Ángeles Vázquez: «De las 1.280 viviendas de la Sareb, solo 5 tienen licencia de ocupación»

-Ley del litoral. ¿Satisfecha con el texto que envía al Parlamento?

- Muy satisfecha porque es una ley que fue muy participada, donde todo fue transparencia y donde no tuvimos que pedirle a ningún sector que estuviesen a nuestro lado, simplemente lo que hicieron fue impulsarnos buscando el máximo consenso. Desde que empezamos con el texto lo fuimos enriqueciendo hasta un 60%, y creo que es una muy buena ley donde nadie puede dejar de estar a su lado.

-¿Qué medidas recoge el proyecto para darle garantías a la cadena mar-industria?

-Lo que lo que hicimos es dar una seguridad jurídica desde el momento en que decidimos qué actividades se pueden llevar a cabo en la costa, y dentro de esas actividades cuáles son estratégicas, porque lo que recogemos en la ley es lo que es Galicia en sí, es nuestra manera de ser, nuestro modo de vivir en nuestra singularidad en la costa. La cadena mar-industria es estratégica, sin duda. Puede y debe estar instalada cuando necesite agua del mar. No sólo eso, sino que aparte de la cadena mar-industria, tenemos que poner en valor un turismo de calidad y no decimos que vamos a implantar «300 hotelitos», lo que decimos es que dentro del catálogo que tiene recogido la Xunta podemos hacer un cambio de uso. ¿Por qué no podemos permitir que el monasterio de Oia sea un hotel cuando los faros que dependen del Gobierno también lo son?

-¿Teme los palos en la rueda de los ecologistas?

-Ningún ecologista se puede oponer a esta ley. Protege más de lo que protegía la Ley de Costas. Dividimos la ley en distintos ámbitos y hay recursos naturales que por supuesto vamos a seguir protegiendo, es nuestra obligación y queremos hacerlo, y para eso habrá una zona de máxima protección ambiental. Dividimos una segunda zona, que aún teniendo un gran valor desde el punto de vista de los ecosistemas ya podemos ver ámbitos como núcleos rurales. Y hay una tercera zona de ordenación que vienen a ser los puertos, que son zonas que ya están urbanizadas, por lo tanto hay que humanizarlas, no hay que renaturalizarlas. El ecologismo es sensato y siendo sensato tiene que pretender lo mismo que nosotros.

- ¿Y qué espera del Gobierno?

- Ayer sorprendentemente -y yo lo aplaudo- el secretario general del PsdeG se puso al lado de la ley. Es que no podía hacer otra cosa. Se le explicó a todos los ayuntamientos desde el primer momento, de distintas ideologías pero con los mismos problemas. Si la mitad de la población de Galicia vive en los municipios costeros esa población necesita saneamiento y abastecimiento. ¿Tiene algún sentido que recibamos informes desfavorables para renovar el saneamiento? Eso estaba ocurriendo, con lo cual había un concepto no técnico sino ideológico, pero lo estaban sufriendo también los ayuntamientos del PSOE. Frente a eso tenemos un Ministerio, con Teresa Ribera y su secretario general, que divagan más que estudian y por supuesto toman decisiones sin tener estudios científicos y sin conocer la realidades como las podemos conocer desde la Comunidad Autónoma.

-¿Le preocupa que el Gobierno le recurra a la ley?

-No debería. Es más, yo creo que ni siquiera podría recurrirla. Es un texto que tiene los filtros desde el expresidente del Tribunal Constitucional pasando por más de una docena de catedráticos de Derecho administrativo, de la Asesoría Jurídica general, y sobre todo de unos aliados importantes con Galicia y con el litoral como son el Observatorio del Litoral. No hay visos de inconstitucionalidad. Es más, es que somos muy respetuosos con la Ley de Costas.

-¿Qué cree que ha movido al PSOE gallego a probar o anunciar su apoyo a la ley?

-Yo creo que en realidad fue que tuvo que evaluar el texto, que sus ayuntamientos que son quien lo representan estuvieron dando el aval desde un principio a esta ley y por lo tanto no podían quedarse atrás. Quedarse atrás, pues suponía ponerse una vez más del lado de Pedro Sánchez esquinando a Galicia y ya lo hicieron varias veces. No podían volver a repetir ese error y yo me alegro. Espero que esta ley sea un consenso total también con el BNG.

