Factoría de Ferroatlántica en la localidad coruñesa de Cee
Factoría de Ferroatlántica en la localidad coruñesa de Cee - MIGUEL MUÑIZ
INDUSTRIA

La Xunta insiste en que no va a permitir segregar Ferroatlántica

La oposición duda del acuerdo de venta del grupo de Villar Mir con el fondo TPG

SantiagoActualizado:

La venta de Ferroatlántica al fondo TPG por 170 millones levanta sospechas entre la oposición. Los portavoces de En Marea y BNG mostraron esta mañana en la sesión de control al presidente de la Xunta su preocupación a que la operación sea una jugada del grupo Villar Mir para lograr algo que le fue prohibido hace dos años por la Xunta. Temen que en realidad se trate de una segregación encubierta y que el negocio de los saltos hidroeléctricos se separe de la actividad de la factoría de ferroaleaciones de Cee y Dumbría, menos lucrativa. En su respuesta, Alberto Núñez Feijóo insistió en que el Gobierno gallego no va a permitirlo «en ningún caso».

«Este Gobierno tiene muy claro lo que tiene que hacer. Va a exigir la unidad de la concesión y no va a permitir, en ningún caso, la segregación de las centrales hidroeléctricas por un lado y la fábrica por otro», manifestó el presidente de la Xunta. TPG anunció la semana pasada que había llegado a un acuerdo con Ferroatlántica para comprar diez centrales hidroeléctricas y la factoría de Cee-Dumbría (la fábrica de Sabón queda fuera). Pero las dudas surgen por uno de los puntos del acuerdo. Ferroglobe (la propietaria de Ferroatlántica, participada por Villar Mir) se compromete a facilitar al fondo todo el mineral necesario para la fabricación en el complejo de Cee-Dumbría. También les comprará toda la producción. Para que la venta se haga efectiva es necesario que tanto Competencia como la Xunta den aún el visto bueno a la operación.

El portavoz de En Marea, Luís Villares exigió a Feijóo que lance un mensaje claro. «No nos vale el mantenimiento formal de una fábrica, con un horno que eche un poco de humo, pero sin trabajadores», aseguró. Tras recordar la vinculación de Villar Mir con la financiación del PP, la nacionalista Ana Pontón le preguntó al presidente de la Xunta si va a permitir «el pelotazo» y el fraude que, en su opinión, pretende dar el empresario. Feijóo les aseguró que su Ejecutivo trabajará por «la continuidad» de la actividad y reclamará «un plan industrial» para «activar» el complejo Cee-Dumbría.

Aunque los socialistas gallegos no abordaron el tema de Ferroatlántica durante la sesión de control, sí formularon una pregunta al conselleiro de Economía, Francisco Conde, durante el pleno. La diputada Loli Toja acusó a la Xunta de «falta de transparencia» por «guardar silencio» desde la semana pasada cuando saltó la noticia de la venta. En la misma línea que Feijóo, Conde insistió en que la Xunta volverá a garantizar el cumplimiento de la ley dado que la concesión pública para explotar los saltos hidroeléctricos obliga a sus propietarios a mantener activas las factorías. Conde dejó entrever, sin embargo, que la operación de venta al fondo estadounidense «es diferente» a la de hace dos años. Ahora, dijo el conselleiro, «no» se plantea «ningún tipo de segregación».

Alcoa

Además de la situación de Ferroatlántica, tanto En Marea como el BNG acusaron también a la Xunta de inacción en el tema de Alcoa. Pontón insistió en que el Gobierno gallego debe de comprar la fábrica coruñesa, si el próximo 30 de junio no aparece una solución que garantice su futuro. La multinacional estadounidense del aluminio estudia actualmente la oferta realizada por el fondo suizo Parter para adquirir la factoría gallega junto con la de Avilés. Villares también recordó las competencias de la Xunta en materia de industria, y reclamó que se «implique» para salvar los empleos. En su respuesta, Feijóo responsabilizó de la incertidumbre que viven los empleados de Alcoa al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de «estar jugando» con los trabajadores. El presidente recordó que el Ejecutivo central «mintió» al decir «antes de las elecciones» que la planta de Alcoa podría participar en la subasta de la tarifa de interrumpibilidad eléctrica. «Y ahora dicen que no puede ir», denunció. La Cámara gallega aprobó después por unanimidad una propoposición que insta al Gobierno a rectificar y permita a la planta optar a estas ayudas.