'Caso Cuñada': el indulto que no llega

Este miércoles fue preguntada nuevamente por esta cuestión la ministra de Justicia, Pilar Llop. Como en ocasiones anteriores, no aclaró si se concederá o no la medida de gracia y se limitó a señalar que su departamento «tiene criterios claros». «Se aplican razones de justicia, de equidad, de utilidad pública y de interés superior de los menores», señaló. Y al mismo tiempo trazó «líneas rojas»: no se conceden en casos de «corrupción, violencia de género, delitos contra el medio ambiente y de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar». Pero sobre el particular, preguntada por el diputado popular Diego Gago, Llop no pronunció ni media palabra.

Gutiérrez Orúe no ha entrado todavía en prisión para cumplir su pena porque, precisamente, la Audiencia de Pontevedra la suspendió mientras se resolvía su solicitud de indulto. El exfuncionario remitió al Ministerio de Justicia la petición de esta medida el 12 de diciembre de 2021. El 28 de enero de 2022, la defensa de Orúe solicitaba la suspensión de la ejecución de la sentencia, y la Audiencia dio traslado a las partes para que se pronunciaran.

La plataforma Xuntos por Galicia, denunciante del caso, se opuso radicalmente tanto al indulto como a la suspensión de la ejecución. La Fiscalía, sin embargo, la aceptó pero condicionada a que fuera «solo por un año, tiempo en que caducará el expediente del indulto». El escrito del Ministerio Público data de 16 de febrero de 2022. El año ya se ha cumplido. La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra todavía resolvió a finales de abril del pasado año su resolución favorable a que Orúe pudiera esperar por el indulto en su casa. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada.

A comienzos de marzo Xuntos por Galicia volvía a dirigirse a la Audiencia para interesarse por la situación de Gutiérrez Orúe, toda vez que la solicitud de indulto debe entenderse por desestimada, al haber transcurrido más de un año sin que se tengan noticias de su concesión. Este es el plazo que, según la jurisprudencia, suele concederse de margen antes de considerar desestimada una petición de este tipo, indicó en su escrito el abogado de la plataforma.

Por el momento, la Audiencia no ha contestado al requerimiento de Xuntos. Lo último que se supo de los magistrados de la Sección Quinta -que juzgaron el 'caso cuñada' en primera instancia- era que ellos también se oponían a la concesión de la medida de gracia. «No existe motivo alguno, fuera de la discrecionalidad, para que resulte vana la condena impuesta» a Orúe, del que recuerdan que «no vino a reconocer en ningún momento la culpabilidad de los hechos que se le imputaban». «No debe ser beneficiario de ninguna forma del derecho de gracia», sentenciaron.

La Fiscalía también se opuso al indulto, e incluso fue más allá al desacreditar las adhesiones a éste que formularon una veintena de asociaciones vecinales y culturales de Vigo, y que fueron incorporadas en su solicitud por los abogados de Gutiérrez Orúe. «Se infiere la mayor capacidad del penado para buscar apoyos derivada seguramente del poder que ha ostentado y de la función pública que ha desempeñado», matizaba el ministerio público.

Y sobre el contenido de las adhesiones -una misma plantilla idéntica en la práctica totalidad de asociaciones, como reveló ABC-, señala que «obvian de forma sorprendente que el penado no ha sido un funcionario de conducta irreprochable durante un largo periodo de tiempo, ya que no se trata de un hecho aislado ni de una conducta puntual», sino que se prolongó cinco años.

El otro condenado, Ramón Comesaña, vio también suspendida su pena de prisión de un año y seis meses. Al ser inferior a los dos años, la Audiencia aceptó la suspensión para el exapoderado de la contrata que enchufó a la cuñada de Carmela Silva.