La conselleira Ethel Vázquez, este martes en el Parlamento
La conselleira Ethel Vázquez, este martes en el Parlamento - MIGUEL MUÑIZ
GALICIA

La Xunta da tres años a los concellos para atajar fugas de agua

Deben reducirlas por debajo del 20% o hacer frente a un gravamen disuasorio

SANTIAGOActualizado:

«No es coherente pedir a los ciudadanos un consumo eficiente y responsable [del agua] cuando las redes municipales tienen pérdidas y fugas de hasta el 40%». La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, defendió este martes en O Hórreo el proyecto de ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situación de riesgo sanitario -que continúa su tramitación parlamentaria al no prosperar las enmiendas de Grupo Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto, rechazadas por el PP con abstención del PSOE- con datos y plazos.

Los datos dicen que Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mayores pérdidas de agua en las redes municipales de abastecimiento, más de 55.000 millones de litros anuales, uno de cada cinco (datos del INE de 2016, los peores desde 2004). Los plazos consisten en dos años para que los ayuntamientos auditen sus pérdidas mediante caudalímetros, más otro adicional para que acometan las obras necesarias para corregir las deficiencias.

La meta del cronograma, pactado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), es situar el nivel de fugas por debajo del 20% al cabo de los tres años estipulados. Aquellos concellos que no cumplan afrontarán un «gravamen disuasorio y finalista», advirtió la conselleira, quien matizó que, por un lado, la Xunta dará ayudas para instalar los caudalímetros, con cargo a los presupuestos de 2020; y por otro, que su propósito es «que no se recaude ni un solo euro» con el gravamen.

Al contrario, se tratará únicamente de un acicate para las administraciones que, recordó, han de ser «coherentes» y «dar ejemplo». «En materia de agua potable, cada gota cuenta», sentenció Vázquez.

«Completo y pionero»

El texto legislativo, que la titular de Infraestruturas calificó de «completo, necesario y pionero», se marca como objetivos asegurar un abastecimiento de agua adecuado, reducir la vulnerabilidad frente a episodios de sequía y proteger la salud pública en caso de riesgo sanitario.

La ley también da dos años a los concellos de más de 20.000 habitantes para elaborar planes de emergencia frente a sequías, de nuevo con ayudas de la Xunta disponibles. Ningún ayuntamiento de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, recordó Vázquez, dispone de un plan de este tipo. Con afán de prevención, quedarán fijados los protocolos para responder tanto a carencias de agua como riesgos para la salud.

Más allá de las críticas esperadas de la oposición, la Xunta trabaja para adaptarse a los efectos del cambio climático. «Galicia va a estar más preparada», prometió la conselleira.