Un sospechoso cercado por las contradicciones

La defensa del investigado solicitó al juzgado más margen de tiempo para prepararse ante las preguntas que Fiscalía y acusación le puedan formular, pero aún así nada asegura que finalmente se produzca esa declaración, porque la ley le ofrece la opción de callar. A ojos de la opinión pública, no dar explicaciones podría conllevar una sospecha más que, sin embargo, no tendría efectos en el ámbito judicial. Por lo de pronto, y a espera de lo que pueda ocurrir, la familia Fernández se preparara para indagar hasta llegar a la verdad de lo sucedido. ¿Cuándo habló por última vez con Déborah?, ¿quedó con ella aquel día, se vieron? o ¿mintió cuando dijo que llegaba tarde a un partido porque se había olvidado el reloj? Son solo algunos de los interrogantes que llevan años resonando y que en cuestión de semanas se le podrían plantear al principal interpelado, el único que aún guarda todas las respuestas.

En el centro de la polémica está un partido de fútbol que el investigado utiliza como coartada, pero que en opinión de la acusación se ha convertido en foco de las contradicciones del caso. No se trata de una cuestión menor porque el encuentro habría tenido lugar la misma tarde que Déborah desaparece y las horas y los testimonios —denuncian— no concuerdan. Sin duda, este es uno de los puntales que sostienen la investigación que la Audiencia Provincial de Pontevedra apoyó. Las sospechas conectan de forma directa con las vertidas por el equipo investigador que en 2010 redactó el ‘Informe Arcano’, en opinión de la familia, las pesquisas que más cerca estuvieron de aclarar lo sucedido, pese a que nada más ponerlo sobre la mesa el juzgado decidiese el archivo del caso, casi sin ojearlo.

La realidad es que una década después poco o nada se ha avanzado en uno de los casos que más suspicacias generan de la crónica negra gallega, por el encadenado de errores policiales y judiciales que acumulan en sus más de veinte años de instrucción. Los logros obtenidos en los últimos años han sido fruto del esfuerzo de una familia que no tiró la toalla y peleó, entre otras cuestiones, porque el cuerpo de la fallecida fuese exhumado. Un informe forense de parte advertía de la necesidad de hacerlo teniendo en cuenta las señales localizadas en el cadáver que en su día se pasaron por alto, lo que permitió insistir durante años en la teoría de la muerte natural, y que en el momento de la autopsia ni siquiera se recogieron muestras de debajo de las uñas. Para Aitor Curiel, un criminólogo y forense contratado por la familia que examinó los informes forenses a fondo, la asfixia por sofocación fue la causa más plausible de la muerte: Déborah fue asesinada y el culpable anda suelto.

Con este convencimiento presente, la familia ha ido dando pasos hasta lograr, con el apoyo de la Audiencia provincial de Pontevedra, que la expareja de la fallecida sea investigada por el crimen. Porque, indican, no solo las contradicciones en su discurso y en el de su círculo más próximo avalan las sospechas, sino también las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Se sabe, por ejemplo, que Déborah acudió el día de su muerte a depilarse porque «tenía una cita» y que su plan era alquilar la película ‘Amelie’ en un videoclub. Su relación con el investigado era conocida por sus familiares y amigos —ya pasaron las Navidades de 2001 juntos— sin embargo él negó que se tratase de algo afianzado pese a que cuando se produjo la desaparición pidió a los padres de Déborah pasar la noche en su cuarto, algo a lo que se negaron.

El ahora señalado tampoco pudo explicar el mal olor proveniente de su vehículo pocos días después de la desaparición de la veinteañera, que el trabajador de un parking denunció y que un agente personado delante del vehículo no llegó a investigar, dando veracidad a las palabras del propietario, que dijo que se le había podrido una caja de marisco en el maletero. A estas lagunas se suman otras negligencias en la actuación policial, que empezó por dar credibilidad a una escena del crimen perfectamente planificada en la que alguien introdujo semen en el cuerpo de la joven para justificar un móvil sexual, pese a que no existió agresión. Tampoco se revisaron las cámaras próximas al lugar donde desapareció Déborah ni se le tomó declaración a testigos clave como la última persona que se cruzó con Déborah, su prima, hasta varios años después. Desde los primeros impases de las pesquisas, los Fernández se quejaron de la falta de diligencia con la que se estaba llevando a cabo el caso, en los momentos más cruciales para descubrir lo que había sucedido con Déborah.

Algunos de esos errores son irreparables, pero otros están intentando corregirse para encontrar pistas sobre el crimen y su móvil. Es lo que ocurre con el disco duro del ordenador de la joven, que cuando la Guardia Civil intentó arrancar después de varios años arrumbado en una habitación, empezó a echar humo. Sin pensarlo, la familia lo puso en manos de unos expertos que llegaron a una conclusión inquietante: la información había sido borrada de manera profesional. El mapa del crimen lo componen, por el momento , una decena de piezas inconexas que esperan un hilo conductor que las conecten y aflore toda la verdad sobre la muerte de Déborah. La cita, en dos semanas.