La Xunta sugiere la ocupación directa de la parcela de la Ciudad de la Justicia de Vigo

Rueda corrige al Concello y rebaja a cinco millones el coste de las expropiaciones que bloquea Caballero

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VIGO

«Las expropiaciones para la construcción de la Ciudad de la Justicia comenzarán de inmediato». Eran declaraciones del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, el 11 de febrero de 2009, a escasas semanas de la celebración de los últimos comicios autonómicos. Entonces, el primer edil explicaba además que finalmente sería el Concello el encargado de llevar a cabo este cometido, y no la Xunta, como se planteó en un primer momento. «Los técnicos municipales aconsejan que la vía más rápida es la del Ayuntamiento», argumentaba entonces el regidor olívico.

Desde aquella intervención, el munícipe vigués llegó a anunciar el comienzo de la obra hasta en cinco ocasiones, e incluso el realojo de un total de 38 familias en pisos de propiedad municipal. Un discurso que dista del adoptado por el político socialista tras los comicios municipales del pasado mes de mayo. Amarrado ya el sillón municipal, el proyecto está ahora bloqueado al negarse el Ayuntamiento vigués 21 millones por los terrenos, una partida que, no obstante, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, rebajaba ayer en 16 millones. Así, el representante autonómico se basó en los informes técnicos para avalar la posibilidad de una ocupación directa de las parcelas, un proceso cuyo coste estimó en unos 5 millones de euros.

Sea como fuere, el retraso de la Ciudad de la Justicia mantiene en vilo a la judicatura y a los expropiados desde que se presentó su diseño en julio de 2007. En total veinte nuevos juzgados y una clínica forense sobre los que la Xunta mantiene consignados 15 millones de euros, que ahora podrían ser reinvertidos en otros proyectos. En estos términos se manifestaba ayer Rueda, tras mantener precisamente una reunión sobre dotaciones judiciales con la delegada la Xunta en Vigo, Lucía Molares. Tras lamentar que se hayan perdido dos años a pesar de la necesidad de espacio, Rueda aseguró no entender la diferencia de precios manejados por Xunta y Ayuntamiento al respecto de la cuantía que suponen las indemnizaciones a los propietarios afectados por la obra. Así las cosas, una vez volvió a insistir al Concello que cumpla su compromiso de ceder los terrenos necesarios para la construcción de la Ciudad de la Justicia, el conselleiro advirtió de que la Xunta no puede «estar eternamente a expensas de un alcalde que primero dice una cosa y luego otra, pudiendo destinar los 15 millones de euros presupuestados a otros fines».

No es la primera vez que se llama la atención por este tema al gobierno municipal. La necesidad de esta infraestructura se presenta acuciante, el diagnóstico de los órganos de la Justicia de Vigo revela un colapso importante en una institución que nada entre cientos de procesos sin resolver por la falta de medios humanos y de espacio. Lo advirtió el PP vigués y la clase empresarial de la ciudad dio un golpe en la mesa para que el proyecto se lleve a cabo de una vez por todas tras cuatro de parálisis.

Nueva negativa

Presión, a la que parece ajeno el alcalde. Caballero sigue empecinado en que «debe ser la Xunta la que asuma los 21 millones de coste de las expropiaciones», al tiempo que pone en duda la capacidad del conselleiro «como tasador de terrenos». Según dijo, «cuando dice —Rueda— que son 5 millones miente, porque hay que depositar, movilizar y poner en los presupuestos los 21 millones de euros».

En este contexto, insiste en que los terrenos para esas dotaciones judiciales no se pagarán con dinero de los vigueses y acusa a la Xunta de pretender «estafar a la ciudad». Así, tras preguntarse qué hizo el Gobierno autonómico con las partidas del Ejecutivo central para la Ciudad de la Justicia», cuestionó la capacidad del equipo de Feijóo para gestionar las competencias transferidas.