La Coruña pide topes que alimentan el temor de un éxodo de propietarios

«Es evidente que La Coruña es una zona tensionada porque los precios de los alquileres impiden a muchas personas acceder a una vivienda en el mercado libre. Hemos solicitado a la Xunta —que posee la potestad de tramitar el asunto ante el Estado— la declaración de zona tensionada, pero hasta el momento lo único que recibimos han sido atrancos y problemas«, declararon a ABC fuentes del consistorio.

En este último mes, febrero, el rango de precios por los que se firmaron contratos registró una variedad amplia. Según los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), recogidos por el Observatorio Galego da Vivenda en su último informe, en las inmediaciones de Mesoiro, Pocomaco y Feáns, un área apenas residencial, los contratos se firmaron, de media, por unos 500 euros al mes. En buena parte de la urbe, la cifra se eleva a los 500-600; y, en el corredor que conecta Bens con la Marina, el precio medio no baja de los 650 y alcanza cifras bastante más altas. En el entorno de la Avenida de Finisterre, la renta media está en 908,1, mientras que un año antes era de 806,3, cien euros menos. «Desde Juan Flórez hasta San Agustín; por San Andrés y todo el centro de la ciudad, siempre ha habido alquileres mucho más caros que por la periferia. ¿Qué pasa? Que ahora ahí también está subiendo», cuenta Verónica Urreaga, abogada en el despacho Estévez Campos, en representación de la Asociación de Inquilinos coruñesa.

Explica que la tendencia al alza se ha extendido a barrios más alejados, como Elviña, que esquivaban la subida, pero ya no: el distrito más barato en La Coruña, el de Mesoiro, registró una renta media de 512,9 euros, cuando en 2023 fue de 387,5. «Entonces, la gente se tiene que ir a alquilar fuera», a núcleos en municipios lindantes al coruñés, como Arteixo, Oleiros o Culleredo, que cada vez son más recurrentes por su uso como ciudades dormitorio.

«Problema: que si se establecen topes para los alquileres, al propietario no le va a interesar alquilar. Encima, con la nueva Ley de Vivienda, si no le ingresan la renta, tiene unos problemas tremendos para desahuciar por falta de pago«, apuntala la abogada sobre una inseguridad que afecta, especialmente, al pequeño tenedor. Describe como habitual un perfil que emplea el cobro de un alquiler para compensar su hipoteca o complementar una pensión baja.

A su juicio, la solución no pasa por fijar topes, sino por ofrecer más vivienda pública para que la privada se deprecie orgánicamente. Por eso lamenta su parálisis; señala las «300.000 viviendas» que «ofreció [Pedro] Sánchez» y de las que «nunca más se volvió a hablar»; mismo caso que el de las «trescientas» proyectadas por el Concello coruñés. La Xunta entregó esta semana dos en el parque de Xuxán, «pero no es suficiente». «Se tienen que poner de acuerdo. Si el ayuntamiento no tiene fondos, que ceda suelo público para que la Xunta pueda edificar. (...) 300 viviendas en una ciudad pequeña como esta serían de ayuda. Tiene que haber consenso: vivienda pública, pero ya. No hace falta que sean miles de casas; conviene ir poco a poco, pero haciéndolas«, zanja Urreaga.

Según el último informe del Observatorio Urbano, con datos de 2022, tras seis años en los que no se calificaron viviendas de protección pública —de 2013 a 2018—, se designaron 94 en 2019, 73 en 2020 y 80 en 2021; todas en Xuxán y de promoción privada. En 2022 se volvió a la anterior cadencia y no hubo añadidos. Emma Martínez, presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), opina que, aunque la declaración de zona tensionada solo reduciría los alquileres de los grandes tenedores, mientras que los pequeños propietarios no podrían encarecerlos, crearía «una diferencia entre unos y otros» imperceptible para el consumidor, pero que ahuyentaría del mercado habitual a una parte de los propietarios y dejaría indefensa a la mayoría restante.

Como contramedida, urge a ofrecer «totales garantías« para ellos: »Si el Estado avalase a los inquilinos, la gente no tendría miedo a alquilar (...). Tenemos un problema grave, se han ido miles de viviendas al alquiler vacacional porque no se recoge en la ley de vivienda habitual. Allí hay libertad de precio y de condiciones. Se acaban yendo porque sienten que están más protegidos«.