El PSOE se autoinculpa ante el fiscal por el «caso Relámpago»

El PP acusa a Barcón de tratar de bloquear la investigación con un «número circense»

LA CORUÑA Actualizado:

Tabla de salvación o viaje al fondo del mar. Un día después de la aprobación de una comisión de investigación por parte de todos los grupos en María Pita, el grupo municipal socialista, con Mar Barcón a la cabeza, se «autodenunció» ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para evidenciar que la actuación de su gobierno en el caso de la expropiación de los terrenos de Someso, el conocido como caso «Relámpago», fue «legal» y «siempre en defensa» del interés de la ciudad. En contra, la sentencia del tribunal, que condenó al Ayuntamiento a pagar 8,6 millones a los propietarios de las parcelas expropiadas por un ejecutivo socialista en 1989, del que formaban parte tanto Mar Barcón como el senador y exalcalde Javier Losada.

«Si tuviéramos alguna responsabilidad la asumiremos, pero no la tenemos», sostenía la portavoz socialista, que defendió que la investigación judicial solicitada por su grupo facilitará que, en su caso, se ejerzan las «acciones legales» correspondientes contra las personas puedan ser responsables de los delitos, «si los hubiera», matizó.

Sin embargo, para el Ayuntamiento el movimiento de los socialistas no es más que un «número circense» puesto en marcha para «entorpecer y embarrar» la investigación administrativa que puede determinar su responsabilidad económica.

Los socialistas han pedido a la Fiscalía que vele por la defensa del «interés público» en los procedimientos todavía pendientes en la sentencia sobre la expropiaciones de Someso, alegando su temor a que el alcalde coruñés, Carlos Negreira pueda «renunciar» o «inhibirse» de la «debida defensa». Así, Barcón añadió que dicha denuncia sirve de «amparo» al PSOE y a los coruñeses, a la vista de que Negreira pretende usar la comisión de investigación como una «cortina de humo» de su «falta de proyecto».

Además, insistió en dirigir sus dardos hacia la Xunta al proclamar que fue la Administración autonómica la que «llamó» a los propietarios de la parcelas para su expropiación. A este respecto, Flores se limitó a recordar a la concejala que su opinión «no tiene importancia», ya que la opinión válida «es la del juez», quien ha dicho en la sentencia que ha habido «expropiación» por parte del ayuntamiento y no compraventa.

El teniente de alcalde calificó igualmente de «espectáculo esperpéntico» las distintas reacciones de Barcón a la sentencia. Primero, diciendo que «se alegraba», y ahora «en vez de explicar por qué se ha llegado a esta situación y de pedir perdón a los coruñeses por ser corresponsable, se convierte en aprendiz de jueza e interpreta la sentencia».

El BNG, por su parte, ha reclamado «máxima transparencia» en la investigación aprobada el lunes por unanimidad. Los nacionalistas se desmarcaron del debate anterior y señalaron como culpables a «los promotores urbanísticos», sospechosos por ser los «principales beneficiados» en el caso.

En esta línea, censuraron la posición adoptada por el partido socialista, ya que estiman que pecan de querer proteger al exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez.

Además, Carril criticó al gobierno local por «impedir» a los nacionalistas, en el pleno celebrado el lunes, leer sus enmiendas a la moción del PP sobre la investigación para dirimir responsabilidades. En ellas se planteaba la constitución de una comisión informativa especial «para investigar las causas y causantes del pago de las indemnizaciones, una comisión que estaría constituida por un representante de cada uno de los grupos», según precisó.