La Xunta presiona para que los pastos quemados reciban fondos de la PAC

Así lo anunció ayer la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez: la persona sobre cuyos hombros recae la tarea de restituir la normalidad en el campo tras los fuegos. «Se trata de evitar que los ganaderos damnificados se puedan ver perjudicados en el pago», resaltó. Y es que la normativa que regula las prestaciones impide que las ayudas sean adjudicadas a los solares quemados. El objetivo del veto no es otro que prevenir que se produzcan focos intencionados para la generación de pasto, una práctica bastante frecuente en algunas zonas de Galicia.

Para ello, su departamento ya se ha puesto en marcha. En estos momentos analiza «caso por caso» y explora las vías para que Bruselas siga prestando su cobertura económica , siempre con miras a la próxima campaña de 2018. Los primeros contactos ya se han producido. La Consellería de Medio Rural realizó una consulta al Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) para que actúe de intermediario ante el estamento europeo. Y hasta el momento, la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura se ha mostrado partidaria de estudiar la solicitud de la Xunta.

En paralelo, los técnicos de Medio Rural examinan sobre el terreno las posibles causas de cada foco. El principal punto de interés para las Brigadas de Investigación Forestal (Biif) se centra en el área de inicio de cada incendio, puesto que permite determinar si hubo intencionalidad y el grado de influencia del clima sobre la propagación de las llamas.

Esa es la tesis a la que se apuntó Vázquez. La conselleira señaló que «en otras condiciones» distintas a las de aquel caluroso 14 y 15 de octubre, los montes se verían «mucho menos» dañados. Pero la sequía, la falta de humedad y los vientos del huracán «Ofelia» precipitaron una situación que para la Xunta no merece otro calificativo que «excepcional».

El esclarecimiento de los hechos atrae toda la atención. Ayer le correspondió al vicepresidente del Ejecutivo autonómico salir al paso de las teorías que hablan de un «terrorismo incendiario» o de la existencia una «trama» organizada. «No escucharán a la Xunta hablar de tramas», puntualizó Alfonso Rueda, en declaraciones recogidas por Europa Press. El dirigente habló únicamente de «personas que queman el monte» y mostró su confianza en que puedan ser detenidas en algún momento. «Es un delito y es nuestra obligación hacer todo lo posible para ponerlos a disposición de la justicia», añadió. Rueda también hizo referencia al mantenimiento en prisión de un hombre vinculado a 154 incendios en Pontevedra, originados entre los años 2011 y 2012. «Está donde tiene que estar», subrayó, después que la Audiencia provincial hallara «indicios fuertes» que apuntan a su responsabilidad.

Mientras, el debate político está lejos de apaciguarse. Antes de que Alberto Núñez Feijóo comparezca el próximo 7 de noviembre en el Parlamento, los grupos redoblan sus ataques para afear a la Xunta su gestión. La viceportavoz de los socialistas en la Cámara, Patricia Vilán, requirió ayer al Gobierno que diera cuenta de los «indicios» de los que dispone para «hablar de una supuesta trama incendiaria». El PSdeG contrapone las reacciones oficiales de los últimos días con el criterio de Álvaro García, el fiscal especial de Medio Ambiente que negó la existencia de «datos» para hablar de una supuesta red coordinada de incendiarios.

Así lo cree también el BNG. «La Xunta no puede sostener la mentira de que el único problema es una trama incendiaria», terció la líder del frente, Ana Pontón. Los nacionalistas se lanzaron ayer a criticar la orden ayudas autonómicas, en virtud de la cual se repartirán 21 millones de euros para reparar los daños materiales e indemnizar a las personas perjudicadas por los incendios. La cantidad, aseguran, es «insuficiente» para resarcir todas las pérdidas de un «desastre ambiental, ecológico y social». «Se necesita un esfuerzo mayor», demandó Pontón.

La actividad política e institucional está encontrando igualmente eco en el plano local. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, escribió personalmente a Mariano Rajoy para que el Consejo de Ministros acelere la declaración de la ciudad como zona gravemente afectada por los fuegos. Y en la Diputación de Orense, PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para crear una «comisión permanente» en la cual participan, además de las administraciones, los colectivos involucrados en la lucha contra la lacra forestal.