Galicia
Una trama vinculada al PSOE de Vigo busca indultar a un condenado por corrupción
Entidades perceptoras de subvenciones del consistorio firmaron adhesiones en blanco entre presiones
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Iniciar sesiónEn Vigo nadie quiere hablar , porque «todos subsistimos gracias a alguna ayuda que nos dan» desde el ayuntamiento que preside el socialista Abel Caballero, cuya mano derecha, Carmela Silva, preside la Diputación de Pontevedra y el PSOE gallego. Su cuñada fue enchufada ... en una concesionaria municipal durante cinco años , cobrando más de 100.000 euros mediante una red de facturas falsas. Se desconoce a qué se dedicó en su puesto de trabajo. No tuvo que devolver este dinero porque, cuando se juzgó, su delito había prescrito. El condenado fue un alto funcionario municipal , jefe de servicio de Participación Ciudadana, al que estaba adscrita la concesionaria. Cinco años y tres meses de prisión, en sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado diciembre, por malversar y prevaricar. Francisco Javier Gutiérrez Orúe , que no reveló nunca quién le dio la orden de enchufar a la cuñada más famosa de Vigo, pide ahora el indulto.
Treinta y siete asociaciones y entidades de la ciudad se han adherido a la petición de indulto parcial , que busca que Orúe no entre en prisión. Su defensa ha pedido suspender la pena hasta que se resuelva la solicitud de la medida de gracia. Las firmantes son asociaciones de índole cultural, vecinal, comunidades de montes e incluso una que gestiona el agua en una parroquia del rural. De las 37, 25 son perceptoras habituales de subvenciones del Ayuntamiento de Vigo. Solo en 2021 recibieron más de 500.000 euros en ayudas , muchas de ellas imprescindibles para mantener su actividad, pagar alquileres de sus sedes o poder contratar a personal. Podría parecer casualidad, pero los 37 textos de respaldo al indulto comparten el 90% de la redacción, sin alterar una mayúscula, una coma o una abreviatura. Solo una se molestó en traducirlo al gallego. El cuerpo del escrito es una plantilla con escasas variantes , hasta el punto de existir incorrecciones de género al referirse a «los abajo firmantes» en el caso de una asociación de mujeres, o de número, conjugando en plural hojas firmadas por una sola persona. No se trata de una casualidad.
Uno de los directivos firmantes, que en conversación con ABC pide que no se le identificara ni a él ni a su entidad , desvela que un emisario relacionado con el PSOE de Vigo le pidió «un folio en blanco con el anagrama de mi asociación, el sello, firmarla y ellos me ponían un escrito a su gusto». «Y si no lo poníamos, íbamos a tener problemas para una subvención, había que hacerlo sí o sí». Tres días estuvieron detrás de este directivo para que les entregara lo solicitado, y finalmente accedió. Con posterioridad le remitieron una copia del documento que llevaba su firma, para que conociera su contenido.
No fue un caso aislado. El responsable de otra entidad, que igualmente solicitó no aparecer identificado, confirmó que se le trasladó la misma exigencia, pero que él no accedió. «Me dijeron que había que echar una mano», explica, «yo les dije que no les iba a firmar un papel en blanco para que ellos pusieran lo que quisieran». Su interlocutor, «vinculado al PSOE de Vigo», le adelantó que «ya se pondrían en contacto con él». Días más tarde recibió una llamada de teléfono que evitó contestar. «Dios quiera que no tengamos represalias», apostilla . Otro de los firmantes, presidente de una comunidad de montes, Luis Rodríguez, reconoció a este periódico que «me pidieron que firmara eso y lo firmé», si bien matiza que fue «plenamente consciente de lo que firmaba» . Rodríguez evita identificar a la persona que le pidió la adhesión al indulto.
Fuentes consultadas por ABC señalan que se trataría del secretario de su entidad, Manuel Costas, marido de una exconcejala socialista y colaborador del concejal Ángel Rivas, responsable de distritos. Los directivos consultados señalan al edil como el interlocutor de las asociaciones para recabar los apoyos a la medida de gracia.Entre las entidades hay algunas que, además, están presididas por destacados militantes socialistas. La Asociación de Montes de Vigo está encabezada por el exconcejal Uxío González, que también detenta este cargo en la Comunidad de Montes en Man Común de San Xurxo. Ambas entidades han respaldado el indulto mediante escritos indistinguibles . Otros facturan con el ayuntamiento, como el empresario Roberto Giráldez, presidente de la Federación Vigo Comercio -que convenió 100.000 euros con el gobierno local- y a través de sus sociedades recibió casi 44.000 euros en contratos menores, según la web de transparencia del consistorio vigués.
Estos apoyos, sin embargo, no deberían haber visto la luz. «Cuando me pidieron el papel pregunté si esto se iba a saber y me dijeron que no, que esto iba directamente a Madrid». Varias asociaciones consultadas por ABC han declinado pronunciarse por su respaldo a la medida de gracia. Una de las interlocutoras se limitó a decir que «si se ha apoyado es porque se cree que esa persona no tuvo nada que ver con esa contratación». La teoría del chivo expiatorio coge fuerza. «En el Ayuntamiento de Vigo nadie mete gente por su individualidad o su decisión propia» , añade Luis Rodríguez. Sin embargo, Orúe nunca quebró la ‘ley del silencio’. No reveló qué cargo político le indicó que enchufara a la cuñada de Carmela Silva, un cortafuegos que permitió a esta no ser nunca investigada ni citada como testigo durante la investigación judicial. Es el argumento que esgrime para desentenderse del caso, como si no fuera con ella que, para el TS, el único motivo de contratar de manera fraudulenta a su cuñada era, precisamente, su vínculo familiar. Orúe, mientras tanto, aguarda noticias . En su petición de indulto alegó haber reparado el daño al restituir la cantidad malversada y puso en valor su trayectoria en defensa de los derechos de los trabajadores, citando incluso su militancia en la UGT y el PSOE. Ninguna de las dos organizaciones se ha adherido a la petición. Por el momento.
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