Vulcano, muerte de un astillero centenario

El futuro de los aproximadamente 70 empleados de plantilla que quedan en una fábrica en la que pueden trabajar hasta 1.000 personas, sumando a los de la industria auxiliar, está en manos nuevamente de un administrador concursal. Porque los problemas de Vulcano vienen de lejos. Esta es la tercera vez en 20 años que se asoma al precipicio del cierre . Pero la primera en la que los propietarios arrojan la toalla. Para que la construcción naval siga en el barrio obrero de Teis tendrá que aparecer un comprador que se haga cargo de unas instalaciones que llevan sin modernizarse desde hace bastante tiempo.

«Vulcano en su momento fue el mayor astillero por facturación en España », recuerda André Fernández, delegado sindical de la CIG en el astillero. Su cierre, afirma, «supone un golpe muy grande» para Vigo. Los sindicatos aseguran que van a luchar para que en sus gradas puedan seguir construyéndose barcos. «Nosotros vamos a tratar de que la Xunta se mueva y den una salida al astillero», asevera Fernández. La Consellería de Economía e Industria asegura que comparte la misma visión. «Trabajaremos siguiendo la hoja de ruta que marque el administrador concursal en defensa de los trabajadores y del mantenimiento de la actividad industrial y la producción naval en Vulcano», afirman fuentes del departamento que dirige Francisco Conde.

Por el momento, nadie ha llamado interesándose por adquirir el astillero . La mayor parte de las instalaciones de Vulcano se asientan en terrenos propiedad del Puerto de Vigo y su concesión caduca en siete años. En esa fecha el suelo tendría que salir a subasta pública, aunque siempre se podría encontrar una solución de excepcionalidad para que el nuevo inversor lograse una prórroga. Aunque nadie quiere el astillero, los terrenos sí que empiezan a despertar interés entre empresas de logística que buscan expandir su espacio para contenedores en el puerto de Vigo. La propia autoridad portuaria ha empezado a valorar el suelo anexo que sí es propiedad privada de Vulcano con intención de adquirirlo en el futuro, confirma su presidente, Enrique López Veiga. La deuda de Vulcano con sus acreedores podría rondar los 30-40 millones de euros, según distintas fuentes consultadas, y es otro de los problemas a superar para que aparezca un inversor interesado en retomar la construcción naval. En 2010, el astillero empezó su segundo concurso de acreedores del que salió dos años después tras lograr una quita del 80% de sus pagos pendientes a sus acreedores. Uno de los principales era Pymar —una sociedad anónima constituida por pequeños y medianos astilleros— al que, tras el descuento, le debía 12 millones de euros. Tras múltiples reestructuraciones a Vulcano se le daba hasta 2031 para abonar la factura pendiente a plazos. Tras quedarse sin carga de trabajo en las gradas después de la entrega del último ferri «es imposible seguir cumpliendo con los pagos», indica el sindicalista de la CIG, André Fernández.

Para los trabajadores, los problemas actuales vienen arrastrándose desde la operación de compra en 2006 de Factorías Juliana , heredera del astillero público Izar Construcciones Navales de Gijón. La justicia llegó a condenar a los administradores de Vulcano, José Domínguez, José Luis Méndez y Fernando Santodomingo, a pagar 25 millones de euros responsabilizándolos de quebrar la factoría asturiana. En su sentencia, ya ratificada por el Supremo, el juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo acusaba a los propietarios de Vulcano de «vampirismo» contra la Juliana, por llevarse los trabajos a Vigo sin liquidar los gastos ocasionados en Gijón.

«Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que la gestión de la empresa estaba siendo muy errática, se estaba descapitalizando al astillero a nivel humano», explica André Fernández sobre las causas de la situación actual de Vulcano. Para el sindicalista, el año 2009 marcó un punto de inflexión. Hasta entonces Fernando Santodomingo había llevado las riendas de la empresa. «Era una persona que tenía los contactos, la experiencia en el sector», indica Fernández. Pero tras sufrir un accidente de tráfico sus hermanos lo apartaron de la dirección . «Era gente que no tenía experiencia y no supieron gestionarlo bien. La caída de Vulcano fue una cosa muy progresiva que se mezcló también con los problemas de las ayudas del tax lease», explica el delegado sindical de la CIG. Era difícil entonces conseguir contratos para nuevos barcos, reconoce el representante de los trabajadores, pero reprocha que los nuevos directivos no lograron por sí mismos firmar un solo encargo.

El último encargo, el «Villa de Teror», surgió gracias a la intermediación de la Xunta de Galicia. Y acabarlo supuso todo una odisea . Tras paralizarse su construcción en varias ocasiones por falta de fondos, Vulcano alcanzó un acuerdo con la industria auxiliar para que le perdonase el 25% de los pagos pendientes y se comprometió a abonar el resto una vez entregado el barco a la naviera Armas. Los trabajadores, a los que se les llegó a deber hasta seis meses de salario, también aceptaron cobrar los atrasos una vez que el ferri estuviese finalizado. El astillero centenario logró pagar esta última parte de su deuda, pero ante la falta de carga de trabajo decidió pedir su liquidación.