Factoría de pasta de papel de Ence situada en el dominio púlico marítimo terrestre
Factoría de pasta de papel de Ence situada en el dominio púlico marítimo terrestre - SALVADOR SAS/EFE
LITORAL PÚBLICO

La CEG suscribe que el cambio de Costas va a afectar a 100 empresas

La patronal denuncia que si cierra Ence habrá «una destrucción de empleo sin precedentes»

SantiagoActualizado:

La Xunta de Galicia fue la primera en dar la voz de alarma y ahora se suma la patronal. Los cambios en el reglamento que desarrolla la Ley de Costas que está acometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez supondrán «el cierre de Ence y la afectación de un total de 100 empresas y de casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina», informó ayer la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en un comunicado. El Ministerio de Transición Ecológica reduce, sin embargo, esta lista a cuatro empresas además de la pastera pontevedresa.

A principios de este año la Abogacía del Estado realizó un informe sobre las prórrogas otorgadas a las concesiones para ocupar el dominio público marítimo terrestre. Los letrados dejaron claro que como máximo podrían tener una duración de 75 años contados desde el inicio de la concesión y no desde la renovación. Pero el Ejecutivo popular había ampliado numerosas concesiones sumando el nuevo periodo desde el momento de la prórroga. Para la patronal gallega, el cambio de criterio «pone en serio riesgo el futuro del sector del mar de Galicia, como conserveras y depuradoras entre otras instalaciones, así como al resto de concesiones, desde hoteles y restaurantes hasta edificios públicos (colegios y centros de salud, entre otros)».

Desde el Ministerio, sin embargo, han precisado que cuando caduque la concesión los beneficiarios podrán volver a pedirla y rebajan el impacto sólo a un total de cinco empresas, que entienden no tienen por qué desarrollar su actividad en primera línea de costa ocupando los terrenos públicos. Es el caso de la fábrica de celulosa Ence en Pontevedra. Para la CEG si los tribunales aceptan las nuevas tesis de la abogacía del Estado y se anula la prórroga concedida en 2016 «se provocará una destrucción de empleo sin precedente en toda Galicia». La patronal explica que el cierre de la factoría afectaría a los 400 trabajadores que acuden cada día a la planta, además de «los 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, así como 2.100 empleos más del sector forestal gallego».

Además, alerta en la caída de precios de la madera, al rebajarse la demanda y considera que «200.000 familias productoras forestales» se verán perjudicadas, «aumentando el abandono del medio rural con el consabido riesgo de incremento de incendios». Por último la patronal también recuerda que el contribuyente español tendrá que abonar los 122 millones de euros que Ence ha invertido en la factoría, dado que la pastera se los reclamará al Estado.