Los ediles socialistas afines a la directiva se ausentan del pleno de Santiago por no abordarse la salida de los expulsados
Besteiro avala que el partido recurra a la Justicia tras no incluirse el punto en el orden del día
Los cuatro expedientados tachan el movimiento de «falta de respeto» y de intento de «presionar y alterar» el procedimiento

Este jueves ha quedado claro que el pulso del PSdeG con sus -por el momento- cuatro concejales de Santiago para los que ha decretado la expulsión del partido se alargará un poco más. La directiva municipal esperaba que en el pleno de la jornada se ... abordase finalmente la salida de estos ediles -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez-, haciéndolos abandonar la bancada de su grupo. En su lugar, han sido los otros dos, afines a la directiva -Gumersindo Guinarte y Marta Abal- quienes han estado ausentes. El movimiento lo han tomado tras conocer que la reunión transcurriría sin tocar ese punto, debido al ajustado plazo del que dispuso el secretario municipal del Concello para revisar las alegaciones de Muíños, que las había presentado el martes. A mayores, en un comunicado remitido a los medios, el PSOE local ha denunciado la «vulneración» de sus derechos fundamentales y ha advertido que sus servicios jurídicos están estudiando «todas las vías legales y judiciales» en respuesta y de cara a acelerar la expulsión, decidida por el partido «hace ya varios meses».
Así lo recuerdan los socialistas en su escrito, en el que cargan contra «la decisión adoptada por la alcaldesa», la nacionalista Goretti Sanmartín, «de no incorporar» ese punto en el orden del día. En palabras de Guinarte, recoge: «No podemos ser partícipes de una sesión del pleno municipal en la que se impide que la representación legítima del Partido Socialista pueda asumir la efectiva representación que le corresponde ante una decisión que no se enmarca para nada en una cuestión jurídica, sino que responde a una cuestión política». El nombrado portavoz por la directiva afea que, por cuestiones burocráticas, «se permite que personas que fueron expulsadas» de su grupo «sigan hablando en su nombre ante el Concello de Santiago a todos los efectos, que sigan presentando iniciativas e interviniendo como si siguiesen siendo la voz socialista en el Pazo de Raxoi». Y defiende que desde su orilla han sido «pacientes y respetuosos en todo momento», pero que «llegados a este punto» no pueden «consentir que se vulneren los derechos fundamentales del Partido Socialista».
A las pocas horas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado abiertamente que la dirección local pueda acudir a la Justicia. En declaraciones recogidas por Europa Press, tras ser preguntado al respecto, Besteiro ha asegurado que le «parece» una «medida responsable» y ha subrayado que los cuatro concejales expulsados «están fuera del PSOE», por lo que «no puede mantenerse una situación de indefinición» ni permanecer en en el grupo «cuatro personas» que no forman parte del partido; por tanto, ha dicho, «tiene que haber una decisión formal política al respecto». Y ha añadido que tanto él, en calidad de secretario xeral, como todas las «esferas del Partido Socialista», consideran que «es absolutamente correcta esta cuestión» y «respetuosa con los tiempos».
Por otro lado, en su propio comunicado, el Grupo Municipal Socialista -los cuatro ediles expulsados- han pedido «disculpas públicamente a todas las vecinas y vecinos de Santiago» por la «imagen lamentable» que traslada la ausencia de sus compañeros de grupo «sin causa justificada y sin notificación previa». Consideran que lo que se «vulnera» son «sus deberes como concejales» con su reacción y que, «más allá de consideraciones políticas», esta «supone una falta de respeto» para quienes tienen «el enorme honor y responsabilidad de representar». Se suma, dicen, a «una gran lista de precedentes de los que nos avergonzamos como socialistas que somos», y lo describen como «un nuevo acto por el que [desde la directiva] emplean el pleno municipal como escaparate para presionar y alterar un procedimiento, tutelado por el secretario del Concello, al que tienen derecho las concejalas y concejales expedientados».
De hecho, la cuestión ha llegado a abordarse de forma directa durante el pleno. En el turno de una iniciativa, ha llamado la atención el portavoz popular Borja Verea asegurando estar ante «la descomposición en directo del pacto de gobernabilidad» en el Consistorio compostelano, reprochando a la alcaldesa estar «ahí sentada» mientras el PSdeG la acusa mediante comunicado de prensa de «vulneración de derechos fundamentales». Ella le ha respondido exigiéndole «que se centre» y «ciña al orden del día» y ha rechazado «provocar enfrentamientos», si bien Verea ha añadido que da «vergüenza la imagen» que traslada el Ayuntamiento. En la misma jornada, la Alcaldía ha remitido un escrito aclarando que «no impide la representación legítima de ningún grupo» y que se garantizan «con extremo respeto los derechos políticos de todos los miembros de la corporación». Explica que la notificación para presentar alegaciones «se envió por la vía ordinaria el 18 de marzo», pero que los implicados recogieron la notificación en diferentes fechas. Por ello, desgrana, el plazo para el último -Muíños- terminó este martes y «no fue posible contar con los informes preceptivos sobre las alegaciones que pudieron formular de cara a incluir el asunto en la sesión».
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