El concello de Pontevedra le puso un detective a un bombero de baja

Pablo Pazos

SANTIAGO

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31/01/2023
Actualizado a las 20:03h.

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El concello de Pontevedra, gobernado por el bipartito BNG-PSOE, y encabezado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores desde hace más de dos décadas, dio luz verde en 2021 a la contratación de un detective privado para realizar una investigación a un bombero que se encontraba en situación de incapacidad laboral. Se da la circunstancia de que este funcionario municipal forma parte de un grupo musical, que se disponía a llevar a cabo una actuación en un local de la provincia. La contratación del detective se justificó, por parte del director xeral de recursos humanos, José Manuel Gnzález, por una «posible infracción de naturaleza disciplinaria de carácter grave». Pero desde CCOO se sospecha que el motivo real fue otro, y lo enmarcan en el enconado conflicto del concello con policías y bomberos.

Fuentes del sindicato explican que el funcionario investigado se encontraba de baja por motivos psicológicos. Según el informe donde se proponía acudir a asistencia externa —contratar los servicios de un detective—, consultado por ABC, desde junio del 21. Su grupo musical anunció a través de las redes sociales una actuación en un local el 23 de octubre. El 20 se da luz verde a activar la investigación y al día siguiente, 21, ya se recibe presupuesto, de 363 euros, IVA incluido, para una investigación de seis horas. Una actuación que se achaca, por parte del concello, a la «gravedad» que entrañaría el hecho de que el bombero, de baja, participara en un concierto, por tener «entidad suficiente para poder proceder» contra él «por una posible infracción de naturaleza disciplinaria de carácter grave». Tercian, desde CCOO, que el funcionario contaba con informes médicos que avalaban que podía realizar esta actividad, e incluso se aconsejaba, tal y como aportó una vez que se le abrió un expediente que, aclaran desde el sindicato, no prosperó, por más que se alargó en el tiempo; y que provocó al bombero una recaída.

De acuerdo con un certificado de la secretaría de la administración municipal, desde 2019 hasta finales de 2022, solo hubo una investigación laboral con intervención de una empresa privada de seguridad, la que tuvo por objeto hacer un seguimiento a este bombero. En ese tiempo, se autorizaron otras 16 investigaciones laborales, sin empresas externas involucradas: 11 a policías y dos a bomberos, lo que refuerza la convicción de CCOO de que todo se da en un «marco» de un «conflicto» que ha ido más allá de la laboral para pasar a lo político.

Desde el sindicato se subraya que no tenía «sentido» contratar a un detective para acudir a una actuación publicitada en redes sociales, máxime cuando habría decenas de testigos que certificarían la presencia del bombero. Lo ven «dinero tirado» y ponen en entredicho, aunque no haya tacha legal, en qué lugar queda la «ética política» de un gobierno de izquierdas. También les sorprende la celeridad en la tramitación, lo que les da pie a sospechar que había un elemento de premeditación. Están «convencidos» de que el objetivo no era este funcionario, que no tiene ninguna vinculación con sindicatos ni milita en ninguna organización de este tipo, pero que acabó pagando el pato.

Creen en CCOO que la contratación del detective obedecía, en realidad, a un afán por investigar a otras personas que pudieran estar presentes en el concierto; estas sí muy vinculadas a la organización sindical, lo que también explicaría las seis horas de seguimiento.

De trasfondo, el conflicto laboral que se remonta casi una década, con un rosario de fallos judiciales en la pugna entre unos y otros por la retribución de horas extras y falta de personal. Desde hace dos años, las mesas de negociación son un erial, con vacío sindical a Lores. El caso del detective lo ven, en CCOO, como un «paso muy sustancial« en una tensión que, acusan, adquiere tintes de »persecución«.