La Xunta tiene plan B: cierres leves si se veta el certificado

La Xunta maneja los dos escenarios: con y sin certificado . Si el lunes los tres magistrados del Tribunal Superior concluyen su deliberación y dan el visto bueno al uso del certificado, todo quedará como estaba inicialmente previsto en el texto del 22 de julio. Pero por si acaso no fuera así, el DOG publicó este viernes a primera hora de la noche un escenario alternativo sin exigencia de pasaporte Covid. El interior de la hostelería en nivel máximo no podrá abrir —una posibilidad que ya avanzó el presidente de la Xunta por la mañana—, pero aquella en nivel alto mantendrá un 30% de aforo. En el caso del ocio nocturno en nivel medio y medio-bajo, se menguará el aforo interior del 50% con certificado al 30% sin él. Estas medidas serán, en todo caso, revisadas por el comité clínico.

Esta Orden entrará en vigor en la noche del lunes al martes, pero queda condicionada a la resolución del TSXG , que se esperaba para este viernes. Las previsiones no se cumplieron. Por lo pronto, el uso del certificado tiene un nuevo respaldo, el que endosó la Fiscalía Superior de Galicia en el informe preceptivo solicitado por el tribunal.

En su escrito, el Ministerio Público considera «procedente autorizar las medidas sanitarias previstas» , y concretamente «la exhibición de documentación para el acceso a determinados establecimientos», por más que esto «pueda afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, después de que implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud considerados de carácter sensible». El fiscal considera que, si bien esta afectación a los derechos fundamentales «no es de gran entidad» dado que «la acreditación de estar vacunado o de padecer la enfermedad no parece condicionar de forma grave el derecho a la intimidad personal», sí era «necesario» que la Xunta solicitara previamente la autorización judicial, algo que no hizo con la Orden del pasado 22 de julio que el TSXG dejó sin vigor este jueves.

La Fiscalía rechaza, además, que se vulnere el principio de igualdad al exigir el pasaporte Covid, que a día de hoy no puede exhibir toda la población por no haberse vacunado a todas las franjas de edad. « Afecta a un porcentaje de personas muy inferior al que se puede ver beneficiado por la posesión del certificado », justifica en su informe. Además, requerir este documento «estaría especialmente justificado en la protección tanto de los trabajadores como de los clientes de los locales, especialmente en entornos de mayor peligrosidad». «Las restricciones previstas para los no inmunizados serían la alternativa restrictiva menos gravosa entre las posibles», remata.

La pelota queda ahora en el tejado de los magistrados . Si el TSXG mantuviera la coherencia con sus propias resoluciones, su dictamen sería favorable a aceptar la exigencia del certificado Covid. La pasada semana, en su respuesta al recurso planteado por Lugo Monumental, los magistrados reconocieron que «detrás de todas las medidas» que establecía la polémica Orden de 22 de julio, «subyace el interés (...) de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisión existentes». Entonces reconocieron «un evidente fundamento sanitario» y «la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública». Pero eso era hace una semana.

Este viernes por la mañana, ya enviada la solicitud de aval al TSXG, Alberto Núñez Feijóo recordó, desde Pontevedra, que la mayoría de los países de la Unión Europea están empleando el pasaporte Covid como lo ha venido haciendo Galicia. Y expresó su «deseo» de que el TSXG «acepte nuestra propuesta y podamos, otra vez, incorporarnos a los países de la UE » que poseen esta medida en vigor, que «lo están haciendo mejor que España». Feijóo insistió en que «no tiene sentido» que estos certificados, de los que se han expedido 18 millones en España —1,5 millones en Galicia, según informó ayer el Sergas—, solo sirvan para viajar en avión. Vio absurdo que no se premie el esfuerzo a la hora de vacunar y que no se empleen estos documentos en espacios cerrados, como hostelería o transporte público.

Mientras el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se mostró ayer conciliador y consideró que «cuanto menos ruido, en este caso político, hagamos, mejor», desde el PSdeG se endureció el tono hasta el punto de pedir públicamente la dimisión del presidente de la Xunta.