La Xunta triplica su cálculo inicial: más de 35.000 hectáreas quemadas

A última hora de la tarde de ayer, Medio Rural informaba de que permanecían en proceso de estabilización una treintena de fuegos de más de veinte hectáreas —incluido el de A Gudiña, el único fuera de control a primera hora del miércoles —, mientras que otros tres se daban formalmente como extinguidos. De entre los rescoldos solo brota humo ocasional, sofocado por la lluvia que ha caído de manera desigual sobre Galicia desde comienzos de esta semana.

En el plano de la investigación por el origen de la salvaje ola de fuegos intencionados, la Fiscalía Superior de Galicia anunció ayer la apertura de diligencias de investigación penal para esclarecer si «existen indicios de una planificación coordinada en el origen de dichos siniestros» , después de que muchos de los fuegos se declararan por la noche y en distintos focos al mismo tiempo dentro de un solo concello. El decreto de incoación de las diligencias, que lleva la rúbrica del fiscal superior Fernando Suanzes, recuerda las graves consecuencias de los incendios, que provocaron cuatro muertes, miles de afectados, riesgo de propagación en zonas urbanas con peligro real para personas y bienes, evacuaciones, así como extensas superficies quemadas en las cuatro provincias gallegas, con grave afección a zonas de alto valor ecológico.

Ante la gran alarma social causada, y «sin perjuicio de las investigaciones que tramiten los diversos juzgados de instrucción del territorio para determinar los autores, partícipes y demás particularidades de cada evento criminal acotado espacialmente, de su exclusiva competencia», la Fiscalía considera necesario investigar si «los numerosos incendios originados obedecen a una iniciativa criminal compleja de grupos con intencionalidad que persigan objetivos supraindividuales».

Con este objetivo, la Fiscalía se dirigirá a las autoridades policiales con competencias en materia de incendios, es decir, Policía Autonómica (Unidad Adscrita a la Xunta de la Policía Nacional), Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, para que elaboren un informe detallado sobre los hechos descritos. No es la primera vez que el Ministerio Público emprende una investigación de este tipo. Ya la inició en 2006 a petición del Gobierno de Zapatero y la Xunta de Pérez Touriño para acabar determinando la inexistencia de trama incendiaria alguna . Ayer, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes lo volvía a subrayar: «no se ha encontrado mafia organizada alguna detrás de los incendios forestales, ni se encuentra causa ni evidencia alguna de beneficio económico para el sector forestal».

Responde a las iniciales de M. A. M. N., vecino de Vigo de 55 años, y cometió la imprudencia de realizar una quema de rastrojos en una finca familiar en Os Blancos (Orense) durante el pasado fin de semana, abandonando posteriormente el lugar. El viento provocó que el fuego se extendiera y acabara calcinando una hectárea, que precisó de dos brigadas y sendas motobombas para su extinción, quedando a escasos 300 metros de un núcleo urbano.

La noticia de la detención la hizo pública el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de las redes sociales y posteriormente fue detallada por la Guardia Civil. El detenido —que hoy pasará a disposición judicial— cuenta además con antecedentes por acciones similares, que suponen la comisión de un presunto delito de incendio forestal por imprudencia.

También ayer trascendió la primera declaración del brigadista de Lobios ante el juez, después de su detención por la presunta comisión de varios delitos de incendio forestal. Los investigadores de la Guardia Civil le atribuyen la autoría de hasta seis fuegos, que iniciaba en el trayecto de su casa a la sede de la brigada. El detenido, M. G. F. de 21 años de edad, reconoció ante el instructor que una tercera persona le pagaba entre 150 y 50 euros por prender fuego al monte. El Juzgado de Bande que lleva el caso ya dictaminó su entrada en prisión la semana pasada.