Una mujer realizando actividades para prevenir el Alzhéimer
Una mujer realizando actividades para prevenir el Alzhéimer - RAFAEL CARMONA
Atención a la dependencia

Sólo una de cada cinco cuidadoras de familiares está cotizando por su labor

La cifra se ha triplicado en Galicia en tres meses desde que en abril se recuperaron las cuotas a cargo de la Administración. Son casi trece mil las personas al cuidado de parientes en situación de dependencia en la Comunidad, la mayoría, mujeres

SantiagoActualizado:

En julio de 2012, en respuesta a una crisis económica y financiera que arreciaba, el Gobierno estatal aprobaba un real decreto-ley de medidas para el control del gasto público que plasmaba el mayor, aunque no el primero, tijeretazo al sistema de atención a la dependencia. La prestación económica vinculada a cuidados prestados en el hogar por familiares —la modalidad de ayuda regulada como excepcional pero que en los primeros compases de la ley de dependencia protagonizó el despliegue más rápido— se convertía en la mayor damnificada por los recortes, no sólo por la disminución de las cuantías reconocidas por usuario sino por la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo al erario público para estos cuidados no profesionales ejercidos en su mayor parte por mujeres. La ley de promoción de la autonomía personal, en vigor desde enero de 2007, había visibilizado un trabajo de cuidados tradicionalmente relegado al interior de los hogares y la crisis obligaba a un paso atrás, forzando a las cuidadoras que quisiesen mantener su carrera de cotización a abonar personalmente sus cuotas a la Seguridad Social.

Pasado el vendaval económico, y en la antesala de la larga precampaña electoral que precedió a las elecciones generales del 28A, el Gobierno de Pedro Sánchez sacaba adelante en marzo el real decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de empleo. La normativa, emanada de los bautizados como «viernes sociales» del Ejecutivo socialista, incluía junto a medidas como la ampliación del permiso de paternidad la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las personas que estaban ejerciendo como cuidadoras de sus familiares en situación de dependencia. Restablecer la financiación a cargo del Imserso y de la Tesorería General de la Seguridad Social se calificaba como «una medida de protección social de carácter extraordinario y urgente» para amparar una situación que casi siempre incumbía a «mujeres que se ven abocadas a abandonar su puesto de trabajo y, por tanto, a interrumpir su carrera de cotización».

La modificación se hizo efectiva el pasado 1 de abril y desde entonces el número de cuidadores familiares de usuarios del sistema de atención a la dependencia cotizando a la Seguridad Social se ha multiplicado por tres en la Comunidad. Aun así, son sólo el 19,3% de los casi trece mil registrados al cierre de junio los que están dados de alta y, en consecuencia, generando derechos y protecciones sociales por su desempeño en casa. Al cierre del mes de marzo, el último dato antes de la recuperación de las cotizaciones a cargo de la Administración pública, el porcentaje apenas alcanzaba el 6%.

1.719 nuevas altas

Así, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en Galicia constan a 9 de julio un total de 2.489 cotizantes a través del convenio especial para cuidadores no profesionales regulado en 2007 y ahora recuperado. Según datos ampliados por la Delegación del Gobierno, la cifra supone en números absolutos 1.719 altas adicionales sobre los 770 cuidadores que se mantenían cotizando por este concepto en la Comunidad a 30 de marzo, corriendo de su bolsillo con las aportaciones correspondientes. En el 92,8% de los casos (2.312 de los 2.489 totales) el cuidador es una mujer.

El 18% de las ayudas

En Galicia, según los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre del mes de junio, hay 12.865 personas en situación de dependencia con una prestación económica vinculada a un cuidador familiar en marcha. La prestación, regulada inicialmente en la ley de 2006 como opción excepcional y restringida a supuestos en los que resultase inviable llegar al usuario con servicios profesionales, representa en la Comunidad el 18% de la distintas modalidades de apoyos en activo, por detrás de la ayuda a domicilio, que aglutina el 33% de las ayudas en marcha. A nivel estatal, la distribución se invierte y la prestación económica por cuidados familiares supone más del 30% de las ayudas, posicionándose como la medida de atención a la dependencia más extendida.

A nivel estatal, la cifra de convenios especiales de cuidadores no profesionales en alta ha crecido tras la recuperación de las cotizaciones públicas desde los 7.304 suscritos a 30 de marzo a los 40.075 actuales, multiplicando por cinco el volumen de trabajadores protegidos. Antes de la interrupción de 2012, llegaron a ser 179.829 las personas amparadas en este modo de cotización.