La Xunta rechaza el déficit de Sánchez por acarrear más deuda e impuestos

La llegada de Sánchez a La Moncloa ha desencajado en más de una ocasión la hoja de ruta financiera trazada por la Xunta . Hace semanas, la retención de 198 millones vinculados a una mensualidad del IVA originaron, en primer lugar, una airada protesta de Alberto Núñez Feijóo; y acto seguido, una rectificación por parte del Ministerio de Hacienda , que descargó la culpa en el PP y se comprometió a buscar una solución.

Fuentes de la Consellería de Facenda consultadas por ABC indicaron que la devolución de los fondos no se incluyó en el orden del día del Consejo, aunque no por ello Galicia ha dejado de considerarlos «prioritarios» para cuadrar el presupuesto del próximo año. A través de un comunicado, el departamento de Valeriano Martínez avisó de que un «descenso» en la inyección de recursos del Estado «tendría una grave afectación» en el pago de los servicios públicos, como sanidad, educación o servicios sociales. Cabe recordar que el 80% del dinero que la administración autonómica maneja anualmente procede de recursos cedidos por el Gobierno, vía sistema de financiación.

Por ello, la Xunta mantiene las espadas en alto. Si ya no gustó que la incapacidad del Gobierno para aprobar el déficit obligara a Galicia a retrasar la aprobación del techo de gasto , tampoco se ve con buenos ojos la decidida apuesta por la «ampliación de déficit» con la que Sánchez pretende ganarse el favor de las comunidades del PSOE. Facenda cree que la actual propuesta «no garantiza la sostenibilidad del Estado del Bienestar» precisamente en un momento en el que las autonomías «necesitan más recursos» para gestionar sus políticas sociales.

En juego está la «consolidación fiscal», añaden. Y más aún «en un contexto en el que t odos los organismos públicos dedicados a la prospectiva económica recomiendan reducir el peso de la deuda pública y alcanzar el equilibrio estructural de las finanzas públicas».

Ese objetivo llegará en 2021, según las estimaciones de La Moncloa. Antes, el límite de 2019 pasará del 0,1% estipulado por el anterior Gobierno de Rajoy al 0,3%, una diferencia que permitirá a las autonomías gozar de un margen adicional de 2.500 millones para incrementar su pasivo . A Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura o Cantabria —la única no gobernada por socialistas— les sedujo la ampliación, y votaron a favor. La ven «un paso en la dirección correcta». También lo hizo la Generalitat valenciana, que, pese a abstenerse hace meses, arrancó al Gobierno un acuerdo para que el Estado —además de desembolsar 850 millones en medidas— pase a asumir 350 millones de deuda del Consorcio de Valencia.

En los últimos tiempos, han sido frecuentes los encontronazos entre Ximo Puig y Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la financiación autonómica . Más concretamente, por la condonación de deuda. «Lecciones, pocas», protestó en el pasado el líder del Gobierno valenciano, después de que el mandatario gallego le recordara los 11.000 millones de euros perdonados por el Gobierno del PP:«Debería estar agradecido», le espetó entonces.

Flexibilidad o rigor. Ambos encarnaron la batalla por el modelo.