Caso Diego Bello: cinco años de lucha y una pistola que delata una trama policial

Un lustro después, estos tres agentes de la Policía filipina —dos sargentos y un capitán— comparten espacio en la prisión de Manila City, bautizada como 'la cárcel del terror', a espera de una sentencia que, dada la lentitud del sistema judicial del país asiático, podría tardar «entre año y medio y dos años» en redactarse. El dato lo apunta el abogado de la familia de Diego, Guillermo Mosquera, que viaja cada seis meses a Filipinas para seguir de cerca el juicio por el crimen del gallego. Intentar medir los tiempos con el reloj occidental, introduce ante la agonía de unos padres que llevan años clamando justicia por su hijo, «es un error». Habla con conocimiento de causa, a sabiendas de que la resolución tardará en llegar, pero consciente de que su objetivo está cada día más cerca, y de que el camino no ha sido precisamente llano.

Cuando la familia de Diego recibió la noticia de su muerte, iba empañada por una burda acusación. Las autoridades del país —que en 2016 declaró la guerra a las drogas de la mano de su presidente Rodrigo Duterte— tacharon al coruñés de capo del narcotráfico y publicaron que lo habían abatido en defensa propia después de que Diego se sacase una pistola de la riñonera para dispararles. Según la versión oficial de la muerte, que liquidaron en un informe de dos páginas, el joven cayó en la trampa que le habían tendido al intentar venderle unos gramos de cocaína a uno de los agentes, que en ese mismo momento le habría dado el alto.

En la puerta de la casa de Diego, junto a su cuerpo, aparecieron varios casquillos de bala coincidentes con el arma que el gallego llevaba en la mano, al lado de una riñonera sin gota de sangre. Los amigos de la víctima, que llegaron al escenario de la muerte pocos minutos después, fueron los primeros en sospechar que aquello no cuadraba. Como demostrarían las cámaras de seguridad del local en el que acababan de despedirse, Diego no portaba ninguna riñonera aquella noche, y menos una pistola del calibre 45, difícil de camuflar dadas sus dimensiones. Las sospechas de que su amigo acababa de ser víctima de una emboscada, y la certeza de que el éxito que los negocios que habían emprendido en la isla no gustaba en determinados estamentos —que así se lo habían hecho saber— los hizo abandonar Siargao en cuestión de 48 horas. Ya nadie se sentía seguro en la isla que enamoró al coruñés.

Desde su ciudad natal, el entorno de Diego emprendió una batalla para descubrir cómo había muerto, más allá de la tesis oficial que reverberaba en los medios del país. Según la autopsia, el joven presentaba seis heridas de bala, todas ellas dirigidas a zonas vitales del cuerpo. Sin embargo, y pese a la escasa distancia que los separaba, ninguno de los tres policías resultó herido, ni había señales de rebote en las paredes de la casa. El caso, por las dudas que suscitó a nivel internacional, no tardó en caer en manos de la comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que elaboró un primer informe sobre las circunstancias de la muerte que echó por tierra la trama policial. En esencia, estas pesquisas independientes constataron que Diego no estaba en la lista de traficantes, ni siquiera en la de consumidores, que manejaba la policía local. También evidenciaron que un minuto y medio antes de ser acribillado, en las últimas imágenes que se conservan de él, no llevaba la polémica riñonera, y que los disparos que impactaron en su cuerpo tenían una trayectoria descendente, de arriba a abajo. Es decir, que Diego fue rematado cuando ya estaba en el suelo.

Los hallazgos de esta primera investigación no solo pusieron en tela de juicio la versión policial, sino que situaron la muerte en un contexto diferente que las organizaciones proderechos humanos llevan años denunciando: las ejecuciones sumarias perpetradas en nombre de la lucha contra la droga en Filipinas. En total, más de 30.000 muertes cuya explicación sigue siempre un mismo patrón. Policías que disparan para defenderse de traficantes que tratan de huir. Pero en el caso de Diego, la investigación logró darle la vuelta a esta historia mil veces contada y obligó a la Fiscalía del país, la NBI, a iniciar sus propias averiguaciones. Porque, explica el abogado de la familia en exclusiva a ABC, el arma que le colocaron en la mano a Diego «es del mismo calibre, un 45, de las que se habían empleado en otras ejecuciones extrajudiciales». También en nombre de la lucha contra el narco. Los policías que esa noche sorprendieron a Diego, el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy, se dieron a la fuga cuando se ordenó su detención, y acabaron entregándose meses después, tras salir a la luz su actividad en redes sociales.

El proceso judicial en el que se valora su puesta en libertad provisional y al mismo tiempo se les enjuicia, según el complejo funcionamiento de la ley del país asiático, arrancó el pasado octubre, pero desde entonces solo se han celebrado una decena de sesiones. Algunas de las comparecencias quedan a medias porque se excede el tiempo previsto, y otras fueron canceladas con pocas horas de antelación a causa de las elecciones en los barrios o de la propia Navidad. «Lo normal en este país es que por un caso así tardes diez años en ir a juicio» aclara el letrado de la familia Bello, que confía en que la verdad que persiguen a miles de kilómetros de la tumba de Diego acabe llegando, aunque tarde, desde la isla de la lágrima.