Archivada una de las piezas de Pilar de Lara contra el exalcalde de Orense, Francisco Rodríguez

El auto del Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad de As Burgas, dictado el pasado 5 de mayo pero conocido este martes, determina el sobreseimiento provisional de la pieza, relativa a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias entre la empresa Aquagest y responsables del consistorio orensano. De Lara indagaba sobre «la adjudicación de diversos contratos o concesiones de servicios públicos» que se habrían producido en 2012, y por los que imputó al exdelegado en Galicia de Aquagest y a su esposa, al entonces alcalde Francisco Rodríguez y al exsecretario de la diputación provincial, Francisco Cacharro.

Como en el grueso de las instrucciones realizadas por De Lara, «la investigación se fundamenta, en esencia, en el resultado de las escuchas telefónicas (...) realizadas por el Servicio de la Vigilancia Aduanera, y a través de las mismas se desprenden sospechas de un posible tráfico de influencias». Sin embargo, la juez «no concedió a los investigados la posibilidad de reconocer o contrastar tales escuchas o sus pasajes más relevantes a fin de que admitan su veracidad», como indicó el fiscal. Y ese paso ahora no puede realizarse porque ha «transcurrido ampliamente el periodo de instrucción, sin que sea posible la práctica de nuevas diligencias».

Así que, con la documentación remitida desde Lugo, el magistrado Luis Doval, titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Orense, considera que la investigación «solo alcanza a mostrar sospechas o indicios preliminares, derivados de esas conversaciones» de un posible amaño de contratos. Los pinchazos fueron efectuados, en su mayoría, al exdelegado de Aquagest, y en ellos habría un asomo de intento de «contactar telefónicamente, entre otros», con Rodríguez, «su hijo» o la exconcejal socialista Áurea Soto, «con el fin de obtener un beneficio en la adjudicación de contratos. Pero estos indicios «carecen de peso suficiente, sin una mayor concreción instructora, para la continuación de la causa».

Además, respecto a Francisco Cacharro, «tampoco consta acreditado ningún pago directo o indirecto al mismo por la emisión de informes a favor, no constituyendo indicio delictivo determinante el abono de dos viajes por parte de Aquagest a Málaga y Barcelona, que se remontan al año 2007». Al «no estar acreditada suficientemente la existencia del delito» de tráfico de influencias, el magistrado Doval decreta «el sobreseimiento provisional».

Es la segunda pieza que se archiva contra Francisco Rodríguez, que tuvo que dimitir de su cargo de alcalde de la tercera ciudad de Galicia cuando estalló la 'operación Pokemon'. El exregidor fue detenido por Vigilancia Aduanera el 20 de septiembre de 2012 y aislado en los calabozos de la comisaría de Pontevedra durante cerca de dos días, hasta su paso a disposición judicial. Nueve días más tarde, Rodríguez presentaba su dimisión. Tras este archivo, todavía tiene pendiente una causa más, la pieza central de la Pokemon.

Diez años después del inicio de una operación judicial que sacudió al poder político municipal en Galicia, que se saldó con detenciones e imputaciones a alcaldes, concejales y asesores de distinto color político por toda la geografía regional, la causa es más conocida hoy por cómo se ha ido desinflando en todo este tiempo que por las condenas que ha impuesto a los políticos supuestamente corruptos. Hace apenas siete días se conocía otro carpetazo, en esta ocasión a otra pieza separada por presuntas actividades delictivas en el Concello de Santiago de Compostela durante el breve mandato del popular Gerardo Conde Roa, en el que tanto él como dos ediles y su jefe de gabinete estaban también investigados. La juez Elvira Cangado, titular de Instrucción º3 en la capital gallega, archivó la causa argumentando que la documentación remitida desde Lugo no era sino «un batiburrillo de datos, a veces sin conexión entre sí, anuncio de la existencia de comisión de múltiples delitos y personas presuntamente responsables, pero no se concreta qué acción o acciones se imputan a cada una de ellas». Más allá de pinchazos telefónicos, la magistrada compostelana mostraba su sorpresa de que no constaran las declaraciones «como investigados» de Conde Roa y el resto de sospechosos.