La Audiencia Nacional acerca al banquillo a ocho investigados por la venta irregular de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés

Así lo solicita la jueza María Tardón, que concluye la fase de instrucción en un auto donde aprecia indicios de hechos constitutivos de delitos como la apropiación indebida o la administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capital y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal. Asimismo, la jueza estableció el sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra la filial de la compañía en España, Alcoa inespal, así como a Chistine Keener, Álvaro Dorado Baselga, Kai Rune Heggland e Ignacio León Moro. Por otra parte, Tardón acerca al banquillo a Víctor Rubén Doménech, Joachim Magim, Luis Losada Gómez, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, Alexandra Camacho Carrascal, Diego Peris Sirvent, Antonio Fernández Silva y Eduardo Julio García Hidalgo.

Los hechos se remontan a 2019, con los procesos de venta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa Inespal en La Coruña y Avilés, en un momento de dificultad económica para la compañía, que se tradujo en dos operaciones. La primera, en la que Alcoa vendió ambas plantas a las sociedades mercantiles Alu Holding AC Spain S.L. y Alu Holding AVL 2019 Spain S.L., creadas justo antes de la venta a la sociedad suiza Blue Motion Technologies AG, por el precio simbólico de un euros.

Menos de un año después, Blue Motion, incumpliendo los acuerdos de la venta anterior, revendió el 74,68% de las participaciones de las dos empresas creadas para adquirir las plantas de Alcoa por un valor de 13 millones de euros a la sociedad System Capital Managment -actualmente, Iberian Green Aluminium Company S.L.-, creada también poco antes del proceso de venta de las plantas de Alcoa por el investigado Víctor Rubén Domenech.

En el auto también consta que los 13 millones se extrajeron de la tesorería de las plantas de La Coruña y Avilés, una operación presuntamente orquestada por Domenech y Joachim Magin en la que también habrían participado Luis Losada Gómez como administrador de la empresa compradora y Fernández de Bobadilla Lázaro como asesor jurídico. Además, Magin ordenó, antes de esta segunda venta, que las sociedades creadas para comprar las plantas de Alcoa en la primera operación transfiriesen una cantidad cercana al millón de euros a cuentas en Suiza de empresas que también gestionaba él.

Según la jueza, a partir de la segunda transmisión irregular de las dos factorías «se empieza a desarrollar una concatenada y reiterada sucesión de hechos que tendrían como objetivo la descapitalización y despatrimonialización de las entidades y sus iniciales activos y su desvío y canalización, bien hacia el patrimonio personal de los investigados, bien a las estructuras societarias que han ido configurando 'ad hoc' para apoderarse de aquellos». Todo ello perjudicando tanto a los trabajadores como a los acreedores de las plantas de aluminio.

La última fase de esta presunta trama responde al lavado del dinero extraído de la venta. Según el auto, los acusados contaban con un mecanismo para invertir el dinero en criptomonedas a través de cuentas de las empresas de Domenech y Fernández de Bobadilla para después volver a convertirlas en dinero físico. Un proceso en el que también colaboraron presuntamente Fernández Silva y García Hidalgo. Ahora será el turno de la Fiscalía y las partes acusadoras para solicitar el juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.