Suspenden el juicio contra los 21 acusados por el alijo del ‘Titán III’

El nuevo calendario propuesto obligó a la Fiscalía a solicitar la excarcelación de dos de los acusados por el macroalijo que todavía permanecen en prisión preventiva por esta causa, dado que la suspensión se ha producido por motivos ajenos al ámbito procesal. Por estos motivos, ajenos a los procesados, el representante del ministerio público solicitó que sean excarcelados, que se les retire el pasaporte y se les prohíba abandonar el país , y que tengan que comparecer ante un juzgado semanalmente. También queda pendiente fijar la fecha de juicio contra otros dos de los encausados, cuya letrada también está de baja y la Fiscalía aceptó que se juzguen por separado.

En el centro del debate estará, una vez se celebre el esperado juicio, la presunta organización de un alijo que iba a entrar en Galicia por vía marítima y que supondría introducir en el mercado ilícito unos 60 millones de euros en cocaína . Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los procesados «estructuraron sus relaciones», con «un esquema de actuación piramidal» para «participar lucrativamente» en la importación de este cargamento. En los primeros compases de la investigación, las pesquisas incluso llegaron a señalar a Manuel Charlín y a uno de sus hijos , que se creía que habían participado en los preparativos y coordinación del transporte de droga desde Sudamérica. Sin embargo, una vez cerrada la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas, entre quienes estaban los Charlines señalados.

La investigación policial se dilató a lo largo de más de siete meses y derivó en importantes peticiones de cárcel. En concreto, nueve años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas; para otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros y para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 años y medio de prisión, y multas de entre 200 y 340 millones de euros.