El alcalde de Lugo adjudicó más de 100.000 euros a su jefa de gabinete

Una de las empresas de la que es socia la responsable de prensa, con razón social Markova-TIC S. L. facturó a la Diputación de Lugo, presidida por el socialista José Ramón Gómez Besteiro; el grupo municipal del PSOE, o la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad, de acuerdo con una denuncia anterior formulada por el BNG.

Otra de las empresas, explicó la concejala popular, fue contratada para impartir un curso, a razón de 22.000 euros, con motivo de la segunda fase del programa Lugo Emprega Activo. La adjudicación, decidida el 29 de junio de 2010, está recogida en el Boletín Oficial Provincial del pasado 13 de julio. Esta misma compañía recibió otros 37.950 euros con motivo de cursos especializados en instalación de equipos y sistemas de comunicación.

La administración municipal lucense adjudicó a otra compañía, Markova-TIC S. L., un total de 40.282 euros, en cuya creación participó la jefa de gabinete y que cobró tres actuaciones al gobierno local en el año 2007 (de 9.971 euros, 5.112 euros y 6.964 euros, respectivamente); dos, en 2008 (de 2.539 y 11.672 euros); otras dos en 2009, por importe de 1.160 y 754 euros; y una, por 2.110 euros, en el pasado ejercicio.

Hace años, en junio de 2008, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Anxo Laxe, denunciaba que la jefa de prensa de Orozco era socia de una firma a la que se habían adjudicado campañas de publicidad. Pardiñas, explicaba entonces, administró Markova-TIC S. L. hasta tres meses antes de las municipales del año 2007, cuando fue sustituida al frente de la gestión, según revelaba el nacionalista, por una hermana. Entonces, Laxe apuntó que del Registro Mercantil se desprende que el 100% de la facturación de la sociedad corría a cuenta de contratos sufragados por las arcas municipales.

Los nacionalistas trataron con sus denuncias de forzar a Orozco a tomar una decisión —«el alcalde no puede decirnos que desconoce la situación, ya sabe que esta situación se da, y espero que le ponga remedio», apuntaba—, mientras que fuentes próximas a la periodista citadas por Europa Press aseguraban que emprenderían medidas legales ante las «patrañas» del BNG.

Sin entrar a valorar la legalidad de las adjudicaciones, desde las filas populares, se calificó de «amoral» y «sospechosa» la firma de los contratos a una empresa en la que mantiene intereses una asesora del alcalde. Así, desde las filas de la oposición lamentaron que el gobierno municipal esté «más preocupado de que facturen sus amigos y de favorecerlos que de perseguir el bienestar de todos los lucenses».

Además, incidieron en que esta responsable gestionó a título individual y «sin permitir que los funcionarios municipales ni la oposición interviniesen» una partida de 300.000 euros dentro del programa Lugo10, cuyas facturas han solicitado pero no visto.