Dos Galicias frente a los pisos turísticos: la que convive y la que prohíbe

En el primero de los escenarios, en plenas Rías Baixas, el trato a los pisos turísticos es «cordial», porque se entiende que ayudan a absorber el flujo de turistas y visitantes de determinadas épocas del año. En este municipio pontevedrés no se planea limitar la apertura de estos alojamientos, siempre que se ciñan a la normativa autonómica, y resaltan que el equilibrio con otros tipos de establecimientos es bueno. Pero a unos kilómetros de distancia, en la costa coruñesa, la película es otra. Con solo un centenar de pisos inscritos, el Concello de Oleiros censuró hace ya dos años las VUT mediante un decreto que no da opciones. «No vamos a permitir que se alquilen habitaciones como si fuese un hotel» manifestó en su día el alcalde, Ángel García Seoane, que acusó a estos alojamientos de «arruinar el sector».

Las divergencias entre uno y otro modelo, en municipios equiparables, son solo un reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de la Comunidad, donde las posturas se extreman para dar respuesta a un fenómeno que causa recelos. Los dueños de VUT se quejan de que son un sector «demonizado» y tiran de datos para mostrar su realidad. «No representamos ni el 2% del parque inmobiliario de Galicia, así que no podemos asumir que seamos el problema habitacional», afirma Dulcinea Aguin, responsable de Aviturga, principal plataforma de propietarios. En su defensa plantea que el 87 por ciento de los registrados en la Xunta tienen una sola vivienda, y que en la mayoría de los casos se trata de familias que poseen una segunda residencia, que no quieren alquilar por la falta de seguridad jurídica para los dueños. Entre las bondades de las VUT, Aguín explica que han puesto en el mapa a muchos concellos gallegos que antes de la pandemia estaban fuera del circuito hotelero; e interpreta que no son competencia porque «nosotros no tenemos subvenciones ni participamos en planes como el bono turístico, por ejemplo», compara.

Echando un vistazo a la implantación de este tipo de alojamientos, queda claro que la expansión es imparable. De los 313 ayuntamientos que componen el mapa gallego, un 93 por ciento cuenta con algún establecimiento de uso turístico dado de alta. Aunque el problema, inciden sus detractores, se está dando en las ciudades que más visitantes reciben al cabo del año, donde el despegue de las VUT ha sido notorio. La primera urbe en elevar la voz en contra de este modelo fue Santiago, que lleva años intentando, de la mano de distintos gobierno, ponerles coto. Finalmente, el pasado invierno aprobó una modificación de su plan general para prohibir los pisos turísticos en la almendra de la ciudad y restringirlos, fuera de ella, a bajos y primeros.

Se hizo con el compromiso de que el millar de propietarios que estaban operando bajo registro autonómico pudiesen regularizar las suyas para seguir funcionando, pero esa ordenanza se está haciendo esperar y los dueños han pasado a la ofensiva, ante la pérdida económica que les supone tener sus casas cerradas durante meses. En la capital gallega, aún en litigios con algunos propietarios, se llegaron a enviar multas de hasta 15.000 euros a quienes no contasen con una licencia municipal que apenas tenían una treintena de propietarios, porque el Concello puso toda clase de impedimentos para concederlas.

Con el cisma sin solucionar, este invierno el problema saltó a La Coruña, donde el diálogo del Consistorio con los propietarios ha sido inexistente. Consultados por ABC, el Concello de la ciudad no ofrece información al respecto, pero los afectados se quejan de que el plan es limitar las VUT a bajos y primeras plantas, como se hizo en la capita gallega. La medida perjudicaría a buena parte de los 1.223 alojamientos que operan en la urbe, y que deberían cerrar sus puertas si la decisión del Gobierno municipal sigue adelante.

A su favor arguyen que «en La Coruña hay 20.000 viviendas vacías y los pisos turísticos solo representan un 0,7 por ciento del parque inmobiliario». También defienden que si esas plazas desaparecen, la ciudad perderían capacidad para acoger, por ejemplo, el próximo Mundial 2030 de fútbol, que exige un mínimo de camas disponibles.

En vías de elaborar una regulación propia están otras ciudades más pequeñas, como Pontevedra, en las que el impacto de las VUT también se está dejando notar. Con 454 viviendas inscritas, desde el Concello critican que hay otras operando fuera del circuito oficial, y ponen sobre la mesa que el 91 por ciento de los alojamientos en la ciudad son pisos; y que el alquiler se ha encarecido hasta los 900 euros por un piso de tres habitaciones, lo que la eleva al ranking de las tres ciudades gallegas que más desembolso exigen a sus inquilinos.

En Vigo, sin embargo, con 1.600 VUT, nadie habla de limitarlas. Lo que para unas es un problema, para otras, como Orense o Lugo, no pasa de anécdota. En la ciudad áurea, con unas 300 viviendas inscritas, miran con sana envidia a las ciudades de la franja atlántica y reconocen que ese debate no está sobre la mesa. Dos Galicias ahora enfrentadas por la gestión de la vivienda, que buscan el equilibrio entre el bienestar de los vecinos y el tirón de los turistas.