El año de la oposición a proyectos industriales y del parón eólico

También en el ámbito industrial, el goteo de proyectos eólicos paralizados por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) continúa lastrando al sector, con más de 70 instalaciones suspendidas cautelarmente, limitando el potencial eólico de Galicia a la mitad y su capacidad para transicionar a un modelo energético verde, de acuerdo a los objetivos del plan de descarbonización fijados por la Unión Europea. Un freno por el que Galicia ha perdido el liderazgo como autonomía con más potencia eólica para situarse en tercer lugar (por detrás de Castilla y León y Aragón), con críticas desde las principales asociaciones que claman por mayor seguridad jurídica. Desde la Xunta, preparan una nueva legislación que entrará en vigor previsiblemente el próximo 2027, mientras que las primeras medidas transitorias constan en la ley de acompañamiento aprobada junto a los Orzamentos.

Respecto a las ayudas europeas, de los ocho Pertes industriales, Galicia recibe ayudas de todos ellos por un importe total de 671 millones de euros (un 5,71% del total resuelto). Destaca la aportación del Perte para energías renovables e hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA), que deja 368 millones de euros en la Comunidad, seguido por el Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado) con 147 millones de euros y el Perte CHIP, que supondrá 54 millones.

Además, el debate sobre infraestructuras clave como la AP-9 o la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal fueron protagonistas para la Comunidad en 2024. En el primer caso, sin atisbos de interés por parte del Gobierno central a la hora de transferir la autopistas, en contraste con los gestos sobre la transferencia de las competencias del litoral gallego, que prevé oficializarse en 2025. Por otra parte, el baile de fechas sobre la consecución de la conexión de AVE entre Vigo y Oporto y la falta de fondos reducen al mínimo las probabilidades de conectar ambas regiones en 2030.

El proyecto de Altri para la construcción de una fábrica de fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei ganó relevancia este 2024 como foco de desencuentro para parte de la sociedad gallega. Desde marzo, después de las elecciones, la idoneidad o no de la consecución de este proyecto, declarado estratégico por el Ejecutivo autonómico, ha ganado peso entre las críticas de la oposición contra el gobierno de Alfonso Rueda. Desde el BNG, en conjunción con a asociaciones y grupos ecologistas, se gestó una campaña basada en eslóganes como que se trata de «bomba medioambiental» o un ejemplo de «colonialismo extractivo».

Todo ello mientras el proyecto se encuentra en fase de tramitación, a la espera de conocer el resultado de los informes de impacto ambiental que elaboran técnicos independientes en la Administración para saber si se cumplen los requisitos necesarios para darle luz verde. Desde el PSdeG tampoco necesitaron esperar a los informes para que su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, señalase en más de una ocasión que no ve «viable» el proyecto, poniendo en cuestión su idoneidad para recibir fondos europeos. De los 1.000 millones de inversión, 250 corresponderían al Perte que gestiona el Ministerio de Industria, que aguarda a los informes y clarificó que las opiniones de Besteiro son «a título personal».

Mientras Altri defendía la «idoneidad» de su proyecto para la captación de fondos europeos, como eje potencial para la descarbonización textil y el empleo de fibras sostenibles y biodegradables para el sector, desde organizaciones ecologistas, sindicatos y plataformas como Ulloa Viva o PDRA capitalizaron la protesta. Una campaña de rechazo en la que utilizaron medios como las alegaciones contra el proyecto (de las 24.000, sólo el 5%, salieron de la comarca de Ulloa y el 70% corresponden a un único formulario) y manifestaciones en Palas de Rei y Santiago de Compostela para mostrar músculo, sin consecuencias, al menos por el momento.

