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Justicia electoral

En el caso de la persecución al conselleiro Hernández, el PSOE ha adoptado el papel de sheriff de Nottingham

alfredo aycart
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NO favorece la causa de la buena imagen del poder judicial la proliferación de actuaciones en vísperas electorales escoradas contra dirigentes políticos de una formación determinada. La buena fama se deteriora aún más cuando las distintas operaciones parecen tener una acusada tendencia a incrementar su espectacularidad en función del partido afectado, y llama poderosamente la atención que, cuando se trata del PP, el estruendo mediático está garantizado.

Pocos meses antes de las pasadas elecciones locales, un juez desencadenó la operación «Orquesta», en la que se imputó a dos alcaldes del PP y uno independiente por supuestos delitos derivados de la contratación en sus respectivas corporaciones. La actuación judicial llevó aparejada una aparatosa intervención policial en los ayuntamientos de Finisterre, Mazaricos y Cee, sometidos al escrutinio de decenas de agentes desplazados con abundancia de medios para la ocasión.

En abierto contraste, pasados los comicios y en absoluto secreto se realizó el registro de las dependencias del ayuntamiento de Corcubión y la imputación del alcalde socialista en el mismo sumario. La diferencia de trato obedece a uno de esos inescrutables misterios que posiblemente pueda aclarar en esta campaña el cabeza de lista del PSOE al Congreso por La Coruña, Francisco Caamaño.

El ministro de Justicia puede que tenga algo que decir también sobre la oportuna reapertura en el Supremo de la acusación contra el conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, Agustín Hernández, contraviniendo el archivo de diligencias decidido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La beligerancia de la fiscalía tuerta contrasta en efecto con el mutismo con que suele acompañar las actuaciones que afectan a los altos cargos de este Gobierno, aunque se produzcan en gasolineras.

Pero al margen de las dudas que se plantean sobre un hipotético partidismo judicial, absolutamente indeseable, en el caso de Hernández concurren circunstancias que merecen una especial atención: el PSOE se ha empecinado en adoptar el papel de sheriff de Nottingham al denunciar al conselleiro por firmar como realizada una obra de la Diputación de Pontevedra, impidiendo que perdiera las subvenciones de la Unión Europea.

Es discutible la premeditación que los socialistas atribuyen a Agustín Hernández. Lo que nadie discute es que su actuación no incrementó su propio bolsillo, sino que benefició a sus administrados. La saña de la persecución deja evidencia el talante de quienes la practican, siempre dispuestos a conseguir un mínimo rédito político, aun a costa de los ciudadanos a quienes dicen defender.

Es un detalle que el impulsor de la demanda se haya significado por saltarse las normas para beneficio propio al construir sin licencia y ocultar obras para defraudar a la hacienda municipal, en un comportamiento legalizado posteriormente por la Consellería que dirige el propio Hernández. Completa el cuadro la inexplicable falta de curiosidad de la fiscalía sobre las facturas y los pagos de la remodelación de la ostentosa mansión.