El alcalde de Oleiros defiende el derribo de un edificio protegido que le llevó a juicio: «Había que evitar un accidente»

La Casa Carniceiro, ubicada en la Avenida de las Mariñas de la localidad coruñesa, sufrió el 16 de julio de 2020 un virulento incendio. Era de propiedad privada, pero se estaba tramitando su donación al Concello. Al día siguiente del incendio, el arquitecto técnico municipal, que se sienta en el banquillo de los acusados como supuesto colaborador necesario del alcalde, redactó un informe en el que describía los graves daños sufridos por el edificio y hacía constar la necesidad urgente de apuntalar las fachadas con un andamiaje estructural, colocar una red en el frente que contuviera los pequeños escombros que cayeran a la vía pública y vallar el contorno de la vivienda y de la acera de enfrente.

Ese fue el primero de varios informes. En otro posterior, el arquitecto reconocía expresamente que la demolición del inmueble, que él mismo recomendaba, debía obtener la autorización de la Consellería de la Xunta competente en materia de patrimonio cultural. Y que, mientras tanto, era urgente apuntalar las fachadas del edificio de la manera en la que se había detallado en aquel primer informe.

En agosto, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó las obras de urgencia solicitadas por el Ayuntamiento y recordaba que para la rehabilitación del edificio se debía presentar un proyecto que cumpliera unas determinadas condiciones. Pese a esa resolución, la Fiscalía sostiene que el Concello «nada hizo para el mantenimiento del edificio». Cuando los propietarios de la finca pidieron al Ayuntamiento ampliar el plazo para adoptar todas estas medidas urgentes que recomendaba el arquitecto municipal, el Concello «ni contestó». La razón, según interpreta la Fiscalía, fue que el alcalde ya había tomado la decisión de demoler el edificio, «aún a sabiendas de que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural le había pedido presentar un proyecto de rehabilitación».

Mientras tanto, el edificio continuaba degradándose a pasos acelerados. En los siguientes meses, se produjeron nuevos derrumbamientos que comprometían todavía más la estabilidad de las fachadas y la seguridad de la estructura del edificio. Así lo hizo constar el arquitecto municipal en diciembre en otro informe, en el que volvía a insistir en la necesidad de apuntalar las fachadas mediante andamiaje estructural y la imposibilidad de demoler el edificio sin la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio.

En este contexto, el alcalde, del partido Alternativa dos Veciños, hizo un trámite que, a juicio de la fiscal, no tenía otro fin que «dar apariencia de legalidad a su actuación»: dictó un decreto para la demolición del edificio, que notificó a la Xunta a las 14.40 horas del miércoles 30 de diciembre de 2021, es decir, «fuera de las horas de atención al público» y «víspera de un día inhábil administrativamente y de un puente festivo», recuerda la fiscal.

Seoane daba en ese decreto un plazo de 24 horas a Patrimonio para que se pronunciara sobre el contenido, siendo «plenamente consciente de que el plazo de 24 horas era arbitrario». «Convertía en papel mojado las facultades que la ley atribuía a la Dirección Xeral de Patrimonio respecto a un bien catalogado», concluye la Fiscalía en su escrito de acusación. Así pues, la empresa contratada tiró el edificio, convirtiéndolo «en un montón de escombros acumulados sin posibilidad alguna de rehabilitación», según constató el Ministerio Público. La empresa cobró 9.000 euros por los trabajos.

Ante estas acusaciones, el alcalde de Oleiros ha tratado este martes de defenderse en el juicio. Ha dicho que él quería «conservar la casa», pero que el edificio no estaba en condiciones de rehabilitar. A mayores, ha añadido que el edificio tenía «un serio problema de seguridad después del incendio». «Había que evitar cualquier muerte, cualquier accidente», ha insistido el alcalde, según ha recogido Europa Press.

El arquitecto municipal, que se enfrenta a la misma pena de cárcel que el regidor, ha corroborado el estado ruinoso del edificio y se ha alineado con Seoane: «Se hizo de la forma más precisa para no causar grandes daños y garantizando la seguridad de los trabajadores».