Alcoa acerca posturas con la administración para retomar la producción de aluminio en San Cibrao

«Hoy, Alcoa Inespal, el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia hemos dado juntos un importante paso adelante para mejorar las perspectivas a largo plazo de San Cibrao», afirmó el vicepresidente global de Energía de Alcoa, Álvaro Dorado Baselga, en un comunicado difundido por la empresa. Pero para retomar la actividad queda un actor pendiente en las negociaciones, el Comité de Empresa, que lidera las movilizaciones contra el cese de la actividad de la planta. La última protesta se produjo el pasado 11 de enero en Xove, donde precisamente reclamaban una mayor implicación del Gobierno y la Xunta para retomar la mesa de diálogo un mes después de que el Ministerio de Industria cancelase la reunión -sin fecha para retomarla- el pasado 5 de diciembre.

«Esperamos aprovechar el impulso creado hoy para avanzar en el diálogo con el resto de las partes interesadas, en particular los sindicatos nacionales y el Comité de Empresa de San Cibrao, y alcanzar los elementos finales necesarios para el futuro de San Cibrán», indica Alcoa.

Un acuerdo que si bien no es vinculante a nivel jurídico, implica una serie de compromisos por parte de la administración autonómica y estatal que se resume en cuatro puntos, en línea con los gestos realizados en los últimos meses, cuando el futuro de la compañía era incierto tras el intento fallido de venta de la fábrica y las propuestas de intervención estatal, que finalmente quedaron relegadas al preacuerdo alcanzado por la multinacional estadounidense con el fondo de inversión Ignis EQT -25 millones de euros a cambio del 25% de las participaciones-.

El principal punto de acuerdo que recoge el Memorando de Entendimiento señala un «enfoque a corto plazo en el diálogo continuo con los representantes de los trabajadores», unas negociaciones que acompaña la «priorización del rearranque de la planta de aluminio respecto a inversiones de capital que puedan aplazarse a una fecha posterior». El gesto alude al acuerdo por el que la planta de aluminio en la Mariña lucense comenzó a funcionar a mínimo rendimiento hace dos años, donde la compañía se comprometió a realizar inversiones para modernizar la planta y mejorar su rentabilidad, lo que podría implicar que la vuelta a los números verdes está próxima.

Para ello, las administraciones también acordaron «agilizar la autorización de proyectos de energía renovable e implementar políticas para lograr costes de energía competitivos», en línea también con los motivos del apagón de las cubas de aluminio, un día después de que la Xunta anunciase la reforma del plan sectorial eólico para dar seguridad jurídica ante la parálisis judicial de decenas de parques eólicos en la Comunidad.

En tercer lugar, el Memorando recoge un «apoyo sustancialmente mayor a la compensación de CO2», un gesto que anticipó el Gobierno central anunciando que duplicaría para el presente año las compensaciones destinadas para la descarbonización.

Por último, la multinacional y las administraciones firmaron apoyar la «aprobación de proyectos de capital del Depósito de Barro Rojo». La ampliación de esta balsa de lodo lleva meses paralizada ante la negativa de la Xunta, ya que desde el Ejecutivo autonómico alegaron que la empresa no cumplía los parámetros para calificar la operación de 'no peligrosa' ante la falta de respuesta a los informes emitidos por el organismo sectorial de Salud Pública en respuesta a su plan.

Sin establecer fechas para el posible rearranque de las cubas de aluminio, desde la compañía buscan ahora «completar el acuerdo» con los trabajadores para obtener su respaldo, tras meses de incertidumbre ante un polo industrial del que dependen aproximadamente 1.500 empleos teniendo en cuenta las empresas auxiliares vinculadas a la fábrica de aluminio.