Los coruñeses piden a Contas que se pronuncie sobre los 7 millones que Inés Rey perdonó a Nostián

Fue en el año 2018 cuando la justicia anuló el acuerdo al que el Ayuntamiento de Javier Losada llegó con la concesionaria de la planta en 2011, por el que el Concello pagaría 3 millones de euros anuales hasta el fin de la concesión –en 2019– por el rechazo del 55% de los residuos que entraban en Nostián. La sentencia se hizo firme en 2020, con el aval del Tribunal Supremo, y hace dos años la Junta de Gobierno local acordó reclamar la cantidad de 15,6 millones por los pagos indebidos. Pero en febrero, el Consistorio, capitaneado por la socialista Inés Rey, llegó a un acuerdo por el que acepta el cobro de algo más de 8 millones, renunciando a casi la mitad del importe total y contradiciendo los informes previos. Lo justifican en que la sentencia no «fijaba una cuantía», por lo que la cantidad final podría haber sido menor, y en que el proceso judicial para llegar a un consenso podría haberse alargado demasiado en el tiempo y estaba envuelto en demasiada incertidumbre.

Estas explicaciones no son convincentes ni para los populares ni para Sumar, que consideran «inaceptable» el perdón de un dinero que «forma parte de los ingresos previstos para la prestación de servicios que demanda la ciudad», ni tampoco los son para los vecinos. Así lo han dejado claro desde la Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales (ACAV), que esta semana solicitó al Consello de Contas que abra un expediente para analizar los hechos y validar o no el acuerdo. Para su presidente, Fernando Carrillo, el proceso en el que se enmarca este acuerdo es «nada transparente» y «está lleno de dudas». Por ahora, explica en conversación con ABC este vecino del barrio de Los Rosales, el Ayuntamiento no ha dado una «explicación suficiente», y, ante una «oposición cómplice» –por el BNG, que apoya el acuerdo– y otra «floijita» – por los populares– decidieron dar ellos el paso: «Alguien tiene que defender a los vecinos».

«Nadie lo entiende», insiste, especialmente porque la cantidad que debería reclamarse aparecía recogida en los Orzamentos Municipais del año pasado en la partida de ingresos, lo cual produce un desajuste en la liquidación, explica. El Concello defiende la legalidad del acuerdo, «beneficioso» para la ciudad, y argumenta que el pasado 10 de marzo fue homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de La Coruña. En todo caso, Carrillo insiste en que esto solo valida la forma de la transacción, y no su contenido. Esto es, no entra a valorar la pérdida patrimonial que podría suponer para el erario municipal.

Desde la ACAV, de la que forman parte asociaciones vecinales de barrios como Los Rosales, Elviña o Orzán-Pescadería, insisten en que, en todo caso, los 7,3 millones de euros que fueron condonados deberían revertir en la ciudad, y nunca en los «bolsillos» de una gran empresa que legalmente «no tiene derecho» a ellos. Los coruñeses, continúa Carrillo, sienten «mucha frustración« con la gestión local y no entienden »esta opacidad y este no decir las cosas, el no hablar con los vecinos«. »Nosotros queremos ayudar con crítica positiva y nos toman como enemigos. [...] Queremos ayudar con nuestro tiempo, que no cobramos –señala sobre el asociacionismo vecinal– y nos da la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor es lo que quieren, desanimarnos y que se desactive todo el movimiento vecinal«, lamenta. Ahora, les queda esperar al dictamen del Consello de Contas, que ya les ha respondido confirmando que »admite« la solicitud.