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A FONDO

Doble crimen de O Ceao: el sumario más antiguo de España, a juicio

'OPERACIÓN JURÁSICO'

En 1994 una cajera y un reponedor murieron tiroteados en el atraco a un supermercado de Lugo. A punto de prescribir, la investigación señaló a un sospechoso, que el próximo día 6 se sentará en el banquillo. Será juzgado con el Código penal de hace treinta años, un inédito viaje judicial en el tiempo

Beli (i) e Isabel (d), familares de las víctimas, delante del supermercado donde los asesinaron CARLOS CASTRO
Patricia Abet

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De la tarde que se encontró a su hermana muerta de un disparo en la mejilla, Isabel López recuerda la música que sonaba de fondo y una televisión encendida. Ella fue la primera en descubrir la escena de un doble crimen que el próximo 6 de febrero se juzgará en la Audiencia provincial de Lugo, 29 años después. Se trata del sumario más antiguo de España, una investigación que se inició hace tres décadas, en abril del 1994, y que estuvo a punto de prescribir en 2014. Cuatro meses antes de que el caso caducase y se le diese carpetazo definitivo, unas escuchas telefónicas pusieron el foco sobre un sospechoso y le concedieron a los familiares una última oportunidad de hacer justicia. Un leve hilo de luz.

Al otro lado de la línea está Isabel, hermana de Elena, cajera en el supermercado Cash Récord del polígono lucense de O Ceao; y Beli, cuñada de Esteban, reponedor en la misma tienda. Las dos recuerdan con detalle el día del atraco en el que perdieron a sus familiares, un sábado cualquiera del mes de abril. Era la hora del cierre, las 19.30 horas, y los jóvenes —32 y 26 años— eran los únicos empleados que seguían dentro del establecimiento. Elena estaba haciendo la caja del día y Esteban la esperaba viendo un partido de fútbol en el almacén. La reconstrucción del asalto al supermercado evidenció que los fallecidos dejaron pasar al atracador pese a que ya habían bajado la verja, por lo que debían conocerlo bien. También reveló, tal y como confirmaron las autopsias, que Elena falleció de un tiro en la cara efectuado a poca distancia sin que tuviese tiempo de levantarse de la silla, y que Esteban recibió dos impactos de bala, el segundo de ellos en la cabeza porque el primero falló. «Murieron tranquilos, no sorprendidos, como si confiasen en las personas que estaban allí dentro» resume la hermana de la cajera en una conversación con este diario a pocos días de que arranque el juicio contra el único investigado.

Las familias tienen claro que en el robo participó un hombre más, y la declaración de algunos testigos durante la fase de instrucción también lo refrendó, pero la investigación nunca llegó a poner ni nombre ni cara a este segundo asaltante. De conocerse hoy, además, esta persona estaría libre de toda culpa porque el crimen prescribió hace nueve años. Solo siguieron vivas las pesquisas contra el único investigado en ese momento, Manuel Juan V. C., un hostelero que en la actualidad tiene 54 años y que en 1994 regentaba un local en Lugo. Poco después del crimen se mudó a Burgos y allí rehizo su vida hasta que la Policía llamó a su puerta. Había, suscribió la instructora del caso, «indicios racionales de criminalidad» que justificaban la acusación. «No se trata de conjeturas o simples sospechas», agregó a la hora de llevar a juicio la causa. La Fiscalía no apoyó su decisión, pero ante un recurso de la abogada del acusado, la Audiencia de Lugo dio el visto bueno a la teoría de la instructora.

La escena del crimen

Isabel supo que algo no iba bien cuando tocó el claxon, como hacía habitualmente, y Elena no salió. Dentro del coche estaban los dos hijos de la fallecida, así que bajó del vehículo y se acercó a la puerta. «Vi que estaba todo oscuro, llamé por mi hermana y por intuición supe que había pasado algo. Llevé a los niños con mi madre y volví con mi marido y con mi padre». Cuando regresó al supermercado, pocos minutos después, Isabel descubrió los cadáveres. «Me eché a correr y encontré a mi hermana. Mi padre se arrodilló ante ella y ya no se levantó. Yo cogí el teléfono para llamar a la ambulancia, pero mi marido me dijo que colgase porque ya estaban sin vida». La investigación no descarta que mientras Isabel estaba esperando a su hermana los asaltantes estuviesen todavía dentro y que aprovechasen su marcha para escapar sin ser vistos. «Me sorprendió la música, porque siempre iba a buscarla los fines de semana y nunca sonaba nada. Imagino que la pusieron para silenciar un poco los ruidos», reflexiona sobre un detalle insignificante que, sin embargo, el tiempo no ha logrado borrar de su memoria.

