La crisis del PSOE de Santiago provoca la renuncia de Bugallo al Senado

«Me pareció un acto de pura coherencia y responsabilidad, que mi obligación como testigo es hablar, contestar a la verdad con claridad, sin ningún tipo de condicionantes. Y me pareció que se podía producir una situación difícil de entender o de una cierta complejidad si de alguna manera mantuviese mi posición como senador del PSOE. Presenté mi renuncia a las nueve de la mañana (...). Por tanto, cuando entré a declarar a las diez era exsenador socialista», explicó, ante preguntas de los medios a las puertas de los juzgados. El exregidor seguirá militando en su partido, lo que en adelante fija como su única «aspiración» . «No lo hice público en su día, pero hace dos meses renuncié también a ser presidente provincial. Ahora renuncio al cargo institucional, pero espero seguir siendo toda mi vida militante de base del Partido Socialista. No tengo ninguna aspiración a ningún otro cargo», afirmó.

La expulsión decretada por Ferraz y que ocupó este viernes la vista emana de varias faltas «graves» de disciplina, contrarias al código de su partido, que se les achacaban a los cuatro ediles; ellos, por contra, desde el principio han defendido haber cumplido «siempre» con las normas y, más que eso, haber sido objeto de presiones internas con el fin último de hacerles ceder un acta para que pudiese tomarla el secretario municipal, Aitor Bouza. Preguntado sobre si se posiciona a favor de los concejales expulsados, Bugallo lo acotó a que, «más que» con ellos, lo hace con «un concepto de la política» por el que, entiende, todos los partidos deben tener un aparato orgánico como «elemento fundamental para el funcionamiento», pero que tenga claro que «la parte esencial de la democracia es la voluntad de los ciudadanos».

Declaraciones en línea con otras anteriores que ya había ofrecido, arropando a los ediles cuando comenzaron a recurrir su caso. También el viernes, manifestó que «los representantes electos de los ciudadanos deben de gozar de respeto» e incluso de una «autonomía importante para actuar en representación de los ciudadanos que los eligieron». «Si no, podemos transmitir a la sociedad una imagen horrorosa, que creo que se está transmitiendo en cierta medida» y que da pie a generar «una enorme desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones». Consideró, en cualquier caso, que «se debería de haber evitado» llegar a los juzgados.

El abogado que lleva el caso de los cuatro ediles, Evaristo Nogueira, se mostró optimista a la salida de la sesión. «Entendemos que la adopción de medidas cautelares debería prosperar. Afecta al mandato representativo, que significa que los ciudadanos votaron a un partido político y a los miembros de ese partido», dijo, subrayando que «no están certificadas en ningún caso las expulsiones de los concejales». Como piedra angular de su causa presentan el daño profesional que podría provocárseles la no adopción de estas medidas, privándolos de «acceder al 100% de la actividad política» en Raxoi. «Por ejemplo, a los diversos consejos de administración de los que forman parte. Y ese perjuicio es irreparable, porque la demanda principal puede tardar, aproximadamente, un año o más en dilucidarse», incidió el letrado. «En todo caso, vamos a esperar la decisión de su señoría (...). Hay casos semejantes en los que se adoptó la medida cautelar», señaló ante los medios.

Al hilo, recordó que la principal razón que motivó su expulsión fue el rechazo de tres de ellos –Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez– a asistir al encuentro en el que la directiva local pretendía que Sindo Guinarte –concejal afín– relevase a Gonzalo Muíños como portavoz. «Estamos hablando de una expulsión por no comparecer a una reunión a la que el portavoz no estaba convocado, y una reunión en la que, por mandato imperativo, sin tener competencia, el Comité Municipal Socialista designaba un nuevo portavoz, cuando esa competencia es única y exclusiva del Grupo Municipal Socialista. Eso era, más o menos, la forma y el contenido de la medida cautelar», dice el letrado.

Entre los comparecientes en la vista judicial también estuvo la que fuera secretaria de Organización de la agrupación local durante cinco años, Carmen Fernández Morante, que aseguró que en sus etapas en el partido el Grupo Municipal tenía autonomía y no recibía instrucciones de voto. Compareció una abogada de Ferraz y la secretaria de Organización del PSOE local, Laura Requejo, que declaró como testigo a petición del propio partido, según pudo confirmar Ep. Por parte de los cuatro concejales fueron citados como testigos el secretario municipal del Concello, el jefe de prensa del Grupo Municipal y la jefa de gabinete –cargos, estos dos últimos, que la dirección local pidió cesar, pero cuyos despidos el portavoz Gonzalo Muíños se negó a firmar–, y ambos trasladaron haber recibido presiones.