Detenido el capitán de un pesquero gallego investigado en Argentina por explotación laboral

El capitán, de 56 años de edad, fue detenido después de la emisión de una notificación roja a través de Interpol. Todo ello por la presunta comisión de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por haberse aprovechado la situación de «vulnerabilidad» de las víctimas, al menos una de ellas de nacionalidad senegalesa, que fue rescatada de la embarcación.

«La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Público Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dado que -entre otros detalles- el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años«, explica Fiscalía.

De acuerdo con la imputación, el capitán de la nave habría aceptado y albergado el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo a un marinero senegalés, entre al menos tres más, «de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó».

Según Fiscalía, las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania -desde donde partió el buque-, «para explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega del buque pesquero, sin descanso ni asistencia médica apropiada, no aportándole lugar de descanso ni esparcimiento, ni ropa pertinente, con ausencia de condiciones salubres de higiene y alimentación adecuada, generándole [al marinero identificado] un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación, hasta el día 05 de junio de 2017, momento en que se tuvo que ordenar el desembarco urgente de la víctima» a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.

El escrito añade que la víctima llegó al hospital de esa ciudad en estado de coma, «no ubicado en tiempo y espacio y con afectación del sensorio motriz (hipotímico), pese a haber ingresado al Buque Pesquero en condiciones de apto físico».

Por todo ello, la detención del capitán del buque fue ordenada el 13 de noviembre del año pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, siendo arrestado el varón el 18 de diciembre en España. Dos días después, el juzgado requirió la extradición del imputado.

Ya en 2019 el Ministerio público requirió la convocatoria a prestar declaración del capitán, siendo dictada una orden de llamado el 26 de diciembre de 2024 y, finalmente, una orden de detención.

A finales de 2023, el Gobierno de España informó de la sanción a 25 embarcaciones, la mayoría de empresas gallegas, por desactivar geolocalizadores mientras faenaban en alta mar cerca de las costas de Argentina, entre las cuales se encontraba el pesquero 'Loitador', de la armadora viguesa Profesionales Pesqueros.

En junio del 2021, la Comisión Europea remitió a la Administración española un escrito acompañado de un informe de la organización no gubernamental Oceana en el que se denunciaban unas prácticas en buques pesqueros españoles sobre el apagado del sistema de identificación automática con fines de pesca ilegal.

Así, se detectó una infracción de carácter grave del buque 'Loitador' por navegar durante intervalos de tiempo entre 2020 y 2021 sin mantener en funcionamiento en todo momento el dispositivo de localización e identificación AIS. La multa impuesta fue de 15.000 euros, con una reducción a 12.000 euros al reconocer la empresa su responsabilidad y abonarla en abril de 2023.

Precisamente, entre estos expedientes sancionadores de la Dirección General de la Marina Mercante también se encontraba una multa de 150.000 euros a Grupo Nores, armadora del Villa de Pitanxo, por desactivar geolocalizadores.