El BNG defendía antes de entrar en Raxoi que las VUT operasen con «autorización autonómica»

Sobre el asunto, los nacionalistas compostelanos asumían que el texto inicial se debería modificar para aclarar que «dada la situación de inseguridad jurídica creada por la administración autonómica y por la municipal, y hasta que se aclare jurídicamente si es competente o no el concello para solicitar un título habilitante» estas viviendas podrían seguir funcionando. En concreto, exponían: «Las viviendas de uso turístico registradas con anterioridad a la aprobación definitiva de la citada Modificación podrán desarrollarse con normalidad como alojamientos turísticos si disponen de la autorización autonómica». Es decir, si están dadas de alta en el REAT.

El posicionamiento conecta con las declaraciones ofrecidas por la actual regidora de la capital gallega, que en varios encuentros con los colectivos afectados les trasladó su voluntad de regular los pisos turísticos activos en el registro autonómico, entre 650 y 800 en toda la urbe. En la misma línea, el BNG se abstuvo en la modificación impulsada por el ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo el pasado invierno, cuando se decretó el cierre de las VUT en buena parte del municipio. En concreto, su extinción en toda la almendra de la ciudad y su supervivencia únicamente en bajos y primeros de la zona nueva. En ese momento, con un alcalde aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual llegada del BNG a Raxoi relajaría el escenario. Es más, portavoces de estas plataformas depositaron todas sus esperanzas en una ordenanza en la que -esperaban en base a estas conversaciones- se regularizase a todos los que tenían licencia autonómica y estaban funcionando desde antes de la citada modificación. La sorpresa, cuando la alcaldesa les comunicó que la situación no iba a variar una coma de la aprobada en pleno por Bugallo, fue importante.

Echando la vista atrás después de años de enfrentamiento con hasta tres ejecutivos distintos, los propietarios de estos pisos asumen sobre la política con las VUT preexistentes que «donde dije digo digo Diego» para no ofrecerles una situación que, insisten, pelearán en los tribunales. Y lanzan una pregunta al aire que aún no tiene respuesta: «Qué pasará con las 4.000 plazas de alojamiento que Santiago dejará de ofrecer?»