Los Charlines vuelven al banquillo de la Audiencia Nacional por blanqueo tras la muerte del patriarca

A Charlín lo detuvieron por primera vez por tráfico de drogas en septiembre de 1981, y desde aquel lejano estreno en los calabozos de la comisaría de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), el patriarca acumuló una decena de detenciones. Más de tres décadas dedicadas al narcotráfico en el que Manuel Charlín logró amasar un ingente patrimonio. Parte de su familia heredó y continuó con el negociado.

Una decena de encausados, básicamente familiares —hijos y nietos— y testaferros, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel en la última causa contra los Charlines por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La Fiscalía reclama, además, multas de entre 10 y 12 millones de euros para cada uno. Y también el decomiso de propiedades, como una depuradora de marisco en la Illa de Arousa, además de pisos, trasteros y garajes en Vilanova. También otros dos millones en efectivo. No estarán en el juicio, como se ha dicho, tres miembros del clan por haber fallecido: el propio patriarca (muerto en 2021); su esposa, Josefa Pomares (2012), y su hijo Manuel (2019).

El clan de los Charlines, según el escrito de acusación previo al juicio del fiscal Luis Uriarte, diseñaron un entramado de personas y sociedades para conseguir blanquear todo ese capital. Todos —los investigados— participaban, pero, según el fiscal, era el propio Charlín 'el viejo' quien tomaba las «decisiones últimas» pese a estar en la cárcel. Desde allí movía los hilos y «era consultado» sobre cómo mover el dinero y los bienes adquiridos.

Varios miembros del clan que ahora se sentarán en el banquillo, en un juicio que se alargará durante el mes de octubre, ya fueron condenados en 2003 por blanqueo. Pero desde entonces y al menos hasta 2010, según el fiscal, no dejaron de 'lavar' su fortuna. La forma de hacerlo fue variada.

En una ocasión, por ejemplo, una nieta de Charlín, actuando de testaferro, se hizo en subasta con la mencionada depuradora, que era de su madre, y quien realmente ponía el dinero. Luego, la cambiaron a nombre de testaferros ajenos a la familia. Otro método fue la inversión de dos millones de euros —de los que se pide el decomiso— de una planta de marisco en China: la alquilaban por 7.000 euros al mes para que simular que era una renta lícita. Las autoridades chinas acabaron retirándole la licencia de actividad por no pasar las revisiones pertinentes. La Fiscalía le acusa también de otras operaciones inmobiliarias para lavar dinero y ocultarlo en Suiza.