Cobre San Rafael estima que generará en torno a 2.000 empleos con la reapertura de la mina de Touro-O Pino

Así lo indicaron ayer Daniel Domínguez, director de Gobernanza y Reporting ESG de la consultora, que presentó los resultados junto a Fernando Riopa, director general del proyecto, ante vecinos de la comarca, representantes del mundo empresarial y académico y miembros de los gobiernos municipales locales.

El proyecto fue declarado como estratégico por la Xunta en junio de 2024 y la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) previa para la aprobación de la iniciativa continúa en proceso. Ya en 2017, el proyecto recibió una DIA negativa, motivando la reformulación del plan con 80 novedades que incluyen, entre otras, la rehabilitación de las tierras afectadas por la explotación previa, que cerró en 1986.

Según los estudios presentados, Cobre San Rafael generará un cuarto de los empleos directamente entre los vecinos de los municipios de Touro y O Pino que, a su vez, verán aumentada su recaudación de impuestos en 18 millones de euros para las arcas municipales. «Representarán el 34% de los ingresos tributarios del Concello de Touro y del 45% de los de O Pino», especificaron en un comunicado.

Además, el complejo minero destinará «aproximadamente 500 millones de euros a proveedores locales», lo que permitirá dinamizar la economía local y generar empleos de otras actividades relacionadas con la minería. Según la documentación, supondrá la «creación de 12 nuevos puestos de trabajo por cada millón de euros de contribución fiscal directa». «Esta inyección financiera supone un beneficio directo tanto para las empresas de la comarca como para los residentes locales, mejorando el acceso a nuevas oportunidades laborales», añade Cobre San Rafael en el comunicado.

Un impacto al que se suma al desarrollo de infraestructuras y que dotará a estos municipios de una mayor capacidad de gasto para servicios básicos, estiman, ya que el «85% de los ingresos tributarios de Touro y el 80% de los de O Pino provienen de impuestos locales, mientas que el resto corresponde a tasas».

Respecto a las infraestructuras, el estudio subraya que la cantidad de impuestos que aportará la iniciativa minera equivale al «5,15% del valor de las infraestructuras municipales de Touro y un 0,23% en el caso de O Pino» respecto a los datos de 2022. Unas cifras equivalentes a 1,57 veces la cantidad que emplea el Concello de Touro en educación y sanidad y un 4,69% en el caso de O Pino.

Por último, el proyecto formado por la colaboración de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining se compromete a una inversión anual de medio millón de euros en acciones sociales y promoción de proyectos locales , culturales y deportivos en los aproximadamente 15 años de actividad que prevé Cobre San Rafael.

Además de los simpatizantes al proyecto, algunos de sus detractores se darán cita el próximo sábado 22 de marzo en Pobra do Caramiñal. En un comunicado difundido a los medios, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) indicó que «500 barcos» de la ría formarán parte de una manifestación por tierra y mar contra la reapertura de la mina y el proyecto de Altri en Palas de Rei.

Una convocatoria en la que también participarán organizaciones como la CIG, Adega, patones mayores de las cofradías de la Ría de Arousa, asociaciones de mariscadoras y colectivos contrarios a la implementación de estos proyectos declarados estratégicos por el Ejecutivo gallego.

«En la tierra y en el mar estamos en peligro, el más alto tribunal gallego ha dicho a la Xunta que sus tramitaciones ambientales no son acordes a la ley», afirmó el presidente de PDRA, Xabier Rubido, que pidió la paralización de ambos proyectos industriales.