Los tres rostros gallegos del mal

El primero en inaugurar la negra lista fue un agente inmobiliario de Moraña, amante de los perros y padre de dos niñas de 4 y 9 años a las que mató con una sierra radial . La brutalidad de su crimen hizo que al fiscal que solicitó por primera la imposición de este debatido castigo en un tribunal español se le saltasen las lágrimas tras su alegato . Frente a él, impasible, un Oubel que ante la gravedad del delito cometido y de los testimonios aportados por las acusaciones —un forense explicó que una de las niñas intentó escapar y sufrió múltiple acometidas y el dueño de la ferretería recordó cómo el procesado bromeó sobre si la sierra cortaría un dedo— solo señaló que «a veces en situaciones límites se toman decisiones límites de las que a día de hoy me arrepiento». Era julio de 2017 y la decisión de la Audiencia de Pontevedra no fue recurrida.

Los remordimientos no hicieron acto de presencia en el juicio que, en septiembre de 2018, desveló los detalles de la muerte del pequeño al que Marcos Mirás mató a palazos en un monte de Oza. El jurado popular tuvo claro que el hombre se valió de la «plena confianza» que su hijo de once años tenía puesta en él para llevarlo a un paraje remoto en el que le asestó un golpe mortal en la cabeza y dejó su cuerpo abandonado a la intemperie . Eligió el Día de la Madre para hacerlo. Durante su testifical, Mirás llegó a decir que había visto el mal en sus ojos, aunque en realidad los expertos consultados afirmaron que «el trastorno adaptativo que sufre Mirás no alteró las funciones cognitivo-volitivas para estos hechos». Es decir, que sabía lo que hacía y tenía un plan predeterminado cuya finalidad era dañar a su exmujer.

Los paralelismos con el caso de Moraña resultaron innegables y allanaron el camino para que tanto la Fiscalía como la acusación particular representada en la asociación Clara Campoamor pidiesen la pena máxima. Un jurado formado por ocho hombres y tres mujeres lo tuvo claro y declaró a Mirás culpable por unanimidad de la muerte del menor . Este veredicto y la posterior sentencia sí fueron recurridas, pero el Tribunal Supremo la ratificó por primera vez en la historia del país.

Con estas penas ya impuestas y el apoyo mayoritario de la ciudadanía —una encuesta publicada por ABC en 2018 reveló que ocho de cada diez españoles quieren mantener esta condena— la prisión permanente ganó terreno en los juzgados españoles hasta sumar once condenas en cuestión de cuatro años . La mitad de ellos, por infanticidios. La otra, por crímenes contra mujeres.

Abanderado de esta causa, el padre de Diana Quer , asesinada en agosto de 2016, se recorrió toda España recogiendo firmas en contra de la derogación de esta pena, actualmente a espera de la decisión del Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el PSOE. Su campaña ha logrado el apoyo de casi tres millones de personas. Y con todas esas firmas sobre la mesa se desarrolló el noviembre de este año el juicio por la muerte de la joven de Pozuelo. De nuevo, tanto la fiscal del caso como la familia unieron fuerzas para reclamar la pena máxima, que dependía de que se probase una agresión sexual a priori difícil de probar, pero que fue confirmada por un jurado en base a un encadenado de indicios irrebatible.

Este veredicto de culpabilidad, que aquilató la sentencia judicial posterior, fundamentó la duodécima condena a PPR de España . Según dicta la ley, el horizonte vital para los que cargan con esta pena es de al menos veinticinco años entre rejas hasta que llega la primera revisión. Será un tribunal colegiado el que deberá valorar las nuevas circunstancias del penado y del delito cometido, para decidir sobre una posible puesta en libertad. Se trata, explican los juristas, de garantizar un horizonte de libertad para el condenado. La clave que divide la prisión permanente de una cadena perpetua. Cumplida esa primera parte mínima de la pena y si el tribunal decide que no concurren los requisitos necesarios para que el condenado recupere parte de la libertad perdida, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, blindando de nuevo sus garantías.

La otra opción es que el tribunal determine que el preso cumple todos los requisitos necesarios para volver a la vida en sociedad, caso en el que se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control para asegurar la seguridad de la sociedad, así como «para asistir al penado en esta fase final de su reinserción social». Con apenas cuatro años de recorrido, cualquiera de los dos supuestos quedan lejos para quienes a estas alturas pueblan la nómina del mal. Actores de crímenes cuyo dolor sí es perpetuo.