Finalmente, la planta de aluminio de Alcoa en la Mariña lucense, San Cibrao, continúa sin producir a pleno rendimiento tras un 2024 tumultuoso, en el que los malos resultados de la compañía estadounidense a nivel global en 2023 generó aun más dudas sobre el futuro del complejo, del que dependen aproximadamente 1.500 trabajadores teniendo en cuenta las empresas auxiliares establecidas en su órbita. Aunque en un principio todo apuntaba a una venta de la compañía, la falta de ofertas vinculantes y el compromiso a mantener el plan de viabilidad firmado por el comité de empresa (apagar las cubas de electrólisis a cambio de inversiones para modernizar la fábrica y reiniciar la actividad al completo en octubre del 2025) lastraron el plan.

Tras movilizaciones de los empleados y llamamientos a la intervención estatal por parte de sindicatos y partidos como el BNG, Alcoa anunció en octubre un preacuerdo con el fondo de inversión Ignis EQT por el que recibiría 25 millones de euros a cambio de una participación del 25%. Medida que tendría que acompañar el Gobierno con un desembolso de 74 millones de euros que no recibieron al no ser apta por su debilidad financiera, aunque desde el Ejecutivo central aprobaron duplicar en 2025 la cantidad de dinero destinada a las compensaciones por emisiones indirectas de CO2.

Un tira y afloja entre la compañía, trabajadores y administraciones en la que aspectos como el coste energético para reactivar la planta (sin los parques eólicos destinados para su actividad operativos) o la tramitación de la balsa de lodos siguen sin resolverse, lo que genera más dudas que certezas sobre si San Cibrao podrá finalmente volver a funcionar a pleno rendimiento en 2025.

Será, previsiblemente, en las primeras semanas del nuevo año, cuando la compañía disipe las dudas al respecto a la espera de que se reúna la comisión de seguimiento, todavía pendiente después de que el Ministerio de Industria cancelase la reunión del pasado 5 de diciembre.

La iniciativa industrial que sí cobró ritmo este pasado año es la mina de cobre de San Rafael. El proyecto, previamente rechazado en 2020 por motivos medioambientales por la Xunta, consiguió que el Ejecutivo autonómico lo declarase proyecto industrial estratégico tras su reformulación, atendiendo a exigencias de las alegaciones de hace cuatro años, como la gestión del agua y el impacto en el territorio. Una vez iniciado el proceso de alegaciones desde el pasado 17 de diciembre por un periodo de 30 días hábiles, el siguiente paso consiste en que sea aprobado de un punto de visto ambiental y minero, ante el que partirá con las ventajas que implica su condición de estratégico, con una tramitación más ágil que permita dirimir lo antes posible si es viable o no en función de los estándares jurídicos, técnicos y medioambientales.

A la lista de proyectos estratégicos se unió durante el último mes del año la planta de Betún del grupo Gunvor en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Con este ya son 12 las iniciativas de esta tipo en la Comunidad, lo que supone una inversión total de más de 2.300 millones de euros para 4.187 empleos en Galicia.

Tras un primer paso en falso del presidente del Gobierno, que manifestó la preferencia del La Moncloa por priorizar la conexión de AVE entre Madrid y Lisboa, las críticas desde dentro y fuera de su partido provocaron que el Ejecutivo reculase. En la cumbre Hispano-Lusa, Pedro Sánchez afirmó que España preveía finalizar la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa en 2030, retrasando a 2032 la de Vigo y Oporto, mientras que su homólogo portugués dejó clara la preferencia de su país por culminar prioritariamente la conexión entre Portugal y Galicia.

Las críticas comenzaron a aflorar, desde asociaciones empresariales hasta el propio alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, que afirmó que defendería su ciudad «contra quien haga falta». No fue hasta más de un mes después cuando el secretario de Estado de Transportes José Antonio Santano desdijo la posición de su Gobierno, asegurando a Caballero que la línea de alta velocidad estaría lista en 2030 siempre que Portugal «acompañe» los plazos. Sin embargo, la falta de previsión sobre el inicio de las obras (que arrancarán, en un principio, en 2029) y de acceso a financiación para ejecutar la infraestructura, con los Presupuestos Generales del Estado todavía en el aire, dificultan que la obra pueda estar a punto para la fecha reafirmada por el Gobierno.