Decae la última imputación que pendía sobre Besteiro, exlíder del PSOE gallego

Besteiro, que en marzo de 2016 se vio obligado a ceder el testigo de la secretaría general del PSdeG asediado por Pilar de Lara, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, queda libre de supuestas responsabilidades penales una década después de comenzar un carrusel de imputaciones con la firma de esta jueza. Aquel año, Pilar de Lara decidió imputarle en seis causas relacionadas con su etapa como presidente de la Diputación. Estas seis se sumaban a otras cuatro, abiertas por esta magistrada, derivadas del paso de Besteiro por la Concejalía de Urbanismo de de Lugo.

En esta última que ahora se archiva, bautizada en 2013 como Operación Pulpo, se investigaba si, en el ámbito de un programa de la Diputación de Lugo publicitado como 'Kilómetro cero', con cargo a fondos provinciales y también del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fefer), se habían producido adjudicaciones ilícitas a empresas de transportes del grupo Monbus. Pero ahora, más de nueve años después de abrirse al causa, la magistrada Sandra Piñeiro Vinas concluye que los indicios recabados «no permiten constatar indicio racional alguno de criminalidad».

El auto, dado a conocer este miércoles por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), subraya que «a pesar de la sucesiva reiteración, en diversas resoluciones judiciales a lo largo de la instrucción de la causa, de las supuestas adjudicaciones ilícitas y diversas irregularidades, lo cierto es que ningún indicio objetivo de criminalidad pudo constatarse». Y añade la jueza, como ya había sostenido en un auto anterior, de junio de 2020, que «tales sospechas —de adjudicaciones ilícitas— no alcanzan la condición de indicios racionales de criminalidad». «Ningún indicio objetivo concurre del intento de beneficiar en la contratación al directivo de Monbus como partícipe en las empresas adjudicatarias, ni del fraccionamiento intencionado para eludir otras formas de contratación, ni de la intervención de los investigados en el procedimiento de adjudicación con tal finalidad o de que tales empresas se beneficiaran de ningún tipo de información privilegiada en la concurrencia con las demás«.

Han sido más de nueve años de instrucción, muchos de ellos bajo secreto sumario —lo que restringe la capacidad de los imputados de defenderse—, y pese a ello, con los informes de patrimonio policiales y todas las pruebas documentales de la investigación, no se ha podido pasar página de lo que no eran más que «puntos oscuros» o «sospechosos». A todas luces, insuficientes «para configurar un juicio indiciario de responsabilidad criminal», concluye el auto, conocido ayer. Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha archivo la causa, aunque todavía con un carácter más provisional del que suele ser habitual, porque todavía hay sobre la mesa de la Audiencia de Lugo un recurso de apelación —contra la inclusión de determinados hechos en el procedimiento— que este tribunal tiene pendiente de resolver.