-La Ley de Vivienda salió el jueves del Congreso. ¿Galicia la va a recurrir o la va a cumplir?

-Seguimos estudiando la ley. Todavía no tenemos el texto definitivo. Por supuesto llamó la atención el llegar a acuerdo con Esquerra y Bildu. Esta ley nace siendo un fracaso, no está amparada ni avalada por nadie excepto el PSOE y sus socios, que le doblaron el brazo. ¿Recurrirla? Primero la vamos a estudiar. Vamos a hacer las interpretaciones que sean más favorables para Galicia pero supone la mayor parálisis de la promoción público-privada de la historia. Desde el momento en que en el 50% de la reserva de suelo, que es también de los ayuntamientos, es obligatorio que el promotor de esas viviendas las destine a alquiler por tiempo indeterminado. Si no apoyas a ese promotor, no las va a sacar para delante. Cuando existe competencia los precios se van a regular y aquí el efecto va a ser el contrario, toda vez que engarzamos con un segundo punto que también es trascendental: desde el momento en que hay inseguridad jurídica a la hora de alquilar un inmueble, el propietario va a buscar otro recurso y ese puede ser fácilmente convertirlo en un piso turístico. El siguiente añadido es que se regula la inqui-ocupación: cualquier ciudadano que esté en un alquiler y decida no pagar y su renta no sea superior a tres veces el IPREM -y estamos hablando de unos 1.800 euros- se considera vulnerable y obliga al propietario a tenerlo al menos durante dos años en su propiedad o hasta que la Administración le busque un recurso habitacional. Si paralizamos la construcción de viviendas, si las pocas que tenemos se van hacia una vivienda turística y si a eso añadimos que habrá gente que deje de alquilar, el caos va a ser terrible.

-Uno de los conceptos que aparece en la ley es el de las zonas tensionadas. ¿Galicia las ha detectado? ¿Existen aquí zonas tensionadas?

-Tal y como está regulado en esta Ley podemos tener ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes que se consideren tensionados. La pregunta es quién va delimitar esas zonas tensionadas, toda vez que las competentes en materia de vivienda éramos las Comunidades. Con esta ley dejamos de tener competencia, primero porque se saca para adelante sin haber contribuido en absoluto al texto a través de las conferencias sectoriales, y por otro lado se meten a regular hasta la vivienda pública de las propias CC.AA. Por lo tanto la pregunta es quién va a delimitar estas zonas tensionadas. El Gobierno central no va a querer, entonces lo deja en manos de quien tenga las competencias, que puede ser o la Comunidad o los ayuntamientos.

-¿Tiene Galicia un problema de falta de vivienda pública?

-Galicia tiene demanda de vivienda pública en las grandes ciudades y ahí es donde estamos trabajando. Trabajar es que salgan a licitación los proyectos constructivos y que salga a licitación la obra. Eso lo estamos haciendo en La Coruña, en Lugo, en Santiago, en Pontevedra, también en Vigo, que es donde hay una mayor demanda. Pero no es la única solución la vivienda pública. Hay otras soluciones, como poner vivienda en el mercado y ayudar a los jóvenes a que puedan comprar vivienda. Hoy mismo [por el viernes] firmábamos con dos entidades, Abanca y Caja Rural, y es el primer día para que puedan solicitar los avales los menores de 36 años. Llegamos hasta un 20%, era un problema que teníamos detectado. Y en el primer día estamos hablando de que ya recibimos pues más de 20 solicitudes. Tenemos que ayudar para seguir vertebrando el territorio para que los jóvenes puedan instalarse en las áreas metropolitanas, y ahí dar ayudas hasta 10.800 euros para que puedan comprar su vivienda. Pero también que se pueda comprar en los cascos históricos, y que se pueda comprar y rehabilitar con ayudas públicas. Y por otro lado todas aquellas parcelas cuyo uso sea residencial y sean públicas, darle la oportunidad a las cooperativas y al promotor privado para tener vivienda de promoción pública pero a través de entidades privadas.

-¿Está la Xunta satisfecha con su balance en política de vivienda pública de los últimos años?