Durante muchos años Isabel evitó pasar por delante del supermercado, que sigue abierto. Ahora, la punzada de dolor no es la misma. «Ya no me hace daño pasar por allí», afirma la mujer, que llegó a ponerse en huelga de hambre para conseguir que el caso no cayese en el olvido. En su camino estuvo acompañada por Beli, que aclara con impotencia que a Esteban Carballedo no le tocaba trabajar ese sábado. «Lo llamó el encargado para que le cambiase el turno, porque quería ir de compras a Coruña, aunque al final no fue» manifiesta. «A las 21.50 horas la Policía nos llamó a casa y nos dijo que subiésemos porque había habido un accidente en el polígono. A llegar lo descubrimos todo», recuerda.

El botín del atraco que le costó la vida a los empleados del Cash Récord fue de unos cinco millones de pesetas. Al cambio de milenio, 30.000 euros. El paso del tiempo también obligó a traducir la pena a la que se enfrenta el único investigado, que será juzgado con el Código Penal de 1994. «Eso juega en nuestra contra» asumen las familias, que saben que la legislación actual hubiese sido menos benévola con el presunto criminal. La petición de las familias de los fallecidos, que comparten letrado, es de 28 años de prisión, lo «máximo» que permiten las leyes de aquel momento. Se le imputan dos delitos de asesinato, uno de robo con violencia con muerte dolosa y uso de armas y otro de tenencia ilícita de arma de fuego. Por el primero la acusación particular pide 20 años de prisión, diez por cada muerte, y por el segundo ocho más. El tercero son apenas unos meses. Penalistas consultados por este diario indican que, de tratarse de un suceso reciente, la solicitud de condena por estos supuestos delitos podría alcanzar en su escala máxima los 25 años por cada una de las muertes, a los que habría que sumar 5 por el robo y otros 5 por la tenencia de armas. Unos 60 a vuelapluma.

Este viaje judicial en el tiempo, favorable al reo, no solo afectará a las penas solicitadas —la Fiscalía no acusa— sino a la estructura del plenario. Al tratarse de un caso de asesinato, el código actual dicta que debería ser un jurado popular el que alcanzase un veredicto que sentase las bases de una sentencia posterior, pero en 1994 no había tribunales ciudadanos en España, por lo que el crimen de o Ceao lo juzgará un tribunal profesional. Del plenario, las familias de los dos fallecidos esperan respuestas y un poco de paz. Más de 40 testigos están llamados a declarar —muchos de ellos agentes ya jubilados— para tratar de encajar las piezas de un puzle que pasó años metido en un cajón. Las familias no dudaron en calificar la investigación policial de «chapuza» y como ejemplo recuerdan que cuando los agentes llegaron a fotografiar el escenario del crimen no llevaban carrete en la cámara y tuvieron que volver a por uno. El reportaje fotográfico del atraco se zanjó con solo 24 fotografías y en el lugar no se encontraron huellas «pese a que mi marido y yo lo habíamos tocado todo, hasta los cuerpos», incide Isabel. «A mí tardaron 15 años en llamarme a declarar y el supuesto coche blanco usado en el atraco desapareció», reprochan criticando la falta de diligencia.

Tirador olímpico

En contra del acusado, que asegura que ese día se fue a trabajar a su negocio a las 14 horas y no salió hasta la madrugada, está el testimonio de una persona que afirma que lo invitó a participar de un golpe que «iba a ser realmente fácil» y que las facturas demostraron que él era un buen cliente del establecimiento. También sobrevolará la sala otro atraco cometido en una tienda de iguales características en Miño (La Coruña), en el que dos hombres (uno de ellos llamado Manolo, según un testigo) aprovecharon el cierre para hacerse con la recaudación, aunque en este caso los empleados fueron encerrados.

Un 'modus operandi' coincidente, en opinión de la acusación particular, que también señala las presuntas «mentiras» del acusado. «Eso quedó ahí y nadie lo movió», se quejan las familias, que revelan que el investigado estuvo en prisión por tráfico de drogas y que manifestó que «no tenía permiso de armas y resulta que es tirador olímpico».

Lo llamativo del proceso judicial, que dará pie a un plenario único en la historia moderna de España, salpica hasta el nombre de la propia investigación: 'Operación Jurásico'. Un guiño al tiempo transcurrido entre el crimen y su ansiada resolución que los investigadores quisieron dejar plasmado negro sobre blanco.

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