la lupa

La campaña de los sumarios casuales

Hay que reconocer que ya es coincidencia que el juzgado de Corcubión dé traslado a la Audiencia del legajo del «Prestige» precisamente en estas fechas de campaña

alfredo aycart
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DESDE hace escasas jornadas se ha aquietado la durísima campaña emprendida por el PSOE contra la independencia judicial por el traslado al Tribunal Supremo de lo que afecta al ministro José Blanco en el caso «Campeón». Las insinuaciones sobre una más que improbable politización de la Justicia a favor de la oposición chocaban con la experiencia, la lógica y el comportamiento de una fiscalía con algunos de sus más destacados representantes entregados a la causa.

Lamentablemente, no puede hablarse de un súbito ataque de equidad en las filas de la formación que presenta a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la sucesión de Zapatero. El repentino acallamiento de las voces críticas tiene posiblemente mucho más que ver con la reactivación de procedimientos que entienden los estrategas del PSOE que pueden beneficiar sus decaídas aspiraciones electorales. Incluídas las del candidato coruñés Francisco Caamaño, más bien escasito de entusiasmo en la defensa del sector que lideraba como ministro.

Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo verá precisamente hoy el recurso interpuesto por el PSOE contra la decisión del Tribunal Superior gallego de archivar la causa contra el conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, Agustín Hernández. Que la causa sea la firma de un documento con el que se impidió que los contribuyentes perdieran una subvención europea al dar erróneamente por finalizadas unas obras evidencia la catadura moral de los demandantes, empezando por el antecesor de Hernández en el ejecutivo autónomo, el conocido como Manuel «Mansiones» Vázquez.

Contrasta por otra parte la enconada saña socialista con la benignidad del trato que ese departamento ha procurado al aún secretario general del PSOE al aceptar la legalización de las obras irregulares en su vivienda. Tanto más cuanto que la Consellería ha evitado pudorosamente escarbar en la forma de pago de la costosa remodelación, supuestamente al grupo de empresas con las que se contrataban simultáneamente diferentes proyectos.

Pero no es el único caso de inesperada recuperación de procedimientos históricos. Resulta que el juzgado de Corcubión decidió precisamente ayer enviar a la Audiencia el prolijo legajo sobre la catástrofe del «Prestige», ocurrida hace ya nueve años. Pura coincidencia.

Lo que no es casual, a la vista de los antecedentes, el de creciente descrédito de un pilar básico del sistema en la medida en que acredita la calidad de la democracia. Algo está fallando cuando cualquier ciudadano del común puede anticipar con un estimable porcentaje de aciertos próximo al 99 por ciento qué van a decidir en cada procedimiento los altos magistrados del Tribunal Constitucional en función del partido que les propuso para tan elevada misión. El problema no es que judicialice la política, un entuerto fácil de resolver en cuanto los bandos fulminen a los corruptos. El problema es lograr que los partidos saquen sus manos de la Justicia.