Casi una década de investigación que culminó con solo dos encausados

¡Las plataformas en las que se fueron organizando los familiares de las víctimas después del accidente señalaron a dos exministros de Fomento, ambos gallegos, el socialista José Blanco (2009-2011) y la popular Ana Pastor (20111-2016), por su supuestas responsabilidades políticas. Pero ni el juez Peláez ni Andrés Lago, el magistrado que le sucedió al frente de la causa, les citaron nunca a declarar durante la larga instrucción. Ni como investigados, y ni siquiera como testigos. Sus nombres tampoco figuran entre los 522 testigos que hasta febrero de 2023 desfilarán por la sala de vistas.

Pese a que el juez Peláez había apuntado hasta en dos ocasiones contra la cúpula de Adif, tras sendas enmiendas de la Audiencia Provincial su sucesor al frente del juzgado santiagués, Andrés Lago, cerró en octubre de 2015 la instrucción del caso con un solo nombre en la lista de imputados: Francisco J. Garzón, el maquinista. Peláez había citado, como investigados, a una docena de cargos de Adif al considerar que podrían no haber dotado a la infraestructura de las medidas de seguridad más adecuadas. Los magistrados de la Audiencia coincidían con el anterior instructor en que el hecho de que ese tramo no dispusiera del sistema de frenado de seguridad ERTMS era un elemento de peligrosidad, pero añadían los jueces que disponer de él tampoco era un «deber legal». En otras palabras, era un riesgo asumible.

Que Adif se librara del banquillo indignó a las plataformas que defendían los intereses de las víctimas, pero también al abogado del maquinista, Manuel Prieto, que veía a su cliente cargando con toda la responsabilidad del accidente sobre sus hombros. Otra oleada de recursos ante la Audiencia Provincial de La Coruña, que tampoco cayeron en saco roto, evitó en noviembre de 2016 que la causa se enviase a juicio con un solo encausado. Los magistrados ordenaron reabrir el caso Alvia para dilucidar si realmente Adif, empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias, había hecho un estudio pormenorizado de los riesgos de seguridad de la curva de Angrois.

Pocos meses después, el juez Lago acabaría imputando al exjefe de Seguridad de Adif. Argumentó que Andrés Cortabitarte no había cumplido con su obligación de minimizar los riesgos de la ya famosa curva. Y ya sin más movimientos en lo que a la lista de investigados se refiere—aunque sobre la mesa de la Audiencia no dejaron de caer recursos—, en julio de 2021 el juez instructor envío la causa a juicio con dos encausados: Andrés Cortabitarte, exjefe de Seguridad de Adif, y Francisco J. Garzón, el maquinista.

Habrá un cargo de Adif en el banco de los acusados, pero ninguno de Renfe. Antonio Lanchares, director de Seguridad de Circulación de Renfe, estuvo imputado, «en buena parte» —reconoció luego el juez— porque Cortabitarte, su homólogo en Adif, le atribuía responsabilidades similares a las suyas. Pero la investigación no constató que Lanchares «hubiese incurrido en incumplimiento normativo o técnico alguno» en su área de responsabilidad: el material rodante, es decir, el propio tren, y la formación del maquinista.

Solo en una cuestión coincidieron los peritos: Adif no hizo una evaluación integral de los riesgos antes de poner la línea en marcha. Pero al analizar si ese estudio era necesario normativa y técnicamente, empiezan los matices. El juez, sin embargo, concluye que Adif tenía esa obligación «y no cumplió».