El caduco sistema de financiación priva a Galicia de 1.500 millones cada año

¿De dónde surge este desfase? Contas consigna que, en el período analizado, los ingresos del SFA suponen un promedio anual de 7.420 millones; el 84% de los ingresos no financieros de la Comunidad. A su vez, el gasto liquidado por Galicia en sufragar servicios fundamentales se situó en un promedio anual de 6.859 millones; mientras que la liquidación del Fondo de Garantía –que los financia– se quedó en 5.324. La diferencia, siempre de media, son los citados 1.535 millones anuales. Aún excluyendo la financiación adicional, y computando solo el gasto financiado con fondos propios, el déficit es notorio: 1.075 millones al año (391 por habitante).

La Comunidad también está en desventaja en cuanto a capacidad tributaria –margen para subir o bajar impuestos– por la asignación de recursos: seis puntos por debajo de la media autonómica, cuando sus necesidades de gasto se sitúan siete puntos por encima. En 2021, su capacidad tributaria por habitante era de 2.274 euros, en comparación con los 2.618 de media. Atendiendo a la financiación homogénea por habitante, Galicia está por encima de la media (2.505 euros anuales vs 2.434), pero su dinámica en la captación de recursos es «decreciente» y «opuesta» a la global, por «la pérdida sistemática de población total y ajustada». Tanto es así, que el peso relativo de los recursos en el sistema de financiación –a competencias homogéneas– pasó de un 7,1% en 2010 a un 6,6% en el 21. La Xunta –con el PP a los mandos– solventó la insuficiencia de ingresos con niveles de gasto inferiores al resto de regiones.

Galicia, se colige, paga el pato de un sistema de financiación injusto con sus características. El informe recuerda que «la determinación de las necesidades de gasto (...) no se realiza en función del coste efectivo de los servicios (…), sino que está ligada al indicador de población ajustada». La ponderación de las principales variables poblacionales de ese indicador, como la población protegida (38%) o la población en edad escolar (20,5%), «no representa el peso real de los gastos» correspondientes, situado en Galicia alrededor del 45% y 25% del gasto autonómico.

Otra variable, la dispersión, no tiene tampoco un «tratamiento adecuado para dar respuesta a los sobrecostes» que genera; ni el envejecimiento posee un «tratamiento diferenciado acorde con los costes reales». El peso de la población ajustada no ha dejado de caer en Galicia: de 6,78 en 2009, a 6,56 en 2021. Dos décimas que pueden no parecer demasiado, pero cuyo impacto se comprende mejor aterrizándolo en cifras. Como la pérdida de 220 millones del Fondo de Garantía en 2021.

A Pedro Sánchez no le interesa abrir el melón de la financiación y ahí sigue, cerrado a cal y canto. Con una nueva propuesta del Ministerio de Hacienda que no satisface a Galicia, porque –enumera el informe, aprobado por el pleno de Contas el 8 de mayo– es «escaso» el peso de los tramos de mayor edad en la ponderación de la población protegida; se consideran usuarios potenciales, en vez de reales, en el ámbito educativo; y no se ponderan los costes de servicios sociales atendiendo a los grados de dependencia. A mayores, mantener la ponderación de la dispersión en el 0,6% tampoco cubre el déficit que le genera a la Comunidad; que no recibirá recursos a través de la variable de costes fijos; y apenas obtendrá un reducido porcentaje por despoblación.

Ante esta realidad, el Consello de Contas aboga por un modelo «basado en la suficiencia global de recursos, en la nivelación total y distribución en proporción a las necesidades reales de gasto»; y calcular la población ajustada con un estudio «riguroso» del coste de la prestación de servicios.