El Supremo resuelve que la rama catalana de la «Pokemon» la investigue un juzgado de Gerona

El «caso Manga» se convirtió en uno de los paradigmas de las macroinstrucciones en punto muerto iniciadas por De Lara. Ella inició en 2011 la investigación de la causa dentro de la trama «Pokemon», pero no fue hasta 2014 cuando acabó derivándola hacia el juzgado de Santa Coloma de Farners, por entender que era el competente territorialmente. Pero este juzgado gerundés rechazó la pieza, y el conflicto acabó derivando en una «cuestión de competencia negativa» que ahora acaba de resolver la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Con fecha de 26 de septiembre, el auto del que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral ha dictaminado que «la cuestión de competencia negativa debe ser resuelta atribuyéndola al juzgado de Santa Coloma» . Lo basa en que en la actualidad la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que «como regla general cada delito dará lugar a la formación de una causa» y que «resulta aconsejable que cada juzgado conozca de los hechos acontecidos en su territorio».

Una de las ramificaciones del caso «Pokemon» destapó toda una trama de enchufes políticos, adjudicaciones irregulares, financiación ilegal de material electoral de CiU y otras actuaciones al margen de la ley , cuyo epicentro se situaba en el Consejo Comarcal de la Selva y tenía en Robert Fauria, exalcalde de Sant Hilari Sacalm, a uno de sus protagonistas.

La investigación de este caso, que se denominó «Manga», corrió a cargo del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria durante 2012 y 2103 y concluyó con cuatro detenidos y tres imputados en Girona, todos ellos empresarios, políticos y funcionarios de la Selva . Se les acusó de adjudicar concursos públicos a dedo, filtrar oposiciones para plazas municipales, colocar a familiares y conocidos, pagar favores con elevadas sumas de dinero y falsear facturas.

El eslabón que unía la trama de corrupción gallega con la de Girona era el empresario Álex Ros Valls , detenido y encarcelado en febrero de 2012. Era administrador de GRS Arc Local, empresa de Lloret de Mar dedicada a prestar servicios a administraciones públicas de consultoría, recaudación de tributos, actualizaciones de catastro o gestión de comedores escolares. Ros tejió una red de contactos políticos para acceder a las administraciones, donde según los investigadores se servía de algún funcionario para hacerse con concursos públicos.

Las intervenciones telefónicas mostraron que su principal contacto era Robert Fauria, también expresidente del Consejo Comarcal de la Selva e investigado por soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsificación documental, que consiguió eludir la cárcel pagando una fianza de 30.000 euros. También fueron detenidos Joan Carles Feliu, funcionario del Consejo, que quedó en libertad tras pagar 5.000 euros, y el apoderado de la empresa GRS, Josep Maria Franch, en libertad sin fianza.