-Hicimos un gran trabajo, hicimos un gran esfuerzo, y todo es mejorable. Ahora mismo tenemos una estrategia que fue aprobada por parte del Consello de la Xunta que ya está dotada de recursos, hablamos de 250 millones de euros, hablamos de incrementar hasta 5.600 las viviendas públicas, hablamos de 3.000 viviendas a mayores de promoción pública. Por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo. No tiene no es la misma problemática desde luego la de Galicia que la de Cataluña, nada tiene que ver, y parece ser que el Gobierno central quiere seguir los pasos de Cataluña que es donde hay el mayor problema con okupas por ejemplo. Por lo tanto todo es mejorable, pero estamos satisfechos del trabajo realizado hasta ahora mismo.

-Seguramente el caso más grave sea Santiago, donde los pisos turísticos están comiéndose el mercado del alquiler convencional. ¿Sería necesario limitar estos usos en Galicia?

-Los pisos turísticos vinieron para quedarse, pero bien es cierto que yo entiendo que hay que limitar, hay que regular y hay que legislar. Y no acabo de entender muy bien cómo en esta Ley de Vivienda no se habla de los pisos turísticos, porque al final sí que es un problema frente al resto de los alquileres.

- Las viviendas de la Sareb. ¿Cuántas hay en Galicia, dónde están y cuántas pueden usarse a corto plazo?

-Manejamos datos oficiales porque la propia Sareb nos los facilitó. Según ellos tenemos 42 viviendas a disposición de la Xunta, por si quisiéramos comprarlas. De esas 42, sólo cinco tienen licencia de primer ocupación y de esas cinco solo una está en una ciudad, que es Orense y -será la casualidad- que encima está ocupada. Con lo cual, hasta ahí podemos llegar. Luego en las noticias nos encontramos con que una ministra dice que hay 1.200 viviendas y en la página de la Sareb dice que hay 1.800. La realidad es que tenemos esqueletos de viviendas, que las que no tienen licencia de primera ocupación es porque no se pueden regularizar, porque no cumplen con la normativa. Un montón de problemas donde la administración no puede entrar. En política vale casi todo, pero no podemos jugar con los sentimientos de la gente. No puedes dar aliento diciendo que de repente va a haber 1.200 viviendas que van a ser públicas de un día para otro y que la realidad sea bien distinta. En el tema de vivienda yo lo que pido es seriedad.

-¿Pero esas 1.200 están ubicadas en el territorio?

-Pues sabemos que hay viviendas en Mugardos, en Silleda, en Lalín, pero que no se les puede dar licencia de primera ocupación. Otras están inacabadas. Todos aquellos inmuebles de los que pudo resarcirse económicamente la Sareb ya los vendió, es decir, que lo bueno ya no existe, lo que queda es lo malo, lo que es imposible regularizar. ¿Cómo un presidente del Gobierno puede lanzarse a decir que tenemos más de mil cuando sabe perfectamente que eso no es real? Y si no lo sabe, es que tenemos un problema, y si no es que está engañando a la sociedad. Nos hemos dirigido al Ministerio y por lo tanto queremos saber dónde están. Queremos saber su referencia catastral. Queremos saber cuál es su situación, pero simplemente por si estamos equivocados, que ya puedo adelantar que no.

-Estas 42 que en teoría estarían disponibles, ¿la Xunta estaría dispuesta a adquirirlas para sacarlas al mercado?

-Galicia adquirió 40 recientemente, por las que todos los gallegos pagaron 3,5 millones de euros y de estas 42 las que no tengan licencia de primera ocupación la administración no puede comprarlas. No podemos adquirir edificios en condiciones irregulares. Lamento que alguien se haya hecho ilusiones. De lo que sí pueden estar seguros es que los anuncios del gobierno gallego tienen detrás el respaldo de un presupuesto, de un proyecto y una licitación.

-¿Qué suelos militares en Galicia podrían dedicarse a vivienda?

-Es el tercer anuncio del presidente Sánchez. Electoralismo puro y duro. También nos dirigimos al Ministerio de Defensa para que nos digan dónde están esos terrenos, qué calificación tienen y en qué condiciones se van a ceder. Es complicado cuando una ministra dice que es cesión gratuita y otra que habrá que comprarlos. Y en medio estamos las Comunidades.