«El PSOE bajó un 5% el sueldo de todos los funcionarios y ahora es irresponsable»
Puy, durante la entrevista - MIGUEL MUÑIZ
ENTREVISTA

«El PSOE bajó un 5% el sueldo de todos los funcionarios y ahora es irresponsable»

El portavoz parlamentario del PP prevé un difícil tramo final de legislatura ante las «contradicciones» por las crisis internas de PSOE y BNG. Defiende el ajuste de gasto laboral en la Xunta y que la comisión sobre NCG arranque en 2006, cuando el bipartito se mostró «incapaz» frente al inicio del deterioro de las cuentas de las cajas

SANTIAGO Actualizado:

—¿Está siendo excesiva la respuesta política contra el ajuste en gastos de personal de la Xunta si se compara con el ajuste de sueldos del sector privado de los últimos años?

—Ahí hay dos problemas: el BNG tiene una política opuesta a lo que dicen PP y PSOE, y que yo veo inviable, que es seguir dando rienda al gasto público. n el PSOE vemos contradicciones: las medidas en el capítulo de gastos de personal de la Xunta son criticadas cuando ellos bajaron un 5% el sueldo de los funcionarios. Lo más grave, en un partido que lleva poco tiempo fuera del gobierno y que tomó decisiones importantes en el ámbito de los salarios de los empleados públicos, lo peor, es la irresponsabilidad del discurso en el contexto actual.

—¿Les preocupa?

—El problema no es el cortoplacismo de apuntarse a una manifestación contra la Xunta, sino el mensaje general que están dando: que no hay que ajustar el gasto a los ingresos. Cuando Galicia ha sido la primera comunidad en hacerlo. El personal supone un 40% del gasto de la administración autonómica. No es razonable plantear que ese 40% es intocable, más cuando a los trabajadores del mercado se les han reducido significativamente los salarios, cosa que la Xunta no va a hacer con los empleados públicos. La reforma a los funcionarios, un poco más al mercado, en algunas prestaciones sociales, incluso los deja por encima.

—¿Para los sindicatos es más cómodo salir a la calle contra el PP?

—En Galicia, hay que tener en cuenta que los sindicatos han llegado con la Xunta y los empresarios a importantes acuerdos en el ámbito del diálogo social. Es verdad que la acumulación de normas que afectan a los colectivos, como ahora el de los empleados públicos... Digamos que al llover sobre mojado las aguas se desbordan.

—Las protestas se producen al mismo tiempo que las motivadas por la reforma laboral.

—Los responsables de gobierno, sindicatos y empresas debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Lo mismo que con la crisis del petróleo de los setenta, cuando llegaron los pactos de La Moncloa y evitaron que nos argentinizáramos, con hiperinflación y ajustes tremendos.

—En septiembre habrá que fijar nuevo techo de gasto, en un contexto en el que se prevé una recesión. ¿Prevé una nueva caída del presupuesto de la Xunta por cuarto año consecutivo, o se ha llegado al nivel mínimo?

—La necesidad de ajuste del gasto de la Xunta estará marcada por los ingresos, la marcha de la economía; por los ajustes que ya se han hecho, porque en Galicia hay terreno avanzado, sin llegar a decisiones drásticas como en Cataluña y Castilla-La Mancha; y por el sistema de financiación autonómica, que no está favoreciendo a Galicia. Hay decisiones del gobierno Rajoy que hacen que la situación no sea tan grave: el mayor plazo para la devolución de los anticipos, o la reforma del IRPF, que no nos favorece directamente a través del tramo de Galicia, donde tenemos rentas más bajas; pero sí indirectamente.

—¿Las crisis internas de BNG y PSOE han reducido o incluso eliminado las posibilidades de llegar a acuerdos en el Parlamento?

—Los cambios en la línea política que derivan de procesos internos han dificultado el acuerdo en grandes temas, como el gasto público: después de apoyarnos el PSOE en la ley de equilibrio presupuestario, cada vez que nos ajustamos a esa norma recibimos críticas permanentes. En materia de cajas, en materia fiscal, en el ámbito local, hay muchos ámbitos en los que no hay una línea clara y sí un debate permanente entre distintas sensibilidades en la oposición, que dificultan los acuerdos. Pero es cierto que durante la legislatura se consiguieron apoyos relevantes, como la ley de cajas, la ley de estabilidad presupuestaria o la de los medios de comunicación públicos.

