responsabilidad en este accidente para Adif, pero tan solo entendemos esa decisión difícil dentro del ámbito de jerarquización que ampara a la carrera fiscal», espetó ante los nuevos postulados del Ministerio fiscal.

Yendo al papel que jugó Cortabitarte en el proceso, tanto para Ferrezuelo como para González había riesgo «previsible y evidente» en la curva de A Grandeira. Tanto, manifestó el abogado de las víctimas, que el jefe de maquinistas de Orense lo predijo meses antes «sin ser ni futurólogo ni Nostradamus». «Ese hombre dio con la clave» reiteró. En la misma línea, y como síntesis de un extenso informe, González criticó que las decisiones de Cortabitarte «fueron degradando la seguridad de la línea» hasta el día del accidente. Tampoco dejó bien parado al maquinista —que no estuvo presente en la sala, como sí lo hizo el otro acusado— al que culpó de recorrer «5 kilómetros y medio, una distancia tremenda, sin control».

Antes de pedir a la juez Elena Fernández Currás una sentencia condenatoria para los dos procesados, el abogado de las víctimas apeló a la ejemplaridad y la «emoción» que se espera de un fallo como este, y aclaró que servirá para sentar precedente cuando en un futuro, «en una gran empresa, cuando hay tantos departamentos, si hay una persona que tiene una responsabilidad y no ha cumplido con ella», sepa que «la justicia, lenta pero segura, puede llegar hasta esa persona y puede llegar a ser condenada». La sesión finalizó después de seis intensas horas de alegatos y no sin recordar lo inabarcable de una causa que ocupa «100.000 caras de folios».