SOCIEDAD

Divorciarse con la crisis es muy caro

La debacle económica y la separación exprés son las protagonistas del aumento de rupturas entre las parejas

SANTIAGO Actualizado:

Las dificultades económicas derivadas de la crisis tienden a manifestar se en todos los aspectos de la vida de las personas, incluido el de la estabilidad en las uniones sentimentales. Desde el comienzo de la recesión se ha producido un aumento de la cifra de rupturas en España. De hecho, según informa el Consejo General del Poder Judicial, en lo que llevamos de año se han deshecho hasta 1.521 matrimonios más que el curso pasado durante el mismo trimestre, lo que supone un incremento de casi un 5%. Aplicado a Galicia, datos del mismo órgano sitúan a la Comunidad gallega como la autonomía que más rupturas matrimoniales registra, con 1.869 casos. Por delante, se encuentran Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.

Además de las indudables consecuencias del mal momento, en la perdurabilidad de los casamientos también han resultado determinantes los efectos de la llamada «Ley de Divorcio Exprés». Desde que fue aprobada en 2005, se ha agilizado notablemente el proceso, con la supresión de obstáculos como la necesidad de separación previa que regía con la norma que legalizó el divorcio en 1981. En última instancia, esto se ha traducido en un incremento relevante del número de rupturas con respecto a los años anteriores, si bien es cierto que, a partir de 2006, se ha experimentado una tendencia descendente que se ha frenado con la agudización de la crisis. Los resultados recientes evidencian que, en una mala coyuntura, incluso algo tan ansiado en algunos casos como «librarte de tu media naranja» puede verse entorpecido por razones económicas. Y es que el proceso cuesta, grosso modo, 1.500 euros en los casos de divorcio por mutuo acuerdo, mientras que en los demás puede llegar a alcanzar cifras desmedidas. De todos modos, se trata de una cantidad difícilmente afrontable en un contexto como el actual en el que los aprietos económicos monopolizan los problemas familiares.

De ahí que la mayoría de los expertos —fundamentalmente abogados— coincidan en que es posible que «esos divorcios no se consuman patrimonialmente», es decir, que aquellas parejas que deciden poner fin a su matrimonio busquen modos de minimizar los costes que deben afrontar, tanto los del propio proceso como los derivados de él. Así, aunque no es lo habitual, han aparecido casos de personas que continúan compartiendo lugar de residencia en contra de su voluntad porque divorciarse supone tener que hacer frente a los gastos de dos viviendas en lugar de una, a los gastos de una pensión si hay hijos de por medio, etc. Situaciones como éstas son la máxima expresión de cómo las dificultades económicas de los últimos años limitan la libertad de los ciudadanos incluso en los ámbitos más personales.

«Fracaso evidente»

Esta tendencia presenta, para destacados organismos como el Instituto de Política Familiar, un panorama desesperanzador para la prosperidad de los matrimonios españoles. Su presidente, Eduardo Hertfelder, no duda en tildar de «fracaso evidente» a esta nueva ley del divorcio porque «su aplicación provoca, además del incremento de las rupturas matrimoniales, que éstas sean cada vez más conflictivas».

Por último, el hecho de que en lo que llevamos de año—tal y como reflejan los datos del CGPJ—se hayan producido 368 rupturas cada día es algo grave en la medida en la que «las administraciones, que deben promocionar y garantizar el derecho de los padres y de los hijos a la estabilidad conyugal, no hacen nada por evitar o, al menos, amortiguar, que trimestre tras trimestre las rupturas en España aumenten».