—Un diputado del PSOE asegura que donde hay refriega interna es en el PP y que Feijóo retrasa el congreso por ello.

—Es realmente curioso que ocurra el día en que se anuncia que puede haber un candidato alternativo a la secretaría general del PSOE y que también podría haber alternativa a la candidatura a la Xunta. Es bastante cómico. La vida interna de los partidos refleja su situación real y electoral. Decir que hay problemas internos en un un partido que acaba de ganar las eleciones con un margen muy amplio, que gobierna en todas las instituciones y que en el ámbito gallego cuenta con respaldo... Es un intento de desviar la atención sobre sus propios problemas internos que no está a la altura de las intervenciones habituales de ese diputado.

—¿Un sector del PP está restando legitimidad a la decisión de ubicar en O Irixo la nueva incineradora?

—La solución debe ser lo más medioambientalmente viable. Hay un ámbito técnico que hay que respetar. La Xunta tiene un informe técnico que la avala. Existe un problema básico, la gestión de residuos, y ahí hay consenso en el PP. No creo que hasta el momento haya habido una contradicción insalvable en el PP, donde en el segundo problema, el de ubicación, sí puede haber diferencias. Pero nadie del PP se ha opuesto al modelo de esta segunda planta, que se centra en el reciclaje y la reutilización de los residuos. No ha habido una posición estricta en contra, sino un posicionamiento concreto, que es opinable.

—Se queja la oposición de que no arranca la comisión de investigación sobre la caja.

—Probablemente es el tema sectorial que más veces hemos debatido en la Cámara a lo largo de la legislatura. Los gestores del nuevo banco trabajan para mantener la entidad en Galicia y en la medida en que ese proceso no ha concluido, mantenemos que es pronto para la comisión. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber una comision de investigación.

—¿Para qué servirá una comisión?

—Será bueno ver qué hizo cada uno, qué pasó desde esos años en que las cajas empezaron a tener deterioros de sus balances, fundamentalmente desde el año 2006, durante la fusión, y posteriormente. En su momento, el gobierno anterior fue incapaz de tratar este tema, y el nuevo tuvo que acometer una tarea que si se hubiera realizado con más tiempo habría ido mejor. El gobierno gallego ha mantenido una posición coherente: intentar que hubiera una entidad financiera heredera de las dos cajas y vinculada a Galicia pese a los cambios normativos del PSOE, que acabaron con el modelo de cajas en España.

En la actualidad, hay un banco que administra el 40% de los ahorros de los gallegos. Enfrente, lo que hemos tenido son dos partidos que en su día no tomaron ninguna decisión, y que no ejercieron la tarea estatutaria de vigilar y controlar lo que estaba ocurriendo en las cajas. Unos señores que estaban a favor de la autonomía de los directivos en la fusión, sin interferencias, y que ahora exigen poco menos que meter en la cárcel a los gestores cuya autonomía reivindicaban. Su incoherencia fue un obstáculo. ¿Qué hubiera ocurrido si la fusión no hubiese sido aplazada por aquel recurso de inconstitucionalidad?

—Como economista que es, ¿cuál es la salida a esta crisis?

—No hemos sabido aprovechar la oportunidad del euro y tenemos que mejorar nuestra competitividad. Eso produce ajustes: salarios, sector público. La alternativa es peor: perder el empleo. Galicia está por debajo de la media en desempleo juvenil y en la tasa general, pero si no somos capaces de ser más competitivos, la salida será más ajustes drásticos y más paro, como está ocurriendo en Grecia y Portugal. Los niveles de desempleo en los jóvenes son dramáticos, porque dificultan su entrada en el mercado laboral y suponen menos años de cotización.

—¿Puede ocurrir que las empresas aprovechen la reforma para despedir? Algunos apuntan a ello en el caso de Barreras, por ejemplo.

—Las decisiones económicas muchas veces suponen elegir entre algo malo y algo mucho peor. En ocasiones, y no hablo de este caso, ya que la propuesta de Barreras no se ha hecho pública, una empresa tiene que elegir entre reducir plantilla o cerrar. Creo que ahí es mejor proteger la viabilidad de las empresas, que después pueden volver a crecer y